El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM), manifestó su preocupación porque la Corte Constitucional, a través del reciente fallo en el que señala que los municipios pueden oponerse a la ejecución de proyectos mineros, está definiendo aspectos que deben tramitarse por ley.
La presidente de la entidad, Silvana Habib Daza, señaló que si bien se respeta la decisión judicial, sobre la cual habrá acciones de la entidad, hay una preocupación por el cambio en la posición de la Corte Constitucional, toda vez que en fallos pasados había hecho un llamado a cumplir con los principios constitucionales de concurrencia, subsidiaridad y coordinación, pero ahora les está asignando competencias a los municipios a través de sus fallos, cuando estas deben tramitarse mediante leyes orgánicas.
"En el marco legal de una acción de tutela, la Corte Constitucional está resolviendo asignar una competencia, cuando lo que se buscaba era la garantía de un derecho de participación ciudadana, y la Corte resuelve asignar una competencia a los entes territoriales. Esta competencia sería la de prohibir la actividad minera”, agregó la funcionaria.
Según Habib, como se han hecho con los diversos fallos, la decisión será revisada por el equipo jurídico de la ANM, con el fin de determinar cuál acción se puede interponer para que la Corte tenga en cuenta los argumentos de que, para hacer primar una competencia sobre otra primero tiene que hacerse por ley orgánica.
“Queremos entender si la Corte sigue con la posición de que deben concurrir las competencias”, indicó.
Y señaló que la inversión extranjera directa, que en minería representa el 4,5 por ciento del total del país, siempre pide reglas claras, por lo que estos cambios de postura generan incertidumbre.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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