Sectores piden mayor apoyo del Gobierno

Para el 2017 la bolsa pública para financiar los gastos del Estado está más liviana de lo que se requiere, pese a que, según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno, el incremento de los recursos frente a los del año anterior es del 6,6 %.

Con ese antecedente empieza en firme la discusión y aprobación de la carta financiera del país en el Congreso, aforada en 224,4 billones, monto que causa preocupación entre los parlamentarios que empiezan a preguntarse de dónde saldrán los recursos si gran parte de los ingresos oficiales provienen de la renta petrolera, la cual, según ha expresado del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se cayó en 24 billones de pesos, tras los bajos precios del crudo.

En el debate, no solo están en el tapete las líneas gruesas de este monto, sino la letra menuda. En el primer caso, la cifra total se reparte en 137,2 billones de pesos (61,1 %) que se los llevan los gastos de funcionamiento, mientras que la segunda cifra más grande, 54,3 billones (24,2 %) se destinará al pago del servicio de la deuda y, en último lugar, queda la inversión, a la que le corresponderán 32,9 billones de pesos (14,7 %).

Hay que recordar que la plata que se asigna a la inversión es la que garantiza la realización de las obras que benefician a la comunidad.

Esto ha llevado a que, personajes como el exministro Juan Camilo Restrepo describan el hecho como algo grave: “La inversión quedó hecha añicos. En vez de una ‘austeridad inteligente’ lo que hay es una ‘austeridad anoréxica’.

En la asignación por sectores el reparo es aún mayor. Catorce de 29 que hacen parte de la torta presupuestal del 2017 tienen altas reducciones en sus cifras. Entre estos, el más castigado es el agro, al que le dieron la tarea de ser uno de los motores de la economía, tras el paso a segundo plano de la minería, que por años fue el mayor impulsor del crecimiento del país.

Los recursos para agricultura, según el proyecto de presupuesto para el 2017, disminuyen en 33,6 por ciento frente a los obtenidos en el año en curso.

Al respecto, la senadora María del Rosario Guerra, una de las ponentes del proyecto, expresa que, si bien el agro debe recibir más recursos, también es cierto que la ejecución tiene que ser más eficiente pues, “este sector, en el 2016, apenas va en el 41 por ciento”.

La parlamentaria, que pertenece a uno de los partidos de oposición del Gobierno, dice que le llama la atención el hecho de que sectores como vivienda y 4G están entre los que más incrementos tendrán en sus asignaciones. “Por tres años consecutivos el sector vivienda ha bordeado un presupuesto de 4 billones de pesos, porque con este es que se puede hacer política”.

De hecho, uno de los que se muestran satisfechos con su asignación presupuestal parece ser el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas que durante un debate en la Comisión Sexta de la Cámara habló de los aumentos en inversión para la seguridad vial, la Superintendencia de Puertos y Transporte, al igual que la Aerocivil. No obstante, también en el Congreso, se puso sobre en el tapete que hay recursos para proyectos como vías de cuarta generación (4G), pero no para vías terciarias (conectan el sector productivo y rural con las ciudades), que son igual de necesarias para el desarrollo.

Otros sectores trasquilados también causan preocupación entre los parlamentarios, por la importancia que tienen en la etapa de posconflicto que eventualmente tendrá Colombia.

Así, inclusión social y reconciliación pierde el 11,8 % en inversión; salud reduce su billetera en 21,3 por ciento, al pasar de 4,2 billones de pesos en este año, a 3,3 billones de pesos en el próximo, lo que ya fue motivo de voces de reclamo en el Congreso. Es más, el ministro Cárdenas indicó que este tema está en revisión, para no afectar las inversiones en un sector que maneja el tema vital, la salud de los colombianos.

En cuanto a la rama de minas, que necesita impulso para no seguir ahogándose, fue sometido a un tijeretazo del 40 por ciento.

