El caso de Odebrecht, que ha golpeado dos proyectos claves para la competitividad, como lo son la comunicación entre el centro del país y la Costa por carretera y el desarrollo del río Magdalena, no solo despertó las preocupaciones sobre los procesos de contratación de obras en Colombia, sino que puso a pensar a los expertos sobre qué pudo haber quedado pendiente en las nuevas concesiones viales de cuarta generación (vías 4G).
La presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Diana María Espinosa, señala que la infraestructura queda golpeada, aunque lejos de estar herida de muerte, lo cual debe llamar a las autoridades y del mismo sector a asegurarse de que la estructuración de las vías 4G, que ha sido tan compleja y ha tomado varios años de estudio, tenga una solidez y no la desmorone un caso como el de la brasileña, “que lamentablemente no sabemos si está generalizado”.
Y es que si bien los casos como el túnel de La Línea, la Ruta del Sol y las fallidas obras de los escenarios deportivos de Ibagué corresponden a proyectos iniciados hace varios años, ahora con las vías 4G hay que ver qué ocurre, porque mientras los bancos han dicho que subirán el nivel de exigencia, tampoco está resuelta totalmente la financiación de todo el programa.
“De la cuarta generación vamos a ver qué pasa, porque en cierres financieros hay muchos que no sabemos si se van a dar, debido a la gran cantidad de inversiones que se necesitan, porque como el contrato se entrega sin saber el diseño definitivo, ahí es cuando se sabe cuánto es el monto requerido del contrato”, dice.
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Y agrega que existe una posibilidad de que muchos riesgos se traduzcan en desfases de tiempos y de recursos para los proyectos más complejos.
“Uno ve cómo un concesionario estructura su proyecto y que en un tiempo determinado tiene una unidad funcional para que se la paguen, pero cualquier problema, aún ajeno a este, el concesionario lo debe absorber y se va pasando el tiempo, y requiere más cantidad de obra”, explica.
Si bien los temas ambientales fueron la principal preocupación para el arranque de las obras, ahora la SCI ve que la principal amenaza proviene de las consultas previas, pues cada fase de un proyecto tiene un nivel de recursos, pero si hay más consultas de las previstas, todo se desequilibra, como ya sucedió con el tercer sector de la Ruta del Sol.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostiene que no hay ninguna razón para que el problema de Odebrecht contamine las vías 4G, ya que hay empresas nacionales y extranjeras “muy solventes tanto en lo financiero como en lo ético”. “Los bancos no deben tener aprehensión alguna con respecto a las 4G y adicionalmente tenemos a la Financiera de Desarrollo Nacional para responder con todas las necesidades de financiamiento que se requieran”, dijo.
Además del caso Odebrecht, en el corredor Loboguerrero-Mediacanoa, vía a Buenaventura, a cargo de la concesión Malla Vial del Valle del Cauca, las obras pararon desde diciembre por un fallo judicial.
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Édgar Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), advierte que en el mediano plazo esto hará que los costos para el acuerdo de los países de la Alianza del Pacífico no le favorezcan al país, al no tener la ruta a tiempo.
Por ello, dice que hay que estar alerta para terminar los corredores logísticos origen-destino, identificados en la ley de infraestructura, ya que “el tiempo va pasando y la competitividad se va perdiendo”.
También recalca que no solo se trata de desatrasar la infraestructura, sino de mejorar el nivel de servicio, pues el año pasado las demoras en el tiempo de pago de peajes implicó a los generadores de carga sobrecostos cercanos a los 6.800 millones de pesos solamente en dos corredores viales.
Desde el 2013, en una carta enviada a entidades gubernamentales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) planteó que cuando un proponente extranjero se presente en licitaciones con la información financiera de su país de origen, y gane un proyecto, al suscribir el contrato debería acreditar los requisitos mínimos financieros definidos en el pliego, en la empresa que constituya para tal fin en el país.
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Esto para que el Estado se asegure de que las condiciones financieras pedidas en los requisitos de habilitación se cumpla bajo los términos de referencia que originaron la contratación.
No obstante, pese a la advertencia del gremio de los ingenieros, la recomendación no se tuvo en cuenta y prueba de ello es que, como lo señaló EL TIEMPO el domingo, ninguna de las filiales de Odebrecht registra bienes en Colombia con los cuales pueda responder.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
