Casi un año y medio después de que el escándalo Volkswagen sacudiera los cimientos de la industria automovilística, las autoridades aún no han sido capaces de esclarecer si el caso fue solo la punta del iceberg de un fraude generalizado, como muestran cada vez más indicios, o un caso aislado, tal y como han venido proclamando los fabricantes desde el inicio del caso.
Marcas como Fiat, Mercedes-Benz, Opel y Renault están bajo la lupa de los reguladores nacionales después de que en septiembre del 2015 se descubriera que Volkswagen instaló un software ilegal para falsear su cifra de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).
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Fuentes comunitarias explican que hay dudas sobre la legalidad de diversos sistemas que esquivan los controles, entre ellos la llamada ventana térmica, por la que los vehículos cumplen con la normativa solo cuando se encuentran en ambientes con una temperatura superior a 17 grados –más habitual en los laboratorios–, pero aumentan inmediatamente las partículas contaminantes que emiten por debajo de ese umbral, una temperatura muy usual en la mayoría de países europeos durante gran parte del año.
También se investiga el uso de otro mecanismo por el cual el coche solo cumple con las reglas hasta pasados 22 minutos –los controles duran normalmente 20 minutos–.
En septiembre del presente año está previsto que entren en vigor las nuevas normas consensuadas por los países de la Unión Europea para tratar de evitar que se repitan violaciones sistemáticas de las reglas ambientales.
Los vehículos deberán superar pruebas en condiciones de conducción real antes de ser puestos a la venta, y no solo en el laboratorio, como sucedía hasta ahora.
La desconfianza que ha despertado la diferencia entre los resultados de ambos tests –las emisiones suelen ser mayores en los exámenes en carretera– ha impulsado la medida.
De momento, Volkswagen ha sido el único fabricante que ha pagado las consecuencias de haber engañado a los usuarios sobre la polución que emiten los 11 millones de automóviles con motores diésel afectados –700.000 de ellos en España–, aunque para disgusto de las organizaciones de consumidores europeas, que reclaman el derecho de los clientes del Viejo Continente a ser indemnizados, el golpe ha llegado únicamente del otro lado del Atlántico.
Estados Unidos ha imputado a varios ejecutivos y acordó con la empresa hace mes y medio el pago de una sanción de 4.100 millones de euros, a los que hay que sumar la compensación a los usuarios afectados, que puede elevar la factura hasta el entorno de los 20.000 millones, uno de los escándalos corporativos más caros de la historia.
Pese a ello, el valor bursátil de Volkswagen se ha recuperado con fuerza, y sus acciones solo están un 12 % por debajo de los niveles previos a la crisis de emisiones. Tras la remontada está el hecho de que los consumidores no han penalizado a la compañía por el fraude medioambiental.
Los resultados anuales presentados el pasado viernes arrojaron cifras nunca antes alcanzadas por la firma germana: en el 2016 vendió 10,3 millones de coches, facturó 217.300 millones de euros –4.000 millones más que el ejercicio anterior– y volvió a registrar beneficios tras las pérdidas del 2015 pese a las cuantiosas provisiones con las que se ha protegido de los eventuales efectos legales del escándalo aún por llegar.
ÁLVARO SÁNCHEZ LÓPEZ
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
