Los economistas más avezados dijeron que la economía había tocado fondo en el 2016 y que en el 2017 saldríamos de la crisis. ¿Por qué está pareciendo como si eso no fuera a ser posible?
Yo no tendría una visión tan pesimista. Las últimas cifras oficiales son las del primer trimestre y muestran un crecimiento de la economía del 1,1 por ciento. Por supuesto que ese es un indicador bajísimo. Si la tasa de crecimiento poblacional está en el 0,9 por ciento, estamos muy cerca de que no solo el ingreso per cápita no crezca, sino que se reduzca.
¿Y, entonces, de dónde el optimismo?
El consenso económico es que el año tendrá un comportamiento mejor que ese y que creceremos más que el 1,1, quizá el 2 por ciento, que sigue siendo una muy mala cifra, pero sería la mejor de América Latina, por lo menos en relación con los países grandes después de Perú.
Sí, pero pensamos que cuando bajaran las tasas de interés se iba a producir una reactivación económica. Eso no ha sucedido…
Mantener la economía a flote en un entorno internacional de bajo crecimiento es posible con una buena política macroeconómica, que tiene que ver con la inflación, con la balanza de pagos, con las tasas de interés. Pero si la economía no se hace más productiva, si no genera más empleo formal, si los procesos logísticos no mejoran, si la calidad de la oferta de servicios estatales permanece tal cual, solo podríamos aspirar a un crecimiento, digamos, relativamente lánguido.
¿No hay una recuperación de la economía mundial?
Sí la hay, en este caso liderada primero por la India y luego por China, pero son tasas más modestas de crecimiento que las que observamos del 2000 al 2015.
¿En ese escenario internacional, qué chance nos queda?
Por primera vez en la historia de Colombia, los pobres son ahora menos que la clase media, pero la sostenibilidad de todos esos logros sociales, que se consiguieron con altas tasas de crecimiento económico, depende de reformas estructurales. En formalización del empleo y pensiones, por ejemplo.
La inflación parece estar controlada, pero uno no deja de preguntarse si eso es debido a que pasó la crisis estacionaria de alimentos, o a que el país está acariciando una recesión…
Técnicamente, el país no está en recesión. Tuvo en el primer trimestre un mal desempeño. Esperaríamos que cuando se conozcan las cifras del segundo trimestre, los números mejoren. Las expectativas para fin de año son, digamos, del orden del 2,3, 2,5 por ciento, que no serían tasas malas en el contexto de la región, como ya lo dije, pero que no son muy significativas. No basta que baje la inflación. Es ese el mensaje que quiero dar. La buena política macroeconómica en un contexto de ausencia de reformas estructurales y de un crecimiento mundial relativamente bajo, no nos va a permitir consolidar y avanzar en los logros sociales.
Hay un aumento del 40 por ciento de la cartera vencida de los colombianos con los bancos. ¿Nos debemos preocupar?
La dinámica requiere atención de las autoridades, pero no es especialmente grave. Por fortuna, y esto es un elemento, digamos, de dotación institucional robusta, la solvencia del sistema bancario, el grado de cobertura, de aprovisionamiento que tiene esa cartera, permite soportar este chaparrón de deterioro de las carteras bancarias, y superarlo. Siendo preocupante, no avizoro allí una situación catastrófica.
¿Qué tan inminente es el riesgo de una rebaja de calificación en el grado de inversión?
El riesgo es de naturaleza catastrófica, pero de baja posibilidad de ocurrencia. Colombia tiene dos grados por encima del grado especulativo, y lo tiene con las tres calificadoras internacionales. Solo una de ellas, Fitch Ratings, ha dado un señal de alarma. Entre esa señal de alarma y una eventual reducción del grado de inversión tienen que pasar muchas cosas, o al revés: tiene que ser el Gobierno muy indolente en sus reacciones para que eso ocurra. No creo que lleguemos allá. Si menciono que eso es un riesgo, lo hago porque hay que enfrentarlo y tomarlo de los cuernos.
¿Qué tan riesgoso ve usted el tema del incremento de los refugiados de Venezuela en Colombia?
Ese es un tema que me parece de singular preocupación. Traté de encontrar para esta entrevista cifras creíbles, y calamitosamente el Gobierno Nacional no las tiene. Entrega cifras acumuladas por periodos largos de siete años que no dicen nada. Uno tendría que ver en la dinámica de corto plazo. Mi impresión es que el Gobierno no sabe exactamente cuál es la magnitud del problema, que es grave y se puede agravar.
