Abultado gasto en nómina hace urgente revisar el empleo público

Abultado gasto en nómina hace urgente revisar el empleo público

Fortalecer carrera administrativa, una escala salarial más simple e información clara, las claves.

Empleo público en Colombia

La Comisión de Expertos del Gasto Público recomendó hacer una transformación del esquema de empleo público en Colombia.

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Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

11 de febrero 2018 , 10:00 p.m.

Los 30,9 billones de pesos que costará la nómina pública en el 2018, según la Ley de Presupuesto General, para cubrir una planta de 1’100.000 funcionarios, son uno de los argumentos que llevaron a la Comisión de Expertos del Gasto Público a hacer fuertes críticas y a recomendar una transformación del esquema de empleo público en Colombia.

Por ello, se considera que recomponerlo es clave para el gasto del Estado y los bolsillos de los ciudadanos que aportan impuestos, pues, como está hoy, representa el 13,1 por ciento de todo el presupuesto del año, que suma 235,6 billones de pesos; el 21 por ciento de los gastos de funcionamiento, que son 147 billones de pesos, y equivale al 77,8 por ciento de lo que el país destina a la inversión en obras, para lo cual hay una partida de 39,7 billones de pesos.

Además, en países desarrollados el gasto racional en la mano de obra oficial es una de las primeras condiciones para que el Estado haga su tarea con eficiencia. No obstante, en Colombia, la Comisión de Expertos encontró falencias que agrupa en tres grandes segmentos.

Empezando porque del informe de los comisionados se desprende que ni siquiera se conocen con exactitud las características y el costo de la nómina pública. “Hay limitaciones en la información e incoherencia”.

Las cifras de la proporción de la planta de personal en el sector público están dentro de un rango, pese a que el tema es fácilmente medible: “La proporción en el total de empleo en el país es de entre 4 y 5,3 por ciento”, expresan los comisionados.

Al respecto, Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) –quien si bien coincide con la comisión en muchos de sus señalamientos, también rebate otros tantos–, explica su perspectiva. “Lo que existe en las plantas de personal es lo que llamamos empleo público. Este registro lo administra Función Pública con el Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), en el que hay 1’151.581. La otra modalidad son los contratos de prestación de servicio, que se encuentran en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Entonces, no es que no tengamos la información”.

Trabas por tipo de contrataciones

Para la Comisión, entre tanto, es difícil hacer una buena gestión del recurso humano público en medio de la variedad y magnitud de formas de contratación de mano de obra para realizar trabajos en las entidades del Estado. “Se utilizan supernumerarios, plantas temporales, contratistas de prestación de servicios y contratos de personal a través de terceros. A ello se suma una escala salarial con un número excesivo de grados y con escasa diferencia en salario entre un nivel y otro, en un contexto de elevados costos de los concursos”, advierten los expertos.

Este esquema estimula la proliferación de encargos en provisionalidad, agregan los comisionados. Y no es para menos, en el mencionado esquema, para citar solo un ejemplo, hay 28 grados para remunerar los cargos directivos, que van entre los 2,8 y 12,5 millones de pesos. Las asignaciones más altas son para un escaso número de trabajadores y, sin embargo, se llevan el mayor rubro de la torta presupuestal del empleo público. Muestra de ello es que la Rama Judicial tiene asignado –en el Presupuesto General– 2,79 billones de pesos para cubrir una nómina de 31.289 empleados. Esto implica que, si todos ganaran igual, recibirían al año 89,1 millones de pesos cada uno, un promedio salarial de 7 millones de pesos al mes.

Para Liliana Caballero, la alta contratación con modalidades distintas a la de carrera administrativa obedece al cumplimiento de la Ley 617, que, para ella, ha sido un instrumento clave para el control del gasto público. “La cantidad de contratistas por prestación de servicios no es ilegal, es una figura establecida en la Ley 80. Y como muchas entidades no pueden tener en sus plantas el número de empleos que se necesitan, porque la Ley 617 establece topes en gastos de funcionamiento, no les queda más que contratar de esa manera, para labores especializadas o proyectos transitorios, o porque la planta no es suficiente”. Es así como, además del abultado monto que se asigna en el presupuesto general para gastos de personal, las entidades terminan contratando con recursos de otros cajones.

Debilidad en carrera

Entre las falencias que señaló la Comisión está además un tercer gran segmento: la debilidad en la carrera administrativa pública, en la que se incrustan los trabajadores, con una disyuntiva: si el empleado es bueno, se queda estancado, sin mucha posibilidad de ascenso; si es malo, también es inamovible.

“Hay una rigidez legal de las relaciones laborales en el sector público, en especial en lo relacionado con decisiones de retiro del servicio por parte del empleador”, expresa el informe. Al respecto, la directora del DAFP dijo coincidir con esta crítica. “Otros sectores públicos, en materia de empleo, son como pirámides (la carrera militar). En la Rama Ejecutiva no. Con las sentencias de la Corte, que indican que las vacantes deben someterse a concurso abierto, las posibilidades de ascender son nulas. El año pasado presentamos un proyecto de ley para que se pueda hacer lo que se hace en la Fiscalía, preservar el 30 por ciento de cargos para ascensos”.

MARTHA MORALES MANCHEGO
EL TIEMPO
marmor@eltiempo.com
En Twitter: @marthamoralesm

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