Puntos de la ley de financiamiento que han generado apoyo y rechazo

Puntos de la ley de financiamiento que han generado apoyo y rechazo

Ambiente en el Legislativo aún no está despejado y todavía hay opiniones encontradas sobre el tema.

Uso del efectivo

En las modificaciones del IVA es donde está la mayor fuente de los recursos esperados por el Gobierno: 11,3 billones de pesos.

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Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Economía y Negocios
03 de noviembre 2018 , 10:00 p.m.

Con la necesidad de recaudar 14 billones de pesos que requiere el presupuesto general del 2019 con el fin de financiar programas ya establecidos para el próximo año en salud, educación, vivienda, agro y ciencia y tecnología, entre otros, el pasado 31 de octubre entró al Congreso de la República el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno, que de inmediato generó una fuerte controversia en el país.

Si bien parece haber consenso entre los gremios económicos y entre los técnicos en cuanto a que obtener los recursos “es imprescindible”, el ambiente en el Legislativo aún no está despejado. Inclusive, el propio partido del presidente Iván Duque expresó que respaldaría unas propuestas, pero otras no.

De estas, la más polémica es la de gravar casi toda la canasta familiar (80 por ciento), pero con una reducción de la tarifa general, del 19 % actual, a 18 por ciento por dos años (2019 y 2020), para luego estacionarse en el 17 por ciento a partir del 2021. Esta medida estaría acompañada de una compensación monetaria a la franja de colombianos más vulnerable –el 30 por ciento de la población que gana menos de un salario mínimo–, lo cual se haría de manera bimestral, con un monto que a hoy sería cercano a los 100.000 pesos.

Cabe destacar que en las modificaciones del IVA es donde está la mayor fuente de los recursos esperados por el Gobierno:

Preocupación por clase media

Entre tanto, en el impuesto sobre la renta se tocan los dos capítulos que tiene este tributo: el de las personas naturales y el de las jurídicas. En este sentido, según sostiene el Gobierno en la exposición de motivos del proyecto, la intención es hacer más equitativa la carga de impuestos a los ciudadanos, procurando que paguen más los de mayores ingresos, para lo cual se crearon dos nuevos escalones que, según lo expresado en la propuesta, recaen sobre ingresos superiores a 35 millones.

Es así como, además de las tarifas de renta establecidas para las personas naturales, que eran de 0, 19, 28 y 33 por ciento sobre la base gravable, ahora se agregan 35 y 37 por ciento para los ingresos más altos. Por este ajuste se espera obtener un recaudo de 1,7 billones de pesos en el primer año.

A la par con esta progresividad, se reduce la posibilidad de hacer deducciones, pues si estas, hasta ahora, pueden llegar a ser del 40 por ciento de los ingresos netos del contribuyente, a partir de la nueva ley serían del 35 por ciento.

Además, en la retención en la fuente, que es la que le descuentan a las personas con sueldos mensuales por encima de 4,8 millones de pesos, también se introdujo un cambio: bajar la base de ingresos desde la cual se hace la retención, lo que agregaría nuevos contribuyentes de la clase media.

La intención es hacer más equitativa la carga de impuestos, procurando que paguen más los de mayores ingresos, para lo cual se crearon dos nuevos escalones

Por todo eso, para el exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega, si bien la reforma, vista de manera integral, está en línea con lo que necesita el país para generar equidad, simplicidad y combatir la evasión, “lo feo es que la clase media tenga que soportar esa primera carga con el IVA”. Desde esa perspectiva, el freno en el consumo, al igual que sucedió en 2017, cuando se incrementó la tarifa general del IVA, del 16 al 19 por ciento, es el mayor riesgo.

Para analistas de Bancolombia, en el corto plazo la ley de financiamiento generaría un efecto de desaceleración en el crecimiento del PIB (producto interno bruto), porque el impacto negativo en el consumo privado no alcanzaría a ser contrarrestado por completo con las medidas de estímulo a la productividad de las empresas, como son la reducción progresiva de su tasa en el impuesto a la renta, desde el 33 por ciento en el 2019 hasta llegar al 30 por ciento en el 2022, entre otras.

La baja en la tasa corporativa, del 33 al 30 por ciento, es inconveniente. Pesarán más los elementos que drenan el recaudo que los que lo impulsan

Dicha reducción equivale a dejar de recibir ingresos por 1,2 billones cada año, con la expectativa de que las compañías puedan ser más competitivas y produzcan más y generen empleos. “La baja en la tasa corporativa, del 33 al 30 por ciento, es inconveniente. Pesarán más los elementos que drenan el recaudo que los que lo impulsan”, advierte Anif.

En medio de las medidas diseñadas para reactivar la productividad de las empresas están los temores de los analistas por la inflación, pues, desde su perspectiva, se saldría del rango meta que tiene el Banco de la República (2 a 4 por ciento). Esto, teniendo en cuenta que, así como hay rebaja general a todo, desde el 19 al 18 por ciento, también habría incremento en el precio de aquellos productos que hoy están excluidos de IVA, con tarifa 0, o pagando el 5 por ciento. Y es que, según el proyecto de ley, poco sería lo que quedaría por fuera de la tarifa general del IVA. Las toallas higiénicas, los servicios públicos, la educación, servicios de salud, arriendos e insumos para el agro, son algunos casos.