¿Qué hacer al respecto? Es un asunto especialmente doloroso por la solidaridad que concita lo que están viviendo los venezolanos…
Hay ahí una posibilidad de acción política que yo me hago la ilusión de que está ocurriendo. Y tiene que ver con el viaje del presidente Santos a Cuba. El gobierno de Maduro ha llegado a una situación de deterioro tal que, quizá, su problema sea no cómo se queda sino cómo se va. Porque, obviamente, Maduro y sus inmediatos seguidores no se pueden ir para la casa tranquilamente y, después, el sábado siguiente, irse a la playa y saludar a la gente.
¿Entonces, usted cree que la visita del Presidente a Cuba sí era para eso?
Creo que la visita del presidente Santos puede servir para plantearle al gobierno de Cuba la posibilidad de recoger como asilados a Maduro, a sus más inmediatos funcionarios y a sus familias. No hay quién esté en mejor posición en el mundo para intentar un ejercicio de esos que el presidente Santos, porque tiene esa cercanía y confianza con el presidente Raúl Castro, porque creo que goza de la confianza y del respaldo de Estados Unidos para hacer esa gestión, y porque no hay país más interesado que nosotros para tratar de conjurar ese riesgo: el riesgo de un colapso de Venezuela y de una avalancha de venezolanos buscando refugio en Colombia. El número de las personas que están llegando es alto; no tenemos cifras exactas, pero eso puede ser mucho más grave. Entonces, Colombia debe estar haciendo una gestión muy confidencial sobre eso. Tal vez, la demostración de que eso está ocurriendo es que la Canciller dijo que no es cierto.
Hay otro riesgo también actual para la economía, que son las consultas populares. Estamos acabando con la explotación del subsuelo por una avalancha de consultas populares que se ve venir. ¿Qué hacemos?
Hay que ordenar las consultas populares. Carecemos de reglas legales sobre ellas y, en cada caso, la Corte Constitucional las modifica. Pero ¿sabe qué creo que contribuiría? Revisar la última reforma que hicimos del sistema de regalías.
¿La que dice que la mermelada hay que repartirla por toda la tostada?
Exactamente. Recordará que el origen de la expresión ‘mermelada’ tiene que ver con eso, y la frase de la tostada fue acuñada por Juan Carlos Echeverry cuando fue ministro de Hacienda. Se estaba refiriendo a las regalías. Los beneficios de las regalías no pueden recaer solo en las entidades territoriales que por azar de la naturaleza tienen la riqueza, cuando esta debe ser nacional. Pero, una reforma bien intencionada que realizó el gobierno Santos al comienzo de su primer mandato generó tal vez una situación contraria: ya no hay avidez en las entidades territoriales, sino rechazo de los proyectos minero-energéticos.
Entonces, ¿hay que rebalancear de nuevo?
Sí, para que las comunidades y las autoridades locales perciban beneficios claros para ellas. Desde luego, la riqueza nacional debe ser de todos, hay que esparcir la mermelada por toda la tostada, pero de pronto se nos fue la mano.
¿Será que no crecemos más porque hay un factor que se atraviesa, que es la incertidumbre política?
Incide, pero es difícil saber cuánto. Esos factores de clima de inversión y de negocios son difíciles de estimar. Pero sí, es verdad, la sociedad colombiana está hoy profundamente escindida en torno al proceso de paz, y el gran reto que tiene el país es cómo lograr converger en una articulación de segmentos fundamentales del proceso de paz que puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que hay incertidumbre política y hay otros factores de incertidumbre sobre el tema de inversión que son verdaderamente graves.
Hay muchos factores que se combinan en esa incertidumbre política. Uno de ellos es cómo superar la grave confrontación sobre el acuerdo final entre los que quieren volverlo trizas y los que no quieren cambiarle una coma…
La ilusión que me hago es que encontraremos un punto medio. A ver: que converja toda la ciudadanía en torno a los acuerdos tal cual se negociaron no parece factible a la luz de las cifras del sentimiento ciudadano y de preferencias electorales que estamos observando.
¿Entonces, hacer trizas los acuerdos, o conservarlos intactos?
