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'No existe voluntad política para combatir la corrupción'

Diana Espinosa Bula, ingeniera presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

Diana Espinosa Bula, ingeniera presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI).

Foto:Mauricio León / EL TIEMPO

Resolver este flagelo habría evitado tramitar la tributaria, dice Diana Espinosa, de la SCI.

Redacción El Tiempo
“Si en el país se contratara de forma decente no habría necesidad de modificar la Ley 80. Al contrario, sería una herramienta importante para contrarrestar la corrupción”.

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Así lo advirtió la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Diana Espinosa, quien ante los inminentes cambios en la norma expresó su apoyo a la propuesta. Recordó que hicieron algunas observaciones y que se la jugarán por el proyecto de ley de modificación.
Además, agregó que el panorama de la contratación pública ha desmejorado en los últimos tres años y medio, no solo en infraestructura sino en todos los sectores. Espinosa, quien habló con EL TIEMPO de este y otros temas, reconoció de todas formas que el país vive un momento histórico.
¿Cómo cierra el 2016 para la infraestructura?
Ha sido un año difícil. Se han empezado a ver algunas obras y recursos destinados a consultoría y ejecución; sin embargo, existe preocupación por la sostenibilidad. Aun así, creo en las vías 4G.
Usted habla de un buen momento para el país, pero insiste en el daño que sigue haciendo la corrupción...
En nuestro sector están los recursos; estamos atrayendo inversión, pero si persiste la corrupción, estos se seguirán perdiendo.
Por eso, en la SCI nos tomamos el trabajo de evaluar el panorama y confirmamos que en muchos casos no hay voluntad política para combatirla. El ejercicio consistió en crear varios mapas del país sobre licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, y la situación al 2015 empeoró. Y este año –con datos pendientes por consolidar– no va muy bien. Insisto, incluso, que si existiera esa voluntad política, seguramente no hubiéramos tenido que tramitar una reforma tributaria.
A propósito, ¿qué opina de la reforma tributaria que hace trámite en el Congreso?
Estamos preocupados porque golpea a todos los sectores (vivienda, infraestructura, etc.). Sin duda, debemos meternos las manos al bolsillo, pero también hay que ser coherentes porque el detrimento patrimonial se impacta.
¿Qué expectativas hay con el proyecto de modificación de la Ley 80 que guía la contratación en el país?
Cuenta con nuestro apoyo. Es importante la estandarización y que haya pliegos tipo que permitan mantener la equidad con el ente contratante, dependiendo de cada caso; desde hace seis años venimos hablando de ello.
Además, considero que los anticipos no se deben eliminar porque, de esta forma, solo las empresas con dinero son las que pueden participar en el desarrollo de las obras. Claro, esto obliga a ejercer control y veeduría de los procesos, pero insisto en que negarlos es concentrar la contratación y dar prevalencia al tener sobre el hacer y el saber. Eso es inaceptable para la SCI.
Aunque estoy convencida de que sin las modificaciones a la Ley 80 tenemos la posibilidad de manejar los procesos, hacerlo obliga a trabajar una reglamentación adecuada –insisto– con pliegos tipo que garanticen que no se direccionen los contratos; esto impulsaría la participación de pequeñas y medianas empresas.
La SCI se ha quejado en muchas ocasiones de ese direccionamiento de contratos. Incluso, los mapas elaborados muestran que aún hay regiones donde los proponentes son apenas uno o dos. ¿Qué pasa?
Simplemente, debemos seguir trabajando para que esa concentración cambie con garantía y justicia, siempre contra la corrupción, no solo en el sector público sino en el privado. Incluso, hay que cambiar la práctica de escoger el proyecto más barato y con intereses políticos.
