Los informes recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han llamado la atención sobre el aumento de la pobreza en la región. El panorama social está cambiando de manera sustantiva y las condiciones de vida, empeorando en casi todos los países.
Esto vale también para Colombia en su conjunto y para Bogotá: la pobreza ha dejado de disminuir como lo había hecho durante la última década.
Por eso se necesitan medidas urgentes con el fin de replantear la orientación de la economía y reenfocar las políticas y estrategias del Gobierno Nacional y de la administración de la capital.
Tanto en Colombia como en Bogotá esta nueva tendencia indica que se están produciendo transformaciones significativas en la economía, y que los cambios empiezan a tener una incidencia negativa sobre las condiciones de vida de la gente.
La incidencia de la pobreza medida por ingresos (personas cuyos ingresos no alcanzan para adquirir la canasta mínima de alimentos y otros bienes y servicios) está comenzando a aumentar. Para el país en su conjunto, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a esa línea de pobreza llegó a su punto mínimo en el 2015, cuando fue de 27,8 por ciento. Entre el 2015 y el 2016, el porcentaje aumentó a 28. Aunque la diferencia parece pequeña, el hecho relevante y preocupante es que se haya detenido la tendencia positiva de los años anteriores.
En Bogotá también está aumentando la pobreza. El punto mínimo se registró en el 2014, cuando el índice llegó a 10,1 por ciento, y a partir de entonces la tendencia ha sido creciente: 10,4 en el 2015 y 11,6 por ciento el año pasado. Este proceso ascendente no se veía desde el 2003.
Los hechos anteriores muestran que los logros que se han conseguido en la lucha contra la pobreza son frágiles, y que los avances se pueden echar para atrás.
La pobreza extrema –que afecta a aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para comprar la canasta básica de alimentos– también comenzó a subir. Estas personas son las más vulnerables porque padecen de hambre y desnutrición.
Para el país como un todo, la pobreza extrema aumentó su incidencia de 7,9 por ciento en el 2015 a 8,5 en el 2016
Para el país como un todo, la pobreza extrema aumentó su incidencia de 7,9 por ciento en el 2015 a 8,5 en el 2016. Y en Bogotá pasó de 1,6 por ciento en el 2013 a 2,3 por ciento en el 2016.
El que se estén revirtiendo los logros alcanzados en materia de pobreza es sencillamente inaceptable. Y como suele suceder con varios asuntos importantes, este ha estado por fuera de la preocupación de los numerosos candidatos que pretenden llegar a la presidencia. Sería muy interesante que propusieran soluciones para un problema que literalmente afecta de manera grave a tantos conciudadanos.
Más allá de la indignación que debería causar el aumento de la pobreza es conveniente examinar las posibles causas de este fenómeno. Propongo cuatro explicaciones: la política macroeconómica, la devaluación del peso, la aguda concentración del ingreso y de la riqueza, y la falta de coordinación entre las políticas nacionales y las distritales.
El mayor error de la política económica de los últimos años fue desperdiciar la bonanza energético-minera y haber sumido al país en la ‘enfermedad holandesa’ (pérdida de competitividad de la agricultura y la industria nacionales como resultado del abaratamiento de las importaciones que resulta del ingreso masivo de divisas).
Durante los últimos diez años se destruyó el aparato productivo industrial y agropecuario. Se descuidó el mercado interno y el país se convirtió en un gigantesco Sanandresito. Gracias a la revaluación del peso, durante diez años los colombianos nos sentimos ricos y las importaciones aumentaron de manera significativa. Las advertencias sobre los peligros de la ‘enfermedad holandesa’ fueron ignoradas y el Gobierno siempre negó que esta pudiera presentarse.
Los excedentes se utilizaron muy mal y el manejo de las regalías fue pésimo, como lo ha señalado la Contraloría General en varios informes recientes. Las regalías no se destinaron a proyectos productivos ni a elevar la demanda interna de manera sostenible.
