Respeto a la buena fe, clave para financiar obras: Jorge Bedoya

Respeto a la buena fe, clave para financiar obras: Jorge Bedoya

Según el presidente del Consejo Gremial, su pronunciamiento no es de un caso específico.

Jorge Bedoya

Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial.

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Cortesía de Consejo Gremial

Por: Economía y Negocios
03 de agosto 2019 , 08:30 p.m.

Durante esta semana, el Consejo Gremial Nacional, que tiene bajo su sombrilla a los gremios económicos más representativos de la producción, hizo un pronunciamiento con el cual llamó a que en el país se respete el principio de la buena fe de terceros, de manera que se pueda mantener la confianza a través de la garantía –para todos– de la seguridad jurídica en el financiamiento de las obras de infraestructura que se necesitan.

Aunque esta reacción coincide con la proximidad de la decisión que emitirá este martes un tribunal de arbitramento en el sentido de quién debe asumir las obligaciones adquiridas para la construcción de la Ruta del Sol II, el presidente del Consejo Gremial, Jorge Bedoya, enfatizó en que la posición de los representantes del sector privado no obedece a ningún caso en específico, sino a la generalidad. Así se expresó el dirigente gremial.

¿Qué le preocupa al Consejo Gremial frente a la aplicación del principio de la buena fe con terceros en caso de inversiones que combinan recursos públicos y privados?

El Consejo Gremial ha sido muy claro en decir que la normatividad del régimen de contratación pública y el mismo desarrollo de los contratos de asociación público privada, por su naturaleza jurídica, establecen el papel de los terceros de buena fe como son los empleados, los proveedores y los financiadores.

Para el Consejo Gremial, lo importante es la seguridad jurídica que se desprende de lo que tanto legisladores como la jurisprudencia han establecido en situaciones en las que el Estado recibe un activo y una obra casi financiada en su totalidad por terceros.

Más allá de lo que ocurra con una obra en particular, para nosotros lo relevante termina siendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico y, sobre todo, las señales que en materia de seguridad jurídica se generen alrededor de las obras de infraestructura que el país requiere hacia adelante.

¿El riesgo que ven es que una decisión que pase por encima de la seguridad jurídica frene la participación privada en APP?


Indudablemente. Ahora que estuvimos en China tuvimos la oportunidad de ver muchas obras de infraestructura como el aeropuerto de Pekín, los corredores viales que conectan esta ciudad con el terminal aéreo por donde se van a mover más de 100 millones de personas al año. Entonces, uno ve que Colombia tiene un reto enorme en materia de infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras primarias, secundarias y terciarias.

En tal sentido, si el Estado no tiene los recursos, deben existir los mecanismos que garanticen la seguridad jurídica, en primer lugar para los colombianos, que seremos los beneficiados con esas obras; en segunda instancia, que la plata nunca se vaya a perder y que si llega a haber fenómenos de corrupción, los responsables, independientemente de quienes sean, le rindan cuentas a la justicia; pero en tercer lugar, que también mediante la necesidad de capital, no del Estado sino de terceros para realizar las obras, existan condiciones claras para que evidentemente se pueda fomentar la participación de terceros en la realización de estos proyectos.

Más allá de lo que ocurra con una obra en particular, para nosotros lo clave es que se cumpla el ordenamiento jurídico

¿Existen las normas suficientes para proteger la seguridad jurídica en el país?

La seguridad jurídica es un concepto muy amplio que toca a muchos sectores de la producción. Existen unos esquemas regulatorios en la ley de contratación pública, en los temas de desarrollo de las APP y del financiamiento de ese tipo de infraestructura, que deberían ser suficientes para garantizar la seguridad jurídica, pero lo que queda demostrado es que puede haber algunos vacíos, particularmente relacionados con fenómenos de corrupción.

Pero reformaron la ley de infraestructura y se suponía que iba a lograr ese equilibrio: generar confianza en los que invierten y, a la vez, exigirles transparencia. Uno debería pensar que es suficiente, pero los acontecimientos de los últimos años demuestran que es necesario un fortalecimiento.

¿Qué opina de las teorías que hablan de que ha habido todo un tejemaneje para llegar a un punto en el que sea el Estado el que pague cuando se incumpla con lo establecido en un contrato?


Lo único que le puedo decir es que las leyes están. Lo que debe ocurrir es que el Estado actúe acorde con la normatividad vigente.

Con todo esto, ustedes insisten en que a los terceros de buena fe es el Estado el que les debe responder.

Frente a las entidades financieras que son de buena fe, tienen derecho al reconocimiento por las obras recibidas, porque aquí se les paga es por el porcentaje de obra en avance. Eso es lo bueno de ese sistema regulatorio, que antes se pagaba y no se verificaba qué se hacía de la obra. La vinculación de capital privado es muy importante porque el país no tiene plata para financiar las obras. Por eso es tan importante hablar de estabilidad jurídica.

A la par, hay que garantizar la implementación de medidas contundentes para la lucha contra la corrupción; prevenir que en el proceso de construcción de infraestructura se presenten hechos que vayan en detrimento de los ciudadanos y protejan los recursos que se destinan al bien común.

En el caso del principio de la buena fe para los trabajadores, póngase en los pies de uno que trabaja en cualquier obra y ahora no le pagan. ¿Cree que no se le debe pagar?

Es un pronunciamiento que busca proteger los recursos públicos de la corrupción en general

Sí, el problema es quién debe pagar.

Ahí viene otra discusión que es la que va a resolver el tribunal el 6 de agosto. La posición del Consejo Gremial no es para una obra específica. Es un pronunciamiento que busca proteger los recursos públicos de la corrupción en general.

Y, en ese punto, ¿qué propuestas tienen?


Tenemos varias, pero no necesariamente están atadas al tema de infraestructura, porque el Consejo Gremial lo que abarca son temas de carácter transversal.

El país no solo quiere combatir la corrupción en infraestructura, sino hasta con el que se cuela en TransMilenio.

Ya hemos propuesto al Gobierno y al Congreso lo que llamamos el expediente electrónico, es decir, cómo se les hace seguimiento, de cara a la ciudadanía, a los proyectos de ley que llegan al Congreso, para que en el trámite de los mismos no se pierdan medidas claves.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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