El escándalo sobre corrupción en los contratos de la multinacional brasileña Odebrecht se ha limitado en Colombia a un tramo de la Ruta del Sol y se investiga el contrato de navegabilidad del río Magdalena. Pero, en el plano nacional, el escándalo no contamina la contratación en el país. Deja al descubierto sí una grave corruptela en gobernaciones y municipios, que el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, no vacila en calificar de “perversa”.
Él asegura que las contralorías “están podridas” y que urge la aprobación nacional del llamado “pliego tipo”, así como la financiación pública de las campañas. Denuncia que en la corrupción está comprometida la clase política y también la empresarial.
“En términos generales, los contratos, sobre todo los que se han adjudicado en los últimos años, van muy bien. Se han adjudicado con transparencia cerca de 20 vías dentro del programa de cuarta generación de concesiones viales, por un valor de 40 billones de pesos. Estamos haciendo inversiones anuales de 400 millones de dólares para optimizar la operación de los puertos marítimos. En aeropuertos, se adelanta una inversión cercana a los 3 billones de pesos para modernizar 48 terminales. Se avanza en la recuperación del ferrocarril Bogotá-Chiriguaná y también del Bogotá-Belencito, y el Gobierno se empeña en salvar el Tren del Pacífico. En síntesis, la corruptela de Odebrecht no detendrá la marcha de la infraestructura sana en el país”.
¿Cómo se ha logrado semejante avance sin ninguna queja?
Las carreteras para la prosperidad, los corredores de mantenimiento integral, las vías para la equidad, a cargo del Invías, han utilizado el esquema de los documentos estandarizados. Invías ha implantado la modalidad de un pliego-tipo. De alguna manera, es injusto entonces que la mancha de Odebrecht se descubra justamente cuando el país ha empezado a hacer las cosas bien en materia de infraestructura, especialmente en el nivel nacional.
¿El episodio Odebrecht es la única manifestación de corrupción?
No, de ninguna manera. Es grave, muy grave, lo que está sucediendo en las regiones. En un 76 por ciento la contratación de los departamentos está manejada para únicos oferentes, y en un 96 por ciento sucede lo mismo en los municipios.
¿Por qué ocurre ese fenómeno de corrupción?
Se están devolviendo favores políticos a través de la contratación en el nivel regional. Se han relajado en exceso las instancias de control regional, vale decir, las contralorías regionales. Se politizaron esas entidades. Se pudrieron. Los políticos que, de manera indebida, intervienen en la contratación de departamentos y municipios tienen cuotas políticas en dichas contralorías. En principio, estaríamos de acuerdo con el contralor general, Edgardo Maya, en el sentido de que se haga una gran reingeniería en torno a esos entes, para que no estén cooptadas y permeadas por la corruptela política. Son coto de caza de la politiquería.
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Pero ¿cómo practicar lo que usted llama la reingeniería?
Hay que cambiar totalmente el esquema operativo de esas entidades. No es sano que nos quedemos sin control en las regiones. Si eso no es posible, estaríamos finalmente de acuerdo con que es mejor acabarlas.
¿Qué otros aspectos podría tener esa reingeniería?
La adopción de un pliego-tipo vinculante por ley de la República; eso haría más racional, fácil y revisable el trabajo de las contralorías.
Puntualmente, ¿qué es lo que pasa con la contratación en las regiones?
Se manipulan los requisitos habilitantes y los criterios para calificar, para que los pliegos conduzcan a un único oferente. Si se acaba tal perversidad, se abre el camino, además, a la presencia de muchos oferentes en los procesos licitatorios.
¿Por qué es tan tajante cuando afirma que las contralorías están podridas?
Porque están totalmente podridas. Hay un vínculo perverso entre política y contratación: el de los puestos y los contratos. Es un problema del sistema: el político que busca contratos lleva hojas de vida a las contralorías para que desde allí se protejan, con el silencio, los contratos corruptos. Por eso, lo que está sucediendo en las regiones no ha tenido freno ni control.
¿Cómo se puede corregir, enmendar o acabar semejante situación?
El presidente Santos ha hecho ya un buen un anuncio sobre el particular: acabar con la financiación privada de las campañas. La elección popular de alcaldes y gobernadores nos metió en una paradoja muy curiosa: ganamos en democracia, pero perdimos en transparencia. Lo que estamos viendo en muchos pueblos y en capitales de departamento es que el gamonal del territorio financia la campaña, pero a condición de que después se le retribuya con contratos. Como usted puede ver, lo que está fallando no es la ley; es un problema del sistema.
La aprobación del pliego tipo y de la financiación oficial de las campañas demora. ¿Cómo detener, mientras tanto, la corrupción regional?
Suena un poco romántico, pero no podemos seguir estimulando a la clase política con el argumento de que, si vota las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, se le retribuye con puestos y contratos. Eso hay que acabarlo. Es una decisión de país.
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Pero toda esta corrupción no existiría si no participa el sector privado...
Así es. Así como hay funcionarios corruptos, hay también contratistas corruptos. Estos últimos, generalmente, se acercan al funcionario proclive a la corrupción en busca de un ‘acuerdo’ para que se le otorguen contratos en determinadas condiciones, y la coima se reparte finalmente entre los dos. En otras ocasiones aparece un intermediario político –llámese concejal, diputado o congresista– que hace una especie de puente entre el contratista corrupto y el funcionario que también lo es. En este caso, la coima no se reparte entre dos sino entre tres.
¿Usted dice que la clase política está corrupta en materia de contratación?
De ninguna manera puedo generalizar. Hay sectores transparentes en la política. Pero, en términos generales, sí hay un fenómeno de corrupción propiciado por la clase política. Claro, juegan también contratistas privados que contribuyen con sus dádivas a la degradación del papel del servidor público que se corrompe.
