Con la confianza en que en el 2022 la economía del país logrará reponerse del duro golpe que la pandemia del covid-19 le propinó, y tras un difícil comienzo por el poco respaldo político que tuvo la propuesta del exministro Alberto Carrasquilla, el Congreso aprobó esta semana el proyecto de inversión social.
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La iniciativa, que mantiene hasta 2022 las ayudas sociales a los más afectados por las restricciones a la movilidad, adoptadas para contener el impacto del covid-19, hace ajustes al estatuto tributario, como devolver la reducción gradual de las tarifas del impuesto de renta de las empresas, la cual se estableció en la ley de financiamiento de 2018.
Y tras las medidas de emergencia tomadas desde 2020 para fortalecer el sistema de salud y darles una mano a los más vulnerables a través de Ingreso Solidario y subsidios a las empresas para que se mantuvieran activas sin despedir empleados, Colombia tenía que comenzar a enderezar sus finanzas públicas.
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El texto de 65 artículos, de los cuales 10 fueron a comisiones de conciliación, prevé un recaudo anual de 15,2 billones de pesos. De esta suma, la nueva ley, que será promulgada el martes, prevé que en 2021 se destinen 3,8 billones para terminar de cubrir los pagos de Ingreso Solidario del año, la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), los subsidios por el empleo juvenil y de mujeres mayores de 28 años que se cree en lo que resta del 2021, así como el apoyo a las empresas afectadas por el paro.
Para el 2022, el Gobierno destinará 8,1 billones a los temas de inversión social para terminar de superar la pandemia y 6,4 billones de pesos para iniciar el proceso de estabilización fiscal.
Y a partir del 2023, cuando se prevé que la economía haya consolidado su recuperación y el colapso por el covid-19 sea un mal recuerdo, casi la totalidad de recaudo anual se irá a tapar el mayor hueco fiscal que hubo que asumir, vía deuda, por la pandemia.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, quien desde antes de la radicación del primer proyecto (el que se debió retirar) propuso la fórmula central que finalmente se adoptó, asegura que se estaba escogiendo, de todos los males, el que probablemente hacía menos daño, ya que no era el momento de que más personas comenzaran a tributar o que quienes ya lo hacen asumieran un esfuerzo mayor.
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Con base en lo anterior, esta reforma tributaria no incluyó ajustes a los impuestos de las personas naturales. Por eso, para lograr 6,7 billones de pesos anuales se dejó fija la tarifa de impuesto sobre la renta a las empresas del 35 por ciento, porcentaje sobre el que las entidades financieras deberán pagar hasta el 2025 una sobretasa de 3 puntos, para una tarifa el 38 por ciento.
La otra fuente grande, que pondrá 3,9 billones, se dará al mantener en el 50 por ciento el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) que las empresas hacen del impuesto de renta.
Asimismo, la ley creó un impuesto complementario de normalización tributaria de activos omitidos por los contribuyentes, cuya tarifa es del 17 por ciento.
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Y con medidas que extreman el control a la evasión, como el cambio a los sistemas de facturación y el intercambio automático de información tributaria, se proyecta un recaudo promedio por año en 2,7 billones de pesos. Por su parte, las medidas de austeridad aportarán 1,9 billones de pesos anuales.
Durante 2022, el 58 por ciento del recaudo se irá en las ayudas sociales. De los 8,8 billones de este concepto, por la extensión del Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022 se usarán 6,6 billones (el 43,4 por ciento del total), con la opción de evaluar el programa y darle continuidad.
Otro medio billón de pesos se irá a los subsidios para fomentar la generación de empleo, un billón más se usará en apoyar al sector turístico y 700.000 millones de pesos irán para el esquema de ‘matrícula cero’, el cual será el único que tendrá carácter permanente en la asignación del presupuesto de la Nación de cada año.
Así, los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 matriculados en instituciones de educación superior públicas serán los beneficiarios.
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Y solo durante lo que resta de 2021 se ampliará el Paef para beneficiarios que para el periodo de cotización de marzo de 2021 hayan tenido un máximo de 50 empleados; es decir, tendrá foco en las pequeñas y medianas empresas. Además, una vez acabado el 2021, el Gobierno considerará la extensión del programa hasta un año adicional dependiendo de las situaciones fiscal y social del país.
Los recursos remanentes de 2021 y 2022 comenzarán a aportar para ir cerrando de forma gradual cada año el hueco financiero que se abrió en las finanzas públicas para pasar el trago amargo del covid-19.
En la reforma tributaria también quedó avalado el apoyo a los sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos, de tal forma que la Nación podrá establecer esquemas de cofinanciación para solventar hasta el 50 por ciento del déficit operacional de los sistemas masivos (grandes ciudades) y estratégicos (ciudades intermedias), generado por la pandemia, siempre y cuando la entidad territorial aporte la otra mitad.
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