La educación universitaria es la inversión más importante que un joven en Estados Unidos puede hacer mirando a su futuro profesional. Eso dice la teoría.
El problema es que la educación superior dejó hace tiempo de ser una garantía de acceso a un empleo lo suficientemente remunerado como para pagar la masa de deudas que se fueron acumulando durante toda la carrera. La deuda de los estudiantes estadounidenses, de hecho, no para de crecer y está provocando que se estén disparando los casos de impago a niveles que preocupan a la misma Reserva Federal.
El problema no es menor, porque la deuda estudiantil total en EE. UU. ascendió el año pasado a 1,3 billones de dólares y está en manos de 42,4 millones de estadounidenses. De ellos, 4,2 millones de endeudados faltaron el año pasado a sus pagos durante al menos nueve meses (uno de cada 10 no está cumpliendo a tiempo con los plazos).
La Consumer Federation of America acaba de publicar un estudio en el que indica que el total de créditos que se encuentran en una situación de impago asciende a 137.400 millones, un 14 por ciento más cuando se compara con el ejercicio 2015.
Aunque quizás lo más preocupante es que de ese total de personas que no pagan, 1,1 millones faltan por primera vez. Es como decir que hay 3.000 personas que entran a diario en una situación de impago.
La deuda estudiantil media ronda los 30.650 dólares, un 17 por ciento más alta que en el 2013. Los factores que explican el incremento son múltiples, como los recortes de fondos públicos destinados a la educación superior o el alza generalizada de los costes. Esta tendencia pone de manifiesto que los pagos que se realizan no son suficientes para cubrir los intereses, lo que eleva aún más el balance debido.
La administración Trump acaba de poner las cosas más difíciles al eliminar las protecciones frente a los recolectores de la deuda estudiantil.
El problema crece pese a la buena marcha de los mercados y a la caída del paro. Y no es menor, porque este fardo va a condicionar el proceso de verificación que siguen las empresas cuando se disponen a contratar a un empleado, afecta al crédito para la compra de una vivienda y a los planes de ahorro para la jubilación. Y buena parte del sueldo se va a pagar intereses, lo que resta poder adquisitivo.
Los que más sufren este lastre financiero sobre los estudiantes de familias con bajos ingresos, que no cuentan con recursos que les ayuden después a pagar las deudas con rapidez. Además, suelen acudir a centros de enseñanza con un nivel educativo inferior o suelen abandonar los estudios a la mitad, sin llegar a graduarse. Eso crea una dificultad adicional para saldar cuentas después.
Para los expertos, el problema del impago está más asociado al hecho de si los estudiantes completan sus carreras que al coste de las matrículas. Los jóvenes que deciden abandonar los estudios tienen cuatro veces más posibilidades de entrar en una espiral de impago de los créditos que uno que se gradúa.
Lo que llama la atención es que esto sucede, además, mientras existen multitud de planes para repagar los préstamos a tiempo y evitar así una situación de suspensión de pagos. El presidente Barack Obama expandió los programas que limitan los pagos mensuales a un porcentaje de los ingresos. Pero la realidad es que la baja remuneración de los empleos complica mucho la perspectiva de resarcir la deuda.
La administración Trump acaba de poner las cosas más difíciles al eliminar las protecciones frente a los recolectores de la deuda estudiantil, que ahora pueden imponer comisiones de doble dígito sobre el principal de la deuda. Los expertos ya hablan de las consecuencias económicas de esa penalización y dicen que la mayoría de los impagos se pueden evitar.
SANDRO POZZI
Ediciones EL PAÍS, SL 2017