Aunque muchos pensaban que con el nuevo modelo de contractual, técnico, financiero y jurídico que implementó el país para las nuevas concesiones viales de cuarta generación (4G) los viejos inconvenientes legales entre Estado y contratistas quedarían superados, los recientes casos de la española Sacyr y la demanda que le ganó Carlos Collins al Instituto Nacional de Vías (Invías) muestran que el esquema no quedó blindado del todo.
Si bien el caso del proyecto Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Cruz del Viso-Carreto es el único de los 30 del programa 4G que ha tenido un incumplimiento originado en una controversia jurídica, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) considera que la principal tuerca que hay que ajustar es la de la preinversión.
El presidente de la SCI, Argelino Durán Ariza, explica que lo ideal es que los estudios se hagan con recursos suficientes para que las desviaciones posibles en el transcurso de la obra, que pueden suceder, tengan el menor impacto económico posible.
En este sentido, mientras algunos expertos dicen que el nivel óptimo de preinversión debería ser del 5 por ciento del monto total de la obra, Durán cree que este porcentaje no debe bajar del 3 por ciento, aunque recalca que el Gobierno está entregando una información básica muy avanzada y que cada proponente debe invertir recursos adicionales para llegar a estudios más confiables.
“El ahorro de una obra no está en los estudios y diseños, sino en evitar problemas durante la ejecución”, agregó. Según el directivo, internacionalmente un estudio bien adelantado es el que permite hacer una obra que no tenga una variación mayor o menor al 10 por ciento del presupuesto inicial.
Durán subraya que en los contratos entre particulares con el Estado cualquier parte tiene derecho a reclamar, por situaciones que no podían ser previstas al hacer el negocio.
Pero advierte que lo que es totalmente anormal es que se crea que una reclamación otorga el derecho para no cumplir las obligaciones contractuales. “Me parece muy mal que se trate de presionar una solución a favor, diciendo que no inicio obras o abandonar el proyecto”, indicó.
De hecho, en un foro reciente de Anif, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, mostró que, con corte a marzo pasado, junto al caso de Sacyr había otros cuatro proyectos cuya fase de preconstrucción fue prorrogada porque surgieron controversias con los concesionarios.
Y sobre la demanda que le ganó Collins al Invías, el presidente de la SCI dice que es claro que todo contratista puede presentar demandas y el juez del contrato decide quién tiene la razón.
“En el caso de ayer (martes), la razón se la dieron a Collins, pero puede que la otra reclamación (por 800.000 millones de pesos) salga a favor o no de Collins. En todos los contratos puede haber el riesgo de que se presenten inconformidades de tipo económico por una causa que no podía conocerse al firmar el contrato o al hacer la propuesta”, agregó.
En este último caso, según Juan David Gómez, abogado de Collins, el proceso se adelanta ante otro tribunal de arbitramento y las razones de la demanda son el riesgo geológico y la liquidación del contrato para la construcción del túnel de La Línea.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