Hacer trizas los acuerdos, a mi juicio, sería un disparate colosal. Yo por lo menos me hago la ilusión de que el próximo gobierno sea capaz de que los colombianos volvamos a converger. Desde los años 50 del siglo pasado no habíamos tenido un episodio de polarización tan grave como el que tenemos hoy. Colombia ha sido capaz de converger durante un largo periodo a partir del Frente Nacional. Creo que tenemos que volver a una suerte de entendimiento, no digamos necesariamente igual, pero sí parecido y con la misma intención de lo que hicimos en el Frente Nacional.
¿Con base en esa teoría de que eso debe pasar, qué cosas de ese acuerdo final se deben conservar y cuáles no?
Difícil pregunta. Primero hay que garantizar los procesos de reinserción a la vida civil y política de los desmovilizados de las Farc. La sociedad tiene que hacer la catarsis del caso, acogerlos y recibirlos. Ese no es un problema que le quede grande a Colombia ni en términos económicos ni en términos sociales. El país ha sido capaz de montar programas de apoyo social que operan con fallas, con fisuras, con ineficiencias, pero operan.
Pero, concréteme…
Ya voy. Ese no es un esfuerzo descomunal, ellos son 8.000 hombres; hemos atendido programas en el tiempo de millones de personas (Familias en Acción, por ejemplo). Segundo, es de la esencia del acuerdo abrirles los espacios políticos. Al margen de la discusión muy compleja de si los que sean condenados por la justicia pueden ir, antes de cumplir la condena, a los cargos de elección popular –que es una discusión completamente vidriosa–, por supuesto que esos canales de participación política, fundamentalmente en los cuerpos de elección popular, hay que preservarlos.
¿Y qué habría que modificar?
A mí me preocupa, y lo he dicho en público muchas veces, el desbarajuste institucional que creó la inserción del acuerdo en la Constitución Política de Colombia. Eso le causa un daño grave al Estado de derecho.
Pero, con todo respeto, no está inserto. Eso es lo que dice el Gobierno y dicen las Farc, pero no es cierto.
Pues, en eso estamos. A la espera de lo que diga la Corte Constitucional. Mientras no diga otra cosa, está inserto. Y hago una precisión técnica: la revisión constitucional no es previa sino posterior.
¿Si su teoría es cierta, la Corte debería reversar esa inserción?
Sí. No me parece razonable haber acordado el modelo de desarrollo rural con las Farc. No creo que sea legítimo convertirlos en la contraparte del Estado y de toda la sociedad civil. Y el modelo que está allí adoptado es arcaico, de orden más bien socialista, basado en pequeñas unidades productivas, en proteccionismo y en subsidios. Eso va en contravía del desarrollo del campo y de los documentos de política agropecuaria que veníamos desarrollando. Eso no es sostenible.
¿Será posible un crecimiento anual del 2 por ciento adicional como consecuencia del Acuerdo de Paz con las Farc, como nos lo ha prometido el Gobierno?
No lo creo. Porque para que la economía crezca hasta dos puntos porcentuales más, bajo el supuesto de que el factor jalonador de ese crecimiento sea el sector agropecuario, dada su participación en la generación del PIB, tendría que crecer sosteniblemente a más del 20 por ciento anual, lo cual es totalmente imposible.
¿Mejorará la seguridad de las zonas rurales en el corto plazo? Se están combatiendo los cultivos de coca con dos estrategias, una voluntaria y otra obligatoria, pero están surgiendo los conflictos sociales del cruce de esos dos caminos.
Hay que verlo en contexto. Las tasas de criminalidad más graves, homicidios, secuestros y ataques terroristas a la infraestructura, han caído dramáticamente y vienen en una declinación muy intensa, tal vez desde el año 2005 o 2006. O sea, las condiciones de seguridad del país hoy son mejores que nunca. Segundo, la transformación de la conflictividad social y de los fenómenos de violencia asociados impone una revisión profunda del modo de operar de la Fuerza Pública. Entiendo que están en esa tarea de concebir un nuevo esquema.
¿Sabe qué nos da miedo a muchos colombianos? Que al lado de esas tasas de rebaja evidentes en la violencia en Colombia estemos generando, a través del aumento geométrico de los cultivos de coca en Colombia, una infraestructura para una nueva ola de violencia reinventada, ahí sí, sembrando hoy para cosechar mañana…
Pues, sí, son riesgos reales, y es mejor enunciarlos para poderlos confrontar con energía.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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