Fracking: ‘Hay que discutir con comunidades los riesgos y beneficios'

Fracking: ‘Hay que discutir con comunidades los riesgos y beneficios'

Vocero de Comisión señala que existe tecnología para mitigar efectos. Críticos insisten en prohibir.

Juan Pablo Ruiz, economista

Juan Pablo Ruiz, economista con maestFracturía en Gestión Ambiental, recalca que en el ‘fracking’ la institucionalidad deberá actuar de forma sistémica.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Ómar G. Ahumada Rojas
17 de febrero 2019 , 07:02 a.m.

Luego de más de tres meses de análisis, la Comisión de Expertos para el Estudio del Fracking, un grupo interdisciplinario de 11 expertos (9 nacionales y 2 extranjeros), le recomendó al país avanzar en la implementación de pilotos de exploración con el uso de esta técnica de búsqueda y producción de hidrocarburos. Pero, además, le pide cumplir estrictos pasos previos, involucrar en todo momento a las comunidades durante el desarrollo de estas actividades y asegurarse de que prevalezca la transparencia de la información.

Juan Pablo Ruiz, economista de la Universidad de los Andes con maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale, y vocero de la comisión, dialogó con EL TIEMPO sobre los pasos a seguir tras la presentación del informe, insumo que recibirá el Gobierno esta semana.

¿Qué sigue para el país luego del informe de la comisión?

Lo que siga depende fundamentalmente del Gobierno, porque nuestro concepto no es vinculante. Si el concepto es acogido, los pasos por seguir son, primero que todo, que el Gobierno debe definir una estrategia para que todas sus instituciones cumplan la ley de transparencia e información pública, porque detectamos que uno de los motivos de la desconfianza de las comunidades es que es muy difícil acceder a la información de lo que está ocurriendo con este tipo de actividades.

Lo segundo, el Gobierno tiene que ajustar su institucionalidad para poder manejar el seguimiento, la evaluación, el monitoreo y las correcciones cuando sea necesario, de una tecnología que apenas ahora vamos a comenzar a manejar. Esto también significa que toda la institucionalidad actúe de forma sistémica, y que se entregue a la Anla la información requerida para la toma de decisiones y que los focos que generan información la entreguen a las entidades y estas la hagan pública.

¿Un repositorio público para estos procesos?

Y sobre toda la información que se tiene. Hay información que no la genera una entidad pública, sino un operador petrolero, que debe entregar la información para que se pueda valorar y se pueda dar o no una licencia ambiental.
Esa información debe ser validada por una entidad pública y entregada a las comunidades.

¿Qué papel jugaría la Superintendencia de Asuntos Ambientales y Minero-Energéticos que plantean?

Lo proponemos como una posibilidad, pero desde luego que una superintendencia de este carácter ayudaría a que, efectivamente, las quejas y los reclamos que pueda tener la ciudadanía frente a su derecho a vivir en un ambiente sano puedan tener un trámite.

Y que una vez evalúe esas quejas, tramite su verificación frente a las entidades públicas y en el caso de que deba aplicar sanciones, que tome las determinaciones.

¿De qué manera las recomendaciones enfrentan los temores sobre el agua, los acuíferos, la salud y los sismos?

Se debe identificar, para el proyecto piloto de investigación o para las dos o tres actividades que se hagan al respecto, cuál va a ser la tecnología a utilizar. Una vez identificada esta tecnología se debe hacer pública, además de establecer los riesgos de su uso y cómo se planea mitigarlos para que sean manejables y no signifiquen la probabilidad de un alto costo para la sociedad.

El primer paso es que la institucionalidad revise cuál es realmente la opción tecnológica, porque el fracking ha evolucionado mucho en estos 20 años, y efectos que hace 15 años se estaban dando y no se manejaron, hoy en día existe la tecnología para manejarlos.

Es necesario que la selección de la tecnología sea la más apropiada para las condiciones biofísicas (hidrogeológicas y ecosistémicas) de nuestro territorio

Es necesario que la selección de la tecnología sea la más apropiada para las condiciones biofísicas (hidrogeológicas y ecosistémicas) de nuestro territorio. Eso incluye que se haga público qué tipo de químicos se van a utilizar, porque de eso depende la clase de riesgos que estamos generando.