¿Las coimas existen porque las admiten la clase política y el sector privado?
Evidentemente. En ocasiones, el origen de la contratación corrupta está en el sector privado. Ese es, por ejemplo, el caso del escandaloso y repudiable soborno ofrecido por Odebrecht a un funcionario.
¿La corrupción política no se origina en que las campañas electorales son costosas?
Claro. Hay que ponerles unos topes racionales a las campañas para que todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones. En la medida en que son costosas, se genera este vínculo perverso entre el funcionario elegido y el gamonal que después exige retribución por la financiación de la campaña, usualmente a través de contratos. Por eso, la financiación estatal de la política, con topes racionales al valor de las campañas, es un paso en la dirección correcta.
¿Qué es el pliego tipo? Porque una cosa es una carretera y otra, un puente...
Lo estandarizable no son las circunstancias técnicas de los proyectos. Cuando se habla de pliego tipo, se trata de un proceso contractual donde se estandarizan las condiciones habilitantes en materia de experiencia, de capacidad financiera y los criterios de calificación de los contratistas, para evitar así que lleguen únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios de los contratos. Si hay pliego tipo, se les cierra la puerta a lo que hemos llamado los ‘pliego sastre’, hechos a la medida de un determinado interés. Es tal vez esta la gran modificación que amerita un ajuste a la Ley 80 de 1993.
¿Por qué ese paso no se ha dado?
Porque ha faltado una mayor convicción en los gobiernos de turno. El Vicepresidente y el Ministro de Transporte lideran un proyecto que cursa en el Senado, y que establece esta figura, la del pliego-tipo. Pero a veces uno siente angustia porque no se ve unanimidad dentro del Gobierno en relación con la bondad de este instrumento.
¿Por qué dice que no hay unanimidad en el Gobierno sobre el pliego tipo?
Colombia Compra Eficiente, que es la Agencia Nacional de Contratación, creada por el Gobierno para propugnar por las buenas prácticas en esta materia, no es muy amiga del pliego tipo, con un argumento que en el gremio que represento no compartimos. Según ella, hay que respetar la “autonomía” de las regiones y la “autonomía” de los funcionarios en los territorios.
¿La Agencia Nacional de Contratación?
Sí, la que maneja y dirige una profesional de los mejores quilates, la ‘Paca’ Zuleta. Ha sido la misma Corte Constitucional la que ha dicho que, tratándose de un interés nacional, como es en este caso la transparencia en la contratación, la autonomía de las regiones tiene límites y 11 fronteras. De manera que no es válido el argumento de la autonomía; si ese argumento fuera válido, estaríamos llegando a la conclusión de que en Colombia, la corrupción también es autónoma.
¿Hasta dónde son necesarias más y más leyes para frenar la corrupción?
Hay que tener cuidado con no jalarle mucho al fetichismo jurídico. El problema no está en las normas, es un problema del sistema, que no se corrige a través de cambios legales. Se corrige cambiando el comportamiento de los funcionarios y los contratistas. Mire usted, ¿qué pasó con el fenómeno Nule y qué pasó en esos contratos corrompidos? La génesis de estos no radica en fallas de la ley, sino en fallas de los funcionarios.
¿Las regiones están llenas de ‘grupos Nule’?
Desafortunadamente, sí, pero desde allá no son tan visibles. Tales grupos han cooptado la mayor parte de la contratación en las regiones. Son los mismos contratistas regionales desde hace 15, 20, 25 años. Son pequeños grupos Nule regados como una mancha de aceite por el país, y eso no es un problema de ley.
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¿Los empresarios tienen claridad sobre el tamaño hoy del soborno?
Sí. Hace unos pocos años se hablaba en Colombia de que el funcionario se contentaba con una retribución o un soborno equivalente al 10 por ciento del valor del contrato. Esa suma asciende hoy en día, según una encuesta realizada por la Cámara que presido, al 14 por ciento del valor del contrato en los departamentos y al 15 por ciento en los municipios. Esto es un desangre.
¿Quiénes son los grandes afectados por la corrupción en la contratación?
Los contribuyentes, los usuarios de las obras y el inmenso grupo de pequeños y medianos empresarios –vale decir, las pymes de ingeniería–, que en Colombia son cerca de 90.000 empresas de bien que se han quedado por fuera de la contratación, por la práctica nefasta de los pliegos hechos para únicos oferentes, hechos a la medida. Esas pequeñas y medianas empresas se defienden hoy como subcontratistas de empresas mayores. Una encuesta realizada por la Cámara a mi cargo demuestra que casi el 50 por ciento de ellas, desde hace cinco años, no han podido contratar con el Estado. Eso es grave. No es justo que solo participen los grandes consorcios y queden por fuera las pequeñas y medianas empresas de ingeniería.
En el 2016, en 26 procesos llegaron 2.000 ofertas, para un promedio por oferta de 76 oferentes. Esto es una revolución silenciosa.
Celebramos que el propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hubiese anunciado hace dos días su decisión de adoptar el pliego-tipo en las localidades de la capital. Recuerde usted la corrupción rampante evidenciada en esas localidades en el reciente pasado, hasta el punto de que una decena de funcionarios de la pasada administración capitalina están siendo investigados por tal motivo.
A pesar de Odebrecht, la infraestructura seguirá su marcha, pero tendremos que hacer una gran reforma del sistema político, no necesariamente de las leyes, si en verdad queremos que la plata de los colombianos no se la sigan robando los contratistas y los funcionarios corruptos. La campaña electoral que se avecina estará irremediablemente vinculada a ese imperativo.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