El Gobierno también tiene que entender que los concesionarios son sus socios; además, en el sector debe quedar claro que la calidad y la seguridad no son negociables; igualmente, que Colombia tiene recursos y una biodiversidad que debe impulsar un compromiso común del Gobierno y los contratistas. En este entorno es clave presentar proyectos productivos, sobre los cuales la comunidad debe opinar, pero sin que esto detenga el desarrollo.
¿Cómo deben intervenir las administraciones en esos procesos, teniendo en cuenta que Colombia es un país en el que crece el desarrollo en las regiones?
Sin duda, hay un potencial grande en las ciudades intermedias. Por ejemplo, Montería fue reconocida recientemente por su sostenibilidad. Neiva y Bucaramanga también están trabajando de forma juiciosa, y en esto la responsabilidad de los mandatarios locales es clave, ya que –como he dicho antes– donde hay voluntad política para atraer la contratación, los resultados son óptimos.
En aras de obtener esos resultados se impulsaron, entre otras, las asociaciones público-privadas (APP). ¿Cómo ha sido su evolución en el país?
Hay que destacar el liderazgo de las APP en el sector de la infraestructura porque si hay un proyecto urgente, ofrece las herramientas para la celeridad en todas las entidades involucradas. De hecho, con la figura existen varias solicitudes en prefactibilidad y un compromiso con la calidad.
Usted hablaba de un momento histórico para Colombia. En ese entorno, ¿cómo prevé la participación de la SCI en el posconflicto?
Al respecto, hemos tenido reuniones, y, obviamente, el proceso tiene nuestro apoyo, ya que será necesario hacer adecuaciones para la conectividad a través de las vías terciarias. Esto incluye, por ejemplo, al sector agrícola con la adaptación de tierras, los distritos de riegos y las zonas productivas.
En ese sentido, la SCI ofreció el respaldo con diseños básicos para las zonas veredales, entre otras intervenciones, y la idea es sumar esfuerzos con organizaciones como la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal).
El Dane reportó en días pasados el PIB sectorial del tercer trimestre y, al mirar el dato de obras civiles, presentó una variación de 1,9 por ciento frente a 11 por ciento de edificaciones. ¿Qué opina?
Seguimos en la tarea de destrabar los problemas de la infraestructura en el país, que no obstante los avances tomaría entre 15 y 20 años. Esto significa no invertir solo en carreteras, sino en más infraestructura portuaria, fluvial y aeroportuaria, entre otras.
El Plan Maestro de Transporte Intermodal va en esa línea, ¿cierto?
Llevamos treinta años de no tener un plan maestro de transporte, y por eso con la propuesta del plan maestro se ve luz al final del túnel.
Finalmente, ¿qué opina del caos que se vive en algunas ciudades del país por la falta de infraestructura para soportar la fuerte temporada de invierno?
Lo que está sucediendo confirma la importancia de la preinversión. Tenemos el mito de que el diseño es un pequeño porcentaje de la construcción, y no; para hacer buenas obras, debemos dedicar recursos adecuados e incentivar la buena consultoría.

Túnel de La Línea: ‘Era mejor cambiar que esperar un milagro’

Al consultarle sobre el incumplimiento en la entrega del túnel de La Línea, la presidenta de la SCI, Diana Espinosa, dijo que los atrasos y los sobrecostos llegaron a niveles insostenibles. “El informe de la interventoría ha sido consistente en relación con la falta de capacidad técnica y operativa del contratista; durante los últimos años le dieron la oportunidad de mejorar rendimientos y cumplir y no demostró mejoría, y a la fecha este atraso le ha costado al país pérdidas económicas y varias reclamaciones en curso. El trabajo en túneles en Colombia necesita empresas expertas, con recursos y organización. Tal vez es mucho mejor cambiar –aunque sea un poco tarde– que seguir esperando un milagro. Aparentemente, el contratista no justificó cómo terminaría la obra y solo esperamos que el nuevo proceso no se contamine y no le dé una ventaja al contratista actual en los reclamos. La decisión tomada era la más conveniente”, dijo.
GABRIEL E. FLÓREZ G.
Redacción de Economía y Negocios
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