Desde el 1.° de julio del 2017, cuando empezó a regir el impuesto al consumo por uso de bolsas plásticas para llevar los productos adquiridos en los establecimientos comerciales, hasta el 9 de febrero pasado, los colombianos usaron 688’628.867 de estos empaques, por los cuales pagaron tributos que sumaron 10.404 millones de pesos, según reporte de la Dian.
De estas cifras se desprende que los ciudadanos demandaron 3’568.025 bolsas diarias. Si el ritmo de consumo se aplicara a los 365 días del año implicaría que en el país se usaron 1.302 millones de bolsas plásticas, cifra que dista mucho de las 14.000 millones que, se calcula, se usaban antes de su cobro.
Claro está, este cálculo solo incluye los empaques por los cuales se pagó un impuesto que llegó a la Dian, tras el reporte de los establecimientos comerciales formales en los que se efectúa el cobro, con el propósito de reducir el uso del empaque plástico que afecta al medioambiente, y en especial a los ecosistemas de los mares.
Pese a que algunos analistas habían pronosticado que la medida adoptada no tendría mayor impacto, debido al bajo costo para el consumidor, el Ministerio de Ambiente dice que la reducción del uso, a la fecha, ya sobrepasa el 30 %.
Para la industria, representada por Acoplásticos, la caída en ventas para las empresas, que se podría equiparar a la reducción en el consumo de bolsas, es mucho mayor. “Las empresas que formalmente se dedican a la producción de bolsas han caído entre 60 y 70 por ciento; las que hacen bolsas y además otros productos plásticos, se contrajeron en 25 por ciento, y las informales que venden el producto sin pagar impuesto también han tenido reducción por reacción del consumidor (participa menos en el consumo para contribuir a la protección del medioambiente)”, expresa Daniel Mitchel, presidente del gremio.
A ello se le suma ahora el efecto de un nuevo decreto que tiene inquietos a los industriales, expedido para reglamentar las cuatro tarifas establecidas en la ley de reforma tributaria del 2016, en la que se adoptó la medida impositiva sobre el uso de las bolsas.
“El decreto entra en el detalle de cómo diferenciar, con 4 tarifas, a quién se exime del impuesto o a quién se le reduce la tarifa, según el impacto que produzcan en el ambiente y en la salud humana”, explica Mitchel.
Es así como, según la norma, quedaría exenta de la tributación la bolsa que tenga 30 por ciento de materiales biodegradables y, además, sea reutilizable, y con 40 por ciento de material reciclable.
Las tres tarifas restantes, de 25, 50 y 75 por ciento, combinan los requisitos para lograr así distintos niveles de beneficio para el ambiente, pues, aunque el recaudo logrado no suena poco, “el objetivo de la medida solo es ambiental”, destaca Cecilia Rico, directora de ingresos de la Dian.
Hay que recordar que en el 2018, la tarifa plena por cada bolsa que se lleve, subió a 30, desde los 20 pesos que se cobraban el año pasado. Como la diferenciación tarifaria se aplicaría sobre ese pago, muchos consumidores temen que sea complejo. No obstante, según Willer Guevara, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, los que se tendrán que acoger a los descuentos son los suministradores de las bolsas, quienes a su vez, se las venden al supermercado que sigue regalando las bolsas, porque lo que paga el consumidor es un impuesto que va a la Dian”.
Mitchel, vocero del gremio de plásticos, dice que los pormenores del decreto son excesivos, toda vez que, para que sea válida la tarifa cero por ser la bolsa reutilizable, se requiere que esta tenga mínimo 125 usos sin que requiera de procesos de transformación. “En Europa, las bolsas reuitilizables son de 15 usos, un número sensato”, sostuvo.
Al respecto, el viceministro ambiental expresa que la cifra del reuso obedece a una norma técnica y no implica que la bolsa deba tener tantos usos, sino que sea resistente y amigable con el ambiente.
En ese sentido, Mitchel destaca que es partidario de la idea de crear una cultura de la reutilización, pero las empresas se verían afectadas y terminarán por no producir bolsas biodegradables y reutilizables. “Si la bolsa está exenta porque cumple con todas las normas de protección al medioambiente, el consumidor no la pagaría. Pero resulta que, para producir una bolsa común se requiere invertir entre 20 y 30 pesos, es decir, lo mismo que cuesta la tarifa plena para una bolsa. Una que tenga solo 15 usos, que requiere un alto calibre, costaría 2 o 3 veces el valor de la tarifa (entre $ 60 y 90)”.
En consecuencia, según los cálculos del gremio, sería más barato pagar la bolsa común y no la tarifa triplicada. “Todos los productos tienen impacto ambiental, ya sea de plástico o de otros materiales. La biodegradable ofrece algunas soluciones, pero tiene un costo más alto que el beneficio que se le está dando con el decreto, que es la exclusión de la tarifa”, advirtió.
Otro punto que preocupa es la manera en que se haría control para aplicar las tarifas diferenciales. Según la Dian, los obligados son establecimientos pertenecientes al Régimen Común, en donde casi no entran los tenderos. “El objetivo de la norma no es el recaudo, así que en Colombia se ha de llegar al punto en que los ciudadanos participen, con conciencia”. De hecho, ya muchos lo están haciendo.
Una bolsa biodegradable, que sería la ideal y llevaría a la eliminación impositiva, según estableció el Ministerio de Ambiente, no debe contener sustancias como zinc, cobre, níquel, cadmio, plomo, mercurio, cromo, arsénico y cobalto. Según expresó el viceministro ambiental, esa cartera trabaja en los mecanismos –posiblemente un código– para evaluar la biodegradabilidad de la bolsa. Advirtió, que eso suena complejo, pero que están cumpliendo con la parte técnica, obligación que les dejó la reforma tributaria.
MARTHA MORALES MANCHEGO
EL TIEMPO
@marthamoralesm
