Luego de que el grupo brasileño Odebrecht reconoció el pago de sobornos en Colombia, en un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, el CTI de la Fiscalía visitó la sede de Cormagdalena, que acaba de aprobar el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, el cual maneja el conglomerado del gigante suramericano.
De esta manera, comenzó a sentirse en el país el impacto de un nuevo episodio de este escándalo de corrupción.
En el acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., Odebrecht reconoce haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en, al menos, 12 países, la mayoría de Latinoamérica y entre ellos Colombia.
En particular respecto al país, las informaciones señalan que la brasileña habría pagado, entre 2009 y 2014, 11 millones de dólares para conseguir contratos de infraestructura, con las que logró beneficios por 50 millones de dólares.
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Sin embargo, en un comunicado, la Presidencia no se refiere a los 11 millones sino a 6,5 millones de dólares que habrían sido pagados a un funcionario, entre 2009 y 2010. Dice que en ese periodo solo existió un contrato con Odebrecht, el de la Ruta del Sol sector II, adjudicado en diciembre del 2009, por el anterior Inco, bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de Transporte de Andrés Uriel Gallego. “En este caso solo un proponente fue habilitado durante el proceso contractual”, dice el comunicado.
El contrato fue adicionado en el 2014, por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y se incluyó la ruta Ocaña-Gamarra.
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Pero la comunicación de la Presidencia no hace comentarios sobre posible corrupción en el resto del periodo citado por el Departamento de Justicia estadounidense, es decir del 2010 al 2014.
El mismo comunicado sí recuerda que Odebrecht ha tenido dos contratos con el Gobierno posteriores al 2010. El primero es de la carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá, que fue adjudicada en abril del 2012 por el Invías. En este caso, hubo 16 proponentes y la obra fue terminada a satisfacción.
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Igualmente, el contrato para la navegabilidad del río Magdalena fue entregado en agosto del 2014 por Cormagdalena al consorcio Navelena, que controla Odebrecht.
La Presidencia sostuvo que tan pronto se conoció la información, contactaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para ofrecer su colaboración y solicitar toda la información que involucre a funcionarios y/o contratos en el país.
Además, pidió la intervención de la Fiscalía para identificar a todos los responsables y esclarecer la situación, la cual calificaron de inaceptable. “Es de anotar que hace un año, cuando se destapó el escándalo de corrupción de Odebrecht en Brasil, la Oficina de Transparencia de la Presidencia solicitó a la Fiscalía brasileña toda la información pertinente. La respuesta no reveló el pago de ningún soborno en Colombia, ni la comisión de delito alguno”, agrega el comunicado del Gobierno.
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, le dijo a EL TIEMPO: “Este mismo martes pedimos cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Buscamos que, según lo dispuesto en el acuerdo suscrito por Odebrecht y el Departamento de Justicia, dicha empresa le ayude a la Fiscalía a identificar cuál fue el funcionario que entre 2009 y 2010 –antes de que Juan Manuel Santos asumiera la Presidencia– recibió 6,5 millones de dólares en sobornos. Sobre ese funcionario y sobre cualquier otra persona involucrada –en cualquier momento– con actos de corrupción debe actuar la justicia sin conmiseración. La industria criminal montada por Odebrecht no se puede repetir y este Gobierno no la va a tolerar”.
Este jueves, la Fiscalía General de la Nación visitó las instalaciones de Cormagdalena (Corporación Autónoma Regional del Magdalena), que adjudicó el contrato a Navelena, una sociedad constituida en el 2014, con el objetivo de recuperar la navegabilidad del río Magdalena entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y Bocas de Ceniza (Atlántico), y en la que Odebrecht tiene el 50 por ciento. La visita tuvo como propósito reunir pruebas y verificar si existe algo anormal en los convenios.
Declaración de UribePor su lado, el expresidente Álvaro Uribe pidió al presidente Santos que revele todo lo que sabe sobre el caso de los sobornos de Odebrecht. Y le pidió que confirme si tuvo o no una reunión con directivos en Panamá, durante la Cumbre de las Américas el año pasado.
Sobre la entrega de dinero por parte de Odebrecht entre “aproximadamente” 2009 y 2010, a cambio de hacerse con contratos en el país, Uribe dijo este jueves que en el sector de la Ruta del Sol “hubo otro proponente. Todo el proceso se adelantó con la asesoría de la Corporación Financiera del Banco Mundial y con comités de expertos”.
Uribe agrega que en el gobierno de Santos se contrató la ampliación para el tramo Ocaña-Gamarra, la navegabilidad del río Magdalena y tramos en la ruta Puerto Boyacá-Chiquinquirá. “Nuestro ministro Andrés Uriel Gallego, fallecido, tuvo una vida pública y académica impoluta”, agregó.
Además, solicitó a la Fiscalía celeridad y con severidad ver quiénes son los beneficiarios de los sobornos. “Quiero decirle al país que en mi larga vida pública he manejado con absoluto cuidado los recursos del Estado; jamás he preferido a un contratista, jamás he vetado a un contratista por las razones distintas a las razones de ley”, aseveró Uribe.
El escándalo de sobornos de Odebrecht puede poner en riesgo la financiación de las obras para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, según lo afirmado por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.
Tras varios meses de incertidumbre, la brasileña se mantuvo como socio luego de problemas para encontrar financiación, por los escándalos. Y hace unos días el Gobierno aprobó el cierre financiero presentado para las obras, con financiación del japonés Sumitomo Mitsubishi.
No obstante, Andrade dijo que este jueves le pidieron que reafirme el compromiso, tras la confesión de Odebrecht, pues los contratos de crédito dicen que si hay revelación de información incorrecta o de mala fe, por ejemplo, la obligación de mantenerlos se elimina. Las obras de recuperación de navegabilidad del Magdalena valen unos 2,5 billones de pesos.
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Andrade agregó que han pedido a las autoridades de EE. UU. que precisen a quién se pagó el soborno de 6,5 millones, los otros 4,5 millones, así como los nombres de los demás contratos involucrados. “Es inaceptable que eso suceda”, dijo el funcionario.
Igualmente, sostuvo que la Fiscalía también visitó este jueves la ANI e inspeccionó documentación. Asimismo fueron a Inco.
Agregó que de frustrarse el compromiso de Sumitomo en Navelena pueden declarar la caducidad del contrato, aunque la japonesa no lo ha retirado.
“El Gobierno ha tratado de salvar (en el pasado) a toda costa el contrato porque una licitación nueva lo puede demorar cerca de un año y medio”, explicó. El plan B es un contrato de obra pública, pero por ahora siguen los términos, y solo si detecta corrupción o incumplimientos de Odebrecht se puede caducar el contrato actual.
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