La senadora Guerra agrega temas en los que se reducen recursos, como el de atención de desastres “pese a que se habla de la posibilidad de un fenómeno de la Niña”.

Los reclamos provienen de todos lados. El centro de pensamiento económico, Anif, ha destacado que “el Ministerio de Hacienda ha tenido que actuar de forma ‘no tan inteligente’ al optar por recortar precisamente la inversión pública productiva hasta llevarla a tan solo 1,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) (frente a un promedio histórico de 1,8 %) y ha incrementado los regresivos gastos pensionales a niveles del 4,2 por ciento del PIB (por cuenta de su inacción en este frente)”.

Una vez se apruebe el monto total del presupuesto en el Congreso, lo que tendrá que suceder antes del 15 de septiembre, empieza una sesión de tijera para unos y ‘pelo’ para otros.

El senador Efraín Cepeda, otro de los ponentes del proyecto, anuncia que liderará la idea de que se estudien las cifras del servicio de la deuda, de manera que se pueda recortar de allí para aumentarle números a la inversión.

Para Guerra, este camino ya no sorprende, pues “siempre se infla el monto asignado a la deuda pública y a las pensiones”, para luego reasignar de allí y mostrar que se favoreció a los sectores”.

Por su parte, Cárdenas advirtió que no hay mucho margen de maniobra para recortar recursos de un lado y pasarlos a otro. “El espacio para mover plata hacia inversión es muy limitado. No obstante, se está haciendo el esfuerzo de estudiar las alternativas”.

La posición del Gobierno, de mantenerse con las cifras asignadas a cada sector, según las llevó al Congreso, serán motivo de controversia. Desde ya, el representante a la Cámara Carlos Alejandro Chacón tiene un largo listado. “El Ministro de Hacienda se refiere al agro como un sector clave y no lo refleja en el proyecto de presupuesto, porque solo tiene reducciones; el sector de Hacienda, sin ser ejecutor, tiene un visible incremento en sus recursos (aumenta 22,9 % frente al año anterior”.

Por el lado del Gobierno, el aporte a lo que se ha llamado ‘austeridad inteligente’ en medio de la escasez estará por el lado del congelamiento de la nómina y el apretón del cinturón para los gastos generales, que se recortan en 5 por ciento.

Este aspecto, para los analistas económicos de la Contraloría General, no da para mucho, puesto que aún con la nómina congelada, el valor de este gasto improductivo se acrecienta. Una de las razones de esto son los aumentos salariales para empleados públicos, pero también el incremento de la burocracia, con la creación de nuevas instituciones estatales, cuyo efecto se ve ahora.

Así lo sostiene la senadora María del Rosario Guerra, quien advierte que “un valor que se acerca a los 5 billones de pesos para cubrir la nómina de la Rama Ejecutiva es bastante abultado y refleja la reclasificación de cargos, con mayor asignación salarial, que hizo el Gobierno cuando creó nuevas entidades”.

Pero entre los puntos que más alerta generan está el de la fuente de los recursos que estima el Estado por cuenta de los impuestos que pagarán los colombianos este año, con los cuales se debe financiar la mayor parte de los gastos del próximo.

Es así como, para el 2016 el Gobierno espera ingresos tributarios por 120,6 billones de pesos, lo que, según la senadora Guerra, es difícil de lograr. “No los van a lograr en el 2016 como no lo hicieron en el 2015, año en que, después de la reforma tributaria que se hizo para tapar el hueco fiscal por 12,5 billones de pesos, el recaudo real recogido con dicha reforma, solo fue de 5,7 billones de pesos. Para el 2017, con desaceleración, va a ser aún más difícil”.

Este panorama está motivando alertas, como la que lanzó el contralor Edgardo Maya Villazón, que pidió no dar más largas a la tramitación de una reforma tributaria integral que impida incrementar más la deuda pública -que ya representa el 56,5 por ciento del PIB- o sobrepasar el déficit permitido por la ley de Regla Fiscal.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Economía y Negocios