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Pulso tiene en vilo a Hidroituango y la seguridad energética del país
Vertedero de Hidroituango

La central hidráulica abastecerá el 17 por ciento del consumo eléctrico del país.

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Grupo EPM

Pulso tiene en vilo a Hidroituango y la seguridad energética del país

La central hidráulica abastecerá el 17 por ciento del consumo eléctrico del país.

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Acusación del alcalde de Medellín, sobre materiales de mala calidad, desató rechazo del consorcio.

Tres años después del colapso del túnel auxiliar de desviación del proyecto hidroeléctrico Ituango, la obra de infraestructura eléctrica más importante del país –abastecerá el 17 por ciento del consumo–, las salidas para su puesta en marcha en el segundo semestre de 2022 no son del todo claras, en contraste con un pulso jurídico, político y económico que sube como espuma.

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Luego de que en marzo el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda que Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentó contra el consorcio subcontratista constructor del proyecto, la firma CCC Ituango, los diseñadores e interventores (iba tras una indemnización de 9,9 billones de pesos), desde septiembre el tono de la polémica ha pasado de castaño a oscuro sin que se resuelva el tema que realmente importa: que la central comience a generar.

Incluso, esta semana el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de una reunión de alto nivel citada en la Presidencia de la República, en la que exploró sin éxito la tesis de declarar una urgencia manifiesta para el proyecto, acusó a CCC Ituango de haber “bajado la calidad de los materiales, de los alambres, de las mallas y de los pernos”.

Además, dijo que la firma tomó decisiones irresponsables al cambiar los diseños, haciendo que hace tres años y medio el túnel de desviación se taponara.

El tono de la polémica viene en alza desde que a comienzos de septiembre la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos, en el que además del consorcio (conformado por las constructoras Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H), figuran otros 23 actores entre personas naturales y jurídicas.

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Desde entonces, EPM activó un plan para que, si CCC Ituango no puede seguir al frente de las obras, estas sean recibidas por firmas que estén interesadas y en capacidad de retomarlas, para lo cual hace unas semanas hubo visitas que tuvieron un documento de confidencialidad de por medio.

EPM activó un plan para que, si CCC Ituango no puede seguir al frente de las obras, estas sean recibidas por firmas que estén interesadas.

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Y mientras que, en paralelo, las partes –iniciando septiembre y antes del fallo de la Contraloría– avanzaron con la conformación de un tribunal de arbitramento en el que las pretensiones de EPM, según la empresa, suman 5,3 billones de pesos más 186 millones de dólares, el alcalde Quintero insistió esta semana en que el fallo de primera instancia puso en riesgo la continuidad de los subcontratistas, y si este se confirma en segunda instancia, estos no podrían seguir. Por ello –dijo– la mejor opción es que cedan el contrato, a un tercero que no puede ser una filial, o si no pueden seguir por razones financieras.

“Dos de estas empresas se acaban de declarar en insolvencia o reestructuración empresarial, y eso tiene unos riesgos de continuidad. (...) La ley les permite a los contratistas que tengan la primera opción en la cesión del contrato o pagar la plata. Esa es la mejor alternativa, que paguen los 4 billones de pesos, y ahí ya veremos qué pasa”, sostuvo.

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Quintero, presidente de la junta directiva de EPM, agregó que el plan B es que cedan el contrato y el plan C es que EPM haga un proceso de selección objetiva para que “el 1.º de enero tengamos un tercero que continúe la ejecución de las obras. Estimamos que en junio del próximo año, si no hay retrasos, entraríamos en operación”.

Asunto delicado

Pero, precisamente, el eventual cambio de subcontratistas es el punto central de la controversia, ya que desde el sector de la ingeniería hasta el Gobierno se ha planteado que el valor de los perjuicios se cubra con las pólizas de seguros. Según el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, son 2.556 millones de dólares para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, mientas que la póliza por el dinero dejado de percibir por el retraso es de 628 millones de dólares antes de la aplicación de deducibles.

Para Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, los efectos del fallo de responsabilidad fiscal pueden suspenderse debido a que el asegurador cubre la contingencia y la discusión debe derivar en la certeza de que no se ponga en riesgo la seguridad energética del país.

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Por su lado, un día después de la reunión en Presidencia, el presidente Iván Duque recordó que de Hidroituango depende en gran parte la seguridad energética futura del país, y que debido a que lo que ocurrió fue un siniestro, lo que tiene que operar es que las aseguradoras cumplan con el pago de las pólizas, ya que poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, tendría consecuencias graves. Pero el vicecontralor, Julián Ruiz, asegura que este argumento no quiere decir que el proceso debe o puede suspenderse, pues ello implicaría responsabilidades para los funcionarios encargados de adelantarlo.

“En la Contraloría no tenemos la plena seguridad de que los seguros cubran la totalidad del daño patrimonial investigado”, agregó.

Al respecto, EPM estima que la cifra final reconocida muy probablemente será inferior a los 5,3 billones de pesos más los 186 millones de dólares, una vez se apliquen condiciones como los deducibles y límites, entre otros. “Es muy pronto para determinar los montos de la inversión que no serían incluidos dentro del valor final de la indemnización”, explicó.

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En medio de este pulso que tiene en vilo al país, los siete decanos de las facultades de ingeniería de Antioquia, que el viernes expidieron una posición conjunta, advierten que cualquier acción que implique la suspensión parcial o temporal de las obras es inconveniente, por las implicaciones técnicas y económicas.

“Un cambio en los responsables de una obra de estas magnitudes haría muy difícil el adecuado seguimiento a su continuidad y a la correcta asignación de responsabilidades”, señalaron los académicos.

Hay estrés, pero no riesgo de apagón

En la Contraloría no tenemos la plena seguridad de que los seguros cubran la totalidad del daño patrimonial investigado

Las autoridades y entidades del sector eléctrico señalan que cualquier atraso de uno o dos años en Hidroituango sube el estrés y deja más vulnerable al sistema eléctrico, pero en el mediano plazo no se ven riesgos para la atención de la demanda energética.

Jaime Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, operador del mercado eléctrico, explicó que se han hecho análisis ácidos, considerando un consumo alto según las recientes proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), tomando aportes hídricos muy deficitarios, parecidos a los que se tuvieron en el fenómeno de El Niño pasado, e incluso en períodos más críticos y suponiendo que haya atrasos en proyectos tan relevantes como Hidroituango, de uno o dos años.

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“En esos escenarios vemos que tenemos cómo atender la demanda de energía y no vemos riesgos de racionamiento en esas condiciones. Sin embargo, es un escenario que deja al país mucho más vulnerable ante cualquier evento de alto impacto y de baja probabilidad, como una salida de operación intempestiva de otra máquina, y obviamente vamos quedando un poco más apretados”, aseguró.  Y dijo que por ello es clave que los demás proyectos que están en marcha vayan entrando.

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ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
Twitter: @omarahu

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