Por el contrario, para el Gobierno, “los efectos del aumento de la base gravable del IVA sobre la demanda interna se ven contrarrestados por el repunte de la inversión privada”, sostiene en el proyecto. En general, agrega, “el impacto sobre el crecimiento económico es consecuencia del aumento de la productividad, que se traduce en más inversión y empleo”.

Muchos de los gremios económicos, entre tanto, no lo ven tan así. Mientras que el mayoritario, la Andi, invitó a que la ley de financiamiento se vea integralmente, “pensando en el país, antes de rechazarla por temas particulares”, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) se mostró en desacuerdo con el IVA del 18 por ciento a la canasta familiar, y el gremio de exportadores (Analdex) propuso mejorar el esquema de devolución de IVA a empresas.

De esta manera, la reforma está en la palestra pública, a la espera de que el Congreso programe el primer debate y el Gobierno le haga ajustes si así lo considera.

IVA a canasta familiar, tema crítico en el Congreso

El documento que emitieron la dirección y los congresistas del Centro Democrático el pasado viernes se convirtió en un golpe que dejó a la propuesta de gravar con IVA la mayoría de la canasta familiar con muy pocas posibilidades de sobrevivir en el Congreso.

Aunque prácticamente todos los partidos políticos habían rechazado la idea, la posición de los uribistas, copartidarios del presidente Iván Duque, parece ser la estocada final para esta propuesta.

Desde que el proyecto de ley de financiamiento –o reforma tributaria– se radicó y se conoció esta propuesta, congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y ‘la U’, los más amplios del Legislativo, la rechazaron.

El pasado viernes, el partido del presidente Duque también le retiró su respaldo a la idea, con lo que la dejó con casi ninguna posibilidad de vida. El retiro del apoyo del Centro Democrático a esta parte del proyecto fue la demostración, además, de que la coalición de partidos políticos que se había intentado construir no parece estar funcionando.

A pesar de que el Centro Democrático, los conservadores y ‘la U’ anunciaron su decisión de ser partidos de gobierno, al parecer estarían pesando más las críticas de la opinión pública a varios aspectos de la ley de financiamiento que en respaldar incondicionalmente al Ejecutivo.

En otras épocas, una de las primeras consideraciones de los gobiernos a la hora de presentar al Congreso una reforma en los impuestos –de por sí impopular– era el apoyo político que tenían entre los partidos para aprobarla.

En esta administración, hasta el momento, las cosas parecen estar cambiando. El Gobierno ha nombrado a su equipo sin contar con los partidos políticos, lo que ha hecho que las bancadas actúen con más libertad en el Capitolio, pero también que el Ejecutivo no cuente con el respaldo que requiere en el momento de aprobar este tipo de reformas.

‘No es lo más adecuado’

El senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, integrante de la Comisión Tercera del Senado, donde se discutirá el proyecto de ley, afirmó que un IVA a la canasta familiar “no es lo más adecuado” para el bolsillo de los colombianos “en este momento”.

“Lo que tenemos es que sugerirles al presidente Duque y al Gobierno alternativas para buscar estos recursos, no gravando los productos de la canasta familiar que restan”, dijo Ramírez.

El senador liberal Mauricio Gómez Amín, de la misma célula legislativa de Ramírez, fue enfático en que su partido rechaza “rotundamente que se quiera golpear a la clase media de Colombia con este gravamen, que lo que hace es complicar el bolsillo de la gente que menos tiene en este país”.

Otras fórmulas

Varios congresistas coincidieron en afirmar que el Gobierno debe proponer otras fórmulas para buscar los 14 billones de pesos faltantes. Incluso, con otras ideas que no sean esta ley de financiamiento.

El senador por el Partido Conservador y expresidente del Congreso Efraín Cepeda aseguró que ve “remotas” las posibilidades para que este proyecto de ley pase en el Legislativo y sugirió explorar otras posibilidades.

Ecopetrol tiene una caja inmensa de 15 billones de pesos y puede repartir cinco o seis de utilidades; los precios del petróleo se incrementan

“Ecopetrol tiene una caja inmensa de 15 billones de pesos y puede repartir cinco o seis de utilidades; los precios del petróleo se incrementan; que se aprieten más el cinturón en los gastos del Estado; perseguir la elusión; empezar a mirar otras empresas no productivas del Estado que se puedan vender, en fin, y yo creo que hay alternativas para buscar los recursos”, afirmó Cepeda.

El pasado viernes, el presidente Duque reiteró su defensa del proyecto y pidió “soluciones, no agresiones” en la discusión. Varios sectores políticos coinciden en que al final una ley de financiamiento será aprobada en el Capitolio, pero lo que no está claro es cuánto podrá recaudar el Gobierno gracias a ella.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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