Se conoció el informe completo de la Comisión Independiente de expertos que designó el Gobierno para analizar los efectos de utilizar la técnica del fracturamiento hidráulico de roca generadora de hidrocarburos –conocida como fracking-, que recomendó avanzar en la implementación de pilotos de investigación para determinar el potencial y las condiciones ambientales de las zonas en las que esta se usaría en el país.
Además de las recomendaciones sobre los pilotos y sobre aspectos como la obtención de la licencia social, la protección de la diversidad, tener las líneas base ambientales, analizar y gestionar los riesgos y el fortalecimiento institucional, la Comisión instó a las partes a la transparencia y a la provisión de información.
Primero, instó a las instituciones a cumplir en este aspecto con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, haciendo disponible toda la información de los proyectos piloto de forma adecuada y pedagógica en las áreas de influencia de estos, tanto en internet como en medios accesibles a las comunidades locales.
Pero además, a los opositores del fracking les llamó la atención porque han recopilado información sin sustento que ha contribuido a generar confusión en la comunidad.“Los opositores de estas tecnologías han acopiado información de impactos negativos con ejemplos de otros países, sin mucho contexto o tecnológicamente superados, lo que ha contribuido a crear confusión en la comunidad”, señala un aparte del documento.
Consulte enseguida el texto completo del documento, de 173 páginas.
Y por ello agrega que es indispensable evitar campañas de información dispersa, sobrepuesta o fragmentada que solo contribuyen a aumentar la confusión y el rechazo a la prolongación o relanzamiento de la producción de hidrocarburos en la región, disminuyendo la viabilidad de la interlocución e, incluso, de rehabilitación de pasivos ambientales huérfanos.
“Es recomendable adelantar campañas informativas en todos los aspectos y dimensiones”, agrega.
A nivel local, el documento recalca que se debe empoderar a la comunidad con mecanismos sociales de veeduría, con miras a la participación en procesos de vigilancia y control de cada una de las etapas de los pilotos exploratorios.
“Igualmente, es recomendable fortalecer la capacidad instalada a través de la formación, en aras de garantizar la generación de trabajo calificado como un activo social que permanecerá en el territorio, al tiempo que sus habitantes coparticipan en operaciones más conscientes de la preservación de las condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de otras actividades humanas”, añadió el documento.
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