El sector minero, representado en la Asociación Colombiana de Minería, se mostró preocupado por el fallo de la Corte Constitucional con el que se protegió el derecho de los habitantes del municipio de Pijao (Quindío) a través de las urnas frente a los impactos de la actividad minera en su territorio.
Santiago Ángel Urdinola, presidente de dicha agremiación, rechazó esa decisión y dijo que “no puede ser que una sentencia de esta naturaleza venga a dictar y a legislar sobre el sector (minero)”.
Según agregó Ángel Urdinola, “estamos analizando con nuestros abogados las acciones pertinentes a seguir, tomamos con mucha preocupación que una sentencia de unos derechos fundamentales que ellos consideran vulnerados cambie todas las reglas de una industria que ha venido apostando por Colombia”.
El dirigente gremial expresó que tan pronto conoció la decisión se reunió con sus abogados para estudiar la posibilidad de presentar un incidente de nulidad, para lo cual tienen un plazo de tres día.
EL TIEMPO quiso conocer también la posición del Gobierno frente a esta decisión, pero en el Ministerio de Minas y Energía se abstuvieron de emitir cualquier declaración al respecto dado que no conocen el texto definitivo del fallo, en tanto que no han sido notificados del mismo. (Además: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio)
“No se cual será el actuar de la Corte (Constitucional) ni del Gobierno, pero estamos muy asombrados por este tipo de tutelas que ponen unas cargas y fijan una serie de parámetros que no son dados por el legislador ni la ley”, indicó Ángel Urdinola.
A investigar en 2 añosY es que según consideró la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional en el fallo T-445/16, en un lapso de no más de dos años, el Estado deberá realizar una investigación “científica y sociológica” que permita conocer el impacto real de la minería en los ecosistemas de todo el territorio colombiano.
La medida se tomó luego de estudiar una decisión del Consejo de Estado sobre la posibilidad de hacer una consulta pública de minería en el municipio de Pijao, Quindío.
Muy participativoEl estudio deberá ser el resultado de una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la Contraloría General de la República.
También podrán vincularse entidades y miembros de la sociedad civil.
La Corte hizo énfasis en la falta de estudios nacionales que hablen de los impactos de la minería en la vida y las costumbres de los pueblos.
El alto tribunal sostiene que al ser consultados, tanto la Federación Nacional de Departamentos, el Ministerio del Interior y el de Minas y Energía dijeron carecer de investigaciones relacionadas con este tema.
En consecuencia de lo anterior, manifestó que: “En este orden de ideas, llama la atención cómo el Gobierno Nacional ha construido toda una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios”.
PúblicoOrdenó que el informe -que deberá estar listo en el 2018- sea publicado en la página web de todas las entidades que conformen la mesa interinstitucional. Además, tendrán que remitir trimestralmente copias de los avances y los cronogramas de trabajo a la Procuraduría y la Contraloría.
El fallo también ratifica otra decisión de esa misma Corte que en mayo tumbó la prohibición que existía para que alcaldes y concejos pudieran crear en sus municipios zonas vedadas para la minería.
En esa primera decisión el alto tribunal, que resolvía una demanda contra el Código Minero, señaló que a través de consultas populares y reformas de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) los entes locales si podían frenar cualquier proyecto minero, una facultad que hasta ese momento solo estaba en manos de las autoridades nacionales.
EL TIEMPO
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