Un nudo que no se desenreda, el cansancio de la población usuaria de un servicio y el de los actores del conflicto laboral alrededor de Avianca son algunos de los saldos que quedan, después de 36 días de cese de actividades de los pilotos que laboran para la compañía que transporta la mitad de los pasajeros aéreos en el país.
La más reciente noticia alrededor de la protesta, que le abona un 'round' al sindicato de pilotos Acdac (Asociación Nacional de Aviadores Civiles) pone de presente el enfrentamiento profundo de varios derechos claves. "No puede permitirse que los trabajadores sean vulnerados en su derecho a reclamar mejoras laborales so pena de ser reemplazados en sus funciones por otros empleados", indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al fallar para no permitir que Avianca opere sus naves con comandantes extranjeros.
En los hechos están en juego el derecho de los trabajadores a negociar libremente y asociarse alrededor de un sindicato para pedir mejores condiciones está en la mesa, enfrentado, con el derecho social de las personas a un servicio público, sin contar con el derecho de la compañía a defender su patrimonio y actividad económica, y el derecho administrativo de entidades que han tomado decisiones y que, a ojos de muchos, han incurrido en irregularidades y novatadas.
Avianca, por ejemplo, dice que pierde 2,5 millones de dólares diarios con la inoperancia total, por lo que ha aplicado planes de contingencia que son objeto de demandas de parte de los pilotos. Entre las acciones jurídicas de la compañía se destaca la petición de declaratoria de ilegalidad del paro, por no haber sido aprobado por todos los trabajadores, y el rechazo a la solicitud de permiso para el ingreso de pilotos foráneos a volar en territorio nacional.
Las instituciones públicas, principalmente el Ministerio de Trabajo, ha intentado ejercer su derecho a controlar la situación y mediar para buscar un acuerdo, tarea en la cual ha sido criticado, en especial, en lo que tiene que ver con la convocatoria de un tribunal de arbitramento sin que hubieran pasado los 60 días reglamentarios de huelga, lo que motivó a los pilotos a pedir la anulación de dicha herramienta. La novatada en este tema es tal que, hasta la fecha, aún no hay un resultado para que opere el tribunal.
Y la población en medio, reclamando su derecho a usar un servicio público que para muchos es fundamental, por tratarse de viajes de salud y de trabajo.
En esas está el conflicto laboral que ya da señales de salir de las fronteras, pues los pilotos han anunciado acudir con más vehemencia a los organismos internacionales.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Comentar