¿Es diferente el impacto según la combinación de químicos que se haga?

Es necesario aclarar que si vamos a usar una tecnología, es necesario discutir con las comunidades esos riesgos. Hay una asociación en el uso de ciertos químicos y algunos impactos en salud, y hay que tener en cuenta esta asociación, y buscar medidas de mitigación para que no se dé. Por ejemplo, si hay un efecto posible en mujeres con embarazo temprano, habría que evitar que haya mujeres en esa condición en zonas cercanas al piloto de investigación.

El otro punto importante no son los riesgos, sino los beneficios. Cómo se van a beneficiar las comunidades y cómo se van a proteger de los posibles impactos negativos. Debemos tener unos acuerdos para que los beneficios de esta actividad realmente redunden en el desarrollo económico y social de territorios sostenibles.

Se planteó que, si hay fase comercial, haya un modelo de beneficio local. ¿Sería tipo regalías u otro?

Revisamos muchos casos internacionales y encontramos, por ejemplo, que en Inglaterra hay un aporte que hacen las empresas operadoras a las comunidades locales como compensación al instalar la maquinaria para el pozo. Pero también hay un compromiso de transferir un porcentaje de las utilidades a un fondo que va para beneficio de esa comunidad en términos de inversión en proyectos de desarrollo local.

Habrá que buscar la más adecuada, pero estamos considerando que las comunidades, para que se vinculen con ánimo positivo, tienen que tener beneficios en la actividad misma del negocio. Esas comunidades deben tener seguimiento de la operación y que sepan de dónde surgen esos beneficios que se están transfiriendo.

Ganar esa licencia social no es solo cuestión de disminuir riesgos, sino de transferir beneficios. Debemos desarrollar capacidad institucional local para que estos recursos se conviertan en acciones en beneficio de las localidades y no en temas de corrupción.

¿Qué experiencias mundiales miraron sobre los efectos económicos para el país?

Miramos el estado de California (Estados Unidos), cuyo gobernador decidió en el 2015 validar y permitir el fracking, con ciertas restricciones. Y luego convocó una cumbre de acción climática en la cual 30 de las ciudades más grandes del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones.

Allá le preguntaron por qué estaba proponiendo un aire más limpio y, de otra parte, estaba aprobando el fracking. Él decía que el proceso de transición requiere un tiempo. Llegar a ese punto implica un cambio no solo de los vehículos que hoy funcionan, sino inversión de la ciudadanía. Y mientras eso se da, dijeron que era mejor usar un petróleo que ellos mismos habían extraído, sobre el que tienen control, en lugar de comprarlo a un tercero.

En el caso colombiano es similar, y la transición tomará un tiempo. Y dentro de ella hay que analizar la posibilidad de que, en cambio de importar petróleo, se cuantifique el potencial de yacimientos no convencionales.

Oponentes dicen que hay razones para prohibirlo

La Alianza Colombia Libre de Fracking, luego de escuchar las principales conclusiones de la comisión de expertos, reiteró que lo mejor es prohibir esta técnica en todo el territorio nacional “ante la falta de licencia social que tiene esta práctica”.

Dado que el país no cuenta con la suficiente información detallada sobre acuíferos y sismicidad, ni sobre los riesgos para la salud, demandan al Gobierno “priorizar la protección de la naturaleza, la salud y los derechos humanos de quienes habitan los territorios, por encima de los intereses económicos que puedan existir”.

Para los miembros de la Alianza, los reparos están relacionados, entre varios factores, con la manera en que se conformó la Comisión y el método para realizar el informe.

En su mayoría son profesionales con conflictos de intereses con la industria petrolera, el informe se elaboró en tan solo tres meses y no contó con la participación activa y eficaz de las comunidades, dado que se limitó a tres reuniones de medio día en Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander), y en San Martín (Cesar)”, dicen.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
En Twitter: @omarahu

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