El fallo de la Corte Constitucional que ordenó suspender la construcción de la doble calzada entre Sincelejo y Tolú Viejo, en Sucre, con “el argumento de una eventual vulneración del arraigo ancestral de la comunidad asentada en la zona del proyecto”, sienta “un gravísimo precedente para el sector”.
Así lo manifestó el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, quien agregó que ante esa decisión del alto tribunal es “urgente que el Gobierno Nacional tramite con urgencia una ley estatutaria de las consultas previas”.
La sentencia de la Corte ordenó parar las obras, tras resolver una acción de tutela interpuesta por comunidades zenúes que viven en terrenos cercanos al cerro Sierra Flor, quienes alegaron que el proyecto vial no había hecho la consulta previa con ellos y las obras les afectarían lugares sagrados.
“Respetamos pero no compartimos el fallo de la Corte, que desconoce la estructuración del proyecto, las certificaciones del Gobierno y pone en riesgo la estabilidad económica y jurídica de las inversiones”, dijo Caicedo.
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Agregó que la sentencia alterará los cronogramas contractuales, cumplimiento de los contratos y romperá su equilibrio económico.
La decisión del alto tribunal afectará la construcción de 600 metros que faltaban de doble calzada, que ejecuta el concesionario Autopistas de la Sabana SAS y que no podrá culminar hasta que haga la consulta previa con estas comunidades.
El concesionario ha dicho que la consulta previa se hizo con las comunidades que el Ministerio del Interior certificó y que las demandantes aparecieron dos años después de ese proceso.
EL TIEMPO
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