La ‘enfermedad holandesa’ y el desperdicio de las regalías se tradujeron en un alivio temporal de la pobreza y en un agravamiento de su incidencia estructural o de más largo plazo.
La euforia de la bonanza llevó a que la importación de alimentos básicos haya pasado en diez años de un millón a 12 millones de toneladas anuales. Este proceso fue destruyendo la producción agropecuaria interna.
Y, recientemente, cuando se acabó la bonanza, vino el golpe causado por la devaluación del peso, que encareció los alimentos importados.
La devaluación del peso significó por supuesto un alza considerable en el precio de los bienes o insumos importados para la canasta básica. De esta manera, la línea de pobreza para el país en su conjunto pasó de 223.638 pesos mensuales por persona en el 2015, a 241.673 en el 2016. Esta variación, del 8,1 por ciento, superó a la inflación.
Los cambios fueron más significativos en el valor de la línea de pobreza extrema, que aumentó de 102.109 pesos mensuales en el 2015 a 114.692 pesos en el 2016. La variación fue del 12,3 por ciento, o sea más del doble de la inflación (5,75 por ciento).
En otras palabras, la devaluación tuvo un impacto significativo en el aumento de los precios de los alimentos. Y el golpe fue especialmente duro para las personas más pobres.
La Cepal ha reiterado que la lucha contra la pobreza es efectiva y duradera si y solo si se reduce la concentración del ingreso y de la riqueza.
La desigualdad suele medirse por el índice de Gini, cuyo valor puede fluctuar entre 0,0 (toda le gente recibe el mismo ingreso) y 1,0 (una sola persona acapara el ingreso). Pues bien, en el caso de Colombia, el Gini de los ingresos laborales mantiene una tendencia ligeramente descendente, mientras que en Bogotá aumentó de 0,498 a 0,499 entre el 2015 y el 2016. También había crecido entre el 2012 y el 2013, de 0,497 a 0,504.
Bogotá no ha logrado frenar el aumento de la desigualdad porque no ha avanzado hacia un sistema fiscal progresivo: el Concejo se niega a cobrar valorizaciones, derechos de edificabilidad o mayores contribuciones por plusvalías, como lo hacen todas las grandes ciudades del mundo. Estos recursos fiscales podrían mejorar la equidad.
En el caso del metro, el Concejo toma la posición más cómoda y opta por financiarlo con vigencias futuras. Esta alternativa no favorece la consecución de recursos con criterios de equidad.
El combate a la pobreza es una tarea conjunta que debería comprometer a los gobiernos nacional y distrital. Es evidente la falta de articulación. Las instituciones del nivel nacional no están trabajando de manera armónica con las de Bogotá, y la falta de eficiencia en el manejo de los recursos no favorece a las personas vulnerables.
Desde tiempos del alcalde Lucho Garzón nadie discute que una ciudad como Bogotá puede garantizar que nadie se acueste sin hambre, sin que ello afecte de manera significativa el presupuesto distrital. Es inaceptable que hoy se estén acostando con hambre 184.000 personas.
Cuando se observan los resultados del censo agropecuario del 2014 (CNA 2014), el panorama nacional es dramático: el 70,8 por ciento de los trabajadores del campo están vinculados a unidades productoras agropecuarias (UPA) menores de 5 hectáreas, que ocupan apenas el 3,1 por ciento del área censada. En las UPA de más de 1.000 hectáreas se ubica el 0,2 por ciento de los productores, con el 59,5 por ciento del área total. Obviamente, esta concentración tan absoluta no favorece la lucha contra la pobreza.
JORGE IVÁN GONZÁLEZ*
Razón pública**
En Twitter: @RazonPublica
* Ph. D. en economía de la Universidad de Lovaina (Bélgica) y magíster en economía de la U. de los Andes. Formó parte de la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad, y dirigió el ‘Informe de desarrollo humano Bogotá’, del Pnud. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional.
** Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
