Al próximo presidente le va a tocar lidiar con el creciente problema pensional que enfrenta Colombia donde actualmente hay más de 3 millones de adultos mayores que no reciben ninguna pensión.
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Dentro de su programa de Gobierno, el candidato Gustavo Petro dice que quiere transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario pero no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio. Esto significa que el mayor peso se lo daría a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían pero no tendrían la relevancia de hoy.
Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares. El primero de ellos sería el solidario básico por el cual se garantizaría un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión, lo que según el candidato costaría unos 18 billones de pesos.
Luego estaría un segundo pilar contributivo en el que tendrían que cotizar en Colpensiones todas las personas que ganen entre 1 y 4 salarios mínimos y solo los trabajadores cuyos ingresos sean superiores podrían decidir dónde cotizar el excedente. Y por último estaría el ahorro voluntario complementario para los que lo deseen. Además, Petro dice que no se afectarían los derechos adquiridos y que no se incrementará la edad.
Del lado de Rodolfo, destaca que reformaría Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados. Además, revisaría la implementación de una carga impositiva a los pensionados privilegiados y, por ley, otorgaría una pensión de un salario mínimo a todos los adultos mayores, sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de salud.
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El tema de los impuestos es otra de las grandes preocupaciones de los colombianos, más en la coyuntura actual donde el dinero cada vez rinde menos con una inflación que a abril ya llegaba a 9,53 por ciento anual.
Debido a que el sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, Petro dice que promoverá una reforma que acabe con los tratos diferenciales injustificados social y económicamente y que con ella logrará recaudar 50 billones de pesos.
Para ello, propondrá del desmonte de los beneficios tributarios, políticas de evasión y elusión y el aumento del recaudo por cuenta de la progresividad en los impuestos. Adicional a ello, derogará la reforma que impulsó este Gobierno.
Entre otros, también subirá la tarifa de los dividendos o pondría tributos como cargos por congestión en las ciudades. También habla de que las normas penales por evasión deberán ser más contundentes. Y que quienes reciben recursos públicos no podrán estar en paraísos fiscales. Además, se compromete a no extender el IVA a la canasta familiar e impulsar impuestos saludables.
En cambio, Rodolfo propone aplicar una tarifa general de IVA del 10 por ciento, casi la mitad del porcentaje actual, que mantenga la canasta familiar libre del impuesto y reclasifique los demás bienes y servicios excluidos. Más adelante, también buscaría eliminar el impuesto del 4 x 1000 y habla de prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano produzca, hasta tanto no se haya asegurado su venta y se haya surtido el mercado local. Respecto al estatuto tributario territorial, dice que hay que incrementar la base de los ingresos tributarios territoriales, sin que ello implique nuevas reformas tributarias. “Solo redistribuyendo fuentes y mejorando los recaudos donde campean la elusión y la evasión”, indica.
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El problema del mercado laboral colombiano no solo es su alta tasa de desempleo, que en marzo llegó a 12,1 por ciento anual, sino la persistente informalidad cercana al 64 por ciento del total de los ocupados en el país. A ello se suma que el 50 por ciento de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo.
En materia laboral, Petro dice que pasará de una economía extractivista a una productiva en la que la tierra, la ciudad, la conectividad, el crédito y el saber no sean privilegios sino derechos. En específico, propone que el Estado actúe como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran trabajo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios.
En materia laboral, Petro dice que pasará de una economía extractivista a una productiva en la que la tierra, la ciudad, la conectividad, el crédito y el saber no sean privilegios sino derechos
Además, dice que el Estado contratará obras de menor tamaño e impacto local en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten.
Por su parte, Rodolfo, dice que frente a una crisis económica como la que atraviesa el país en materia de generación de empleo y formalización laboral, antes de una reforma tributaria podría ser más urgente adelantar una laboral.
Para ello, buscará generar empleo digno y vocacional. Además, habla de diseñar una política de incentivos e inversión en el campo para que existan el desarrollo y la vida digna que generan los empleos directos.
También dice que se impulsarán iniciativas como la autoconstrucción de aldeas integrales y de vías terciarias por parte de la población rural. Además, desarrollará estrategias de flexibilización laboral (teletrabajo, jornada continua) en los ámbitos públicos y privados que permitan el trabajo de la mujer cabeza de familia. “Se desarrollará un programa en el que el Estado, junto a las empresas, construya espacios para el cuidado de los hijos”.
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La educación en Colombia es el sector que más fondos del presupuesto de la Nación se lleva, con un total presupuestado para 2023 de 51,9 billones de pesos. Y el próximo presidente tendrá que enfrentar grandes retos en varios temas como los bajos resultados en términos de calidad; la dificultades en acceso, financiación y permanencia, pero sobre todo en la educación universitaria; la disminución en el aprendizaje por culpa de los aislamientos, entre otros.
En ese sentido, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández señalan en su plan de gobierno que es a la educación a la que le dedicarán la mayor parte del gasto público y que además aumentarán el presupuesto de este sector. Además, ambos buscarían la gratuidad tanto en la educación primaria y básica secundaria como en el sector universitario.
En el caso de Petro, por ejemplo, el candidato propone una educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Uno de los temas claves en los que se enfoca el candidato de izquierda es mejorar el acceso y la permanencia. Mientras que Hernández, que también buscaría mejorar la calidad y la cobertura, propone mejorar el desempeño docente para así aumentar la calidad educativa del país.
En cuanto al Icetex, señala Petro que siendo bajo su gobierno la educación pública es necesario transformar “la lógica bancaria del Icetex” y crear un “ambicioso plan de salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios”. Así, entonces, el Icetex se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado en el exterior.
Mientras que Hernández plantea condonar las deudas de los estudiantes con el Icetex, bajo tres filtros: estudiantes activos, con el fin de evitar la deserción; quienes hacen parte de los estratos 1 y 2; quienes obtengan los mejores promedios.
Ninguno de los dos explica de dónde saldrían los fondos para esas propuestas.
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Colombia no es solo el segundo país más biodiverso del mundo, sino también uno de los más vulnerables al cambio climático. El próximo presidente deberá enfrentar varios temas claves como detener la deforestación; establecer las estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático; hacer una transición que permita diversificar la matriz energética; detener los asesinatos de líderes ambientales e impulsar la ratificación de Escazú (una deuda del actual Gobierno), entre otros temas.
En ese sentido, tanto Petro como Hernández tienen visiones similares en temas como la transición energética, un reto cuyas bases deja ya sentadas el actual Gobierno.
El ingeniero propone desarrollar una política que incentive el uso de alternativas energéticas (solar, eólica, undimotriz, vapor del magma), que en el largo plazo elimine la dependencia de la industria extractiva fósil. Mientras que el candidato de izquierda señala que buscaría “hacer de Colombia una potencia mundial con soberanía hídrica y energética”. En ese sentido, si es presidente, Petro buscaría que el país transite de “una matriz energética primaria, predominantemente fósil”, hacia una diversificada, por ejemplo deteniendo la exploración petrolera.
La deforestación, el reto más grande en términos ambientales, también es abordada por ambos. Hernández plantea “establecer un plan de protección especial de la Amazonia colombiana y las zonas ricas en biodiversidad del país”. Mientras que Petro asegura que desarrollaría acuerdos para “erradicar la deforestación”. Ninguno de los dos candidatos desarrolla de dónde saldrían los fondos para dichas políticas. Expertos consultados por este diario aseguran que solo combatir la deforestación podría costarle billones al Estado.
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