El monto total del presupuesto de la Nación para el 2017 –previsto en 224,4 billones de pesos–, como es tradición, seguramente será aprobado por las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara antes del 15 de septiembre, según lo señalan las normas. No obstante, antes del inicio del debate, hoy en el Congreso, la preocupación ronda y la expectativa es total.
Para algunos analistas, la tarea de financiar los gastos para el próximo año es dificultosa y podría seguir en la misma línea de los dos presupuestos anteriores, planteados por un monto y luego sometidos a fuertes recortes que castigan principalmente la inversión en obras para la gente.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto está amparado en una ‘nueva economía’ (sin contar con el empuje de la minería, la vivienda y la infraestructura).
Pero el senador Iván Duque, en un análisis macroeconómico del panorama, advierte que “el Estado tiene dificultades para encontrar nuevas fuentes de ingresos adecuadas, ya que ningún otro sector productivo ha podido reemplazar la importancia que en materia comercial, cambiaria y fiscal significó el sector mineroenergético”.
Hay que recordar que, según el proyecto de presupuesto 2017, presentado por el Gobierno en días pasados, de los 224,4 billones de pesos totales, 137,7 billones serán para funcionamiento, 32,9 billones para inversión y 54,3 billones para el servicio de la deuda.
En el contexto de la ‘nueva economía’, la industria, la agricultura y el turismo han sido identificados como estratégicos para mantener el nivel de empleo y el crecimiento económico, pero la inversión en el agro es la que más cae (–33,6 % frente al de este año).
Entre tanto, los catalogados como gastos ‘improductivos’, como pago de sueldos, pensiones y deuda, tienen incrementos exorbitantes.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tras la radicación del proyecto de presupuesto en el Legislativo, indicó que el contenido de esta iniciativa “refleja la nueva realidad fiscal de Colombia y mantiene la política de austeridad inteligente”.
Esta afirmación, para el centro de estudios económicos Anif, se aleja de lo posible, toda vez que “el Ministerio de Hacienda ha tenido que actuar de forma ‘no tan inteligente’ al optar por recortar precisamente la inversión pública productiva hasta llevarla a tan solo un 1,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) (frente a un promedio histórico de 1,8 %), y teniendo que incrementar los regresivos gastos pensionales a niveles del 4,2 por ciento del PIB (por cuenta de su inacción en este frente)”.
Para Anif, la muestra de que hay motivos para preocuparse es que, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el 2015 se requerían dos puntos del PIB en recursos adicionales para no tener que aumentar el déficit fiscal que impone la norma de la regla fiscal.
Ahora, esa necesidad ya creció y es de 3 por ciento del PIB, sin contar con que subiría a 4 por ciento si se contemplan las obligaciones presupuestales que se derivarán tras los acuerdos de paz.
La necesidad de ingresos aumentó y lo que no se ve claro es la disponibilidad de una fuente para obtenerlos, ya que si la economía no crece, tampoco lo harían los ingresos del Estado provenientes de los impuestos actuales.
Y la reforma tributaria prevista para tramitar este año, según los planes financieros que ha presentado hasta ahora el Ministerio de Hacienda, no dan muestras de que aportarán recursos en el 2017.
Es más, en cuanto a la disponibilidad de tributos, la expectativa podría seguir a la baja, teniendo en cuenta que el recaudo en el 2015, según análisis de la Contraloría General, rindió menos de lo esperado.
“Los ingresos corrientes de la Nación, que comprenden los impuestos directos e indirectos, registraron un recaudo total de 102,7 billones de un presupuesto de ingresos estimado en 110,5 billones”.
El menor recaudo efectivo de dichos ingresos obedeció a la caída del impuesto de renta y complementarios, compensado, en parte, por el recaudo de la sobretasa del impuesto de renta para equidad (Cree). Un rubro que también estuvo por debajo de lo programado fueron los recursos de capital, debido a la caída de la liquidación de utilidades de las empresas, especialmente de Ecopetrol.
Las condiciones que llevaron a esa situación y al Gobierno a hacer un recorte presupuestal por 9 billones de pesos en 2015 no han cambiado y ahora, aunque se habla de una nueva economía, con nuevas locomotoras, su arranque aún está en frío.
“El incremento nominal del presupuesto para el 2017 es del 4 por ciento (sin servicio de deuda), lo que sin lugar a dudas es bastante apretado, al representar una contracción del gasto del orden del –2,7 % real”, advirtió Anif.
Desde esa perspectiva, Anif se pregunta ¿qué ‘nueva economía’ podremos esperar de un gasto público que, en vez de incrementar la inversión productiva –hoy arrinconada por la ‘indexación salarial’–, está agravada con recurrentes ‘paros nacionales’ que terminan incrementando los gastos de nómina a ritmos del 8 por ciento anual frente a un crecimiento económico estancado en promedios del 3 por ciento anual?
A ello se agrega la observación del senador Duque: “Es sorprendente que se hayan dejado por fuera dos locomotoras que, hasta hace poco, sacarían adelante la economía: infraestructura y vivienda. Y la explicación no es otra: sin gasto público, estas locomotoras no se moverán; en otras palabras, la caída en la inversión pública las frenó tajantemente”.
En medio de esas preocupaciones, hoy se iniciará el debate para el proyecto de presupuesto 2017, que debe estar aprobado, en su totalidad, antes del 20 de octubre.
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