El pulso que esta semana ganaron los alcaldes y gobernadores, para que el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, les devuelva los recursos provenientes de la sobretasa que iban a perder por el ajuste a la baja de la base de cálculo de este impuesto, y que iba a generar un impacto de 500.000 millones de pesos al año en sus finanzas, lo terminarán pagando todos los colombianos, tengan o no un vehículo.
Luego de que dicha rebaja compensara en el bolsillo de los usuarios los efectos del nuevo impuesto al carbono (135 pesos por galón de gasolina y 152 pesos por galón de ACPM) más el aumento en el IVA, ahora la salida será asumir ese impacto con cargo al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), para evitar un alza fuerte en el galón de gasolina y de ACPM.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, confirmó que si bien algunos componentes del precio de cada galón se ajustan a la baja cuando cae el precio internacional de los combustibles, se va usar el FEPC para mitigar el impacto.
Lo anterior, porque por lo menos habría que subir el valor del galón de gasolina en 332 pesos, según las cuentas que hicieron los alcaldes y gobernadores cuando protestaron por la reducción en sus ingresos.
“Lo que vamos a hacer es que vía el fondo, que tiene como propósito estabilizar los precios al consumidor, se va a amortiguar el ajuste, y para los municipios será transparente porque se volverá al valor anterior”, indicó.
Es decir, mientras se lleva al Congreso de la República un proyecto de ley para establecer técnicamente una base de la sobretasa (no está definida hoy en día), utilizar el FEPC implicará seguir ahondando su hueco, cuyo saldo está cercano a los 5 billones de pesos, según el Ministerio de Hacienda.
Fuentes enteradas del tema explicaron que los fallos del Tribunal, que prohibieron al Ejecutivo ahorrar en el fondo cuando los precios internacionales de los combustibles estuvieran a la baja, impidieron alimentar dicha cuenta.
Posteriormente, como consecuencia de otra sentencia, el Gobierno tampoco pudo hacer ese ahorro, situación que ya corrigió la reforma tributaria vigente.
En total fueron 28 meses en los que el Gobierno no pudo usar esta fuente de ahorro y perdió la oportunidad de aprovechar que el precio internacional del galón de gasolina de 86 octanos en el golfo de México pasó de bordear los 5.000 pesos en julio del 2015 a estar por debajo de 3.000 pesos en marzo del 2016.
Incluso, aunque el año pasado los combustibles subieron en dicho mercado, su precio no alcanzó a devolverse hasta los 5.000 pesos por galón.
Como se recuerda, la Corte Constitucional prohibió, por no haber sido aprobada por el Congreso, la principal fuente del FEPC, que consiste en que, cuando el precio baja, una parte del descenso se traslada al usuario y la otra se ahorra en dicho fondo, para utilizarla cuando los precios estén al alza.
Según conoció EL TIEMPO, en los encuentros entre alcaldes y gobernadores con el Gobierno, los habituales defensores de los usuarios brillaron por su ausencia, ya que no hubo quien apoyara las tesis del Gobierno, lo que lo obligó a resolver la situación acudiendo al FEPC.
Desde mediados del año pasado, tras un debate en el Congreso de la República, el Ministerio de Minas comenzó a revisar los 14 componentes que conforman el precio de cada galón de gasolina o ACPM, pues mientras que el valor que se le reconoce a Ecopetrol (ingreso al productor) bajó al ritmo de la caída de los precios mundiales, con los demás no pasaba lo mismo.
Lo anterior, porque mientras que en el 2012 el ingreso al productor representaba el 50 por ciento de cada galón, en el 2016 dicho porcentaje llegó al 44 por ciento.
Uno de los rubros que fue revisado y ajustado a la baja fue el margen mayorista, que en enero se redujo en aproximadamente 10 pesos por galón, mientras que el de los distribuidores minoristas (estaciones de servicio) está en estructuración final.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
