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Endurecen límites de emisión de CO2 de industria de autos

La búsqueda de muchos países sigue siendo el incremento del uso de vehículos no contaminantes.

La búsqueda de muchos países sigue siendo el incremento del uso de vehículos no contaminantes.

Foto:123RF

Berlín presiona para reducir la ambición del recorte, que obliga a rebajar un 15 % en 2025.

Diana Hernández
Primer golpe de mano en Bruselas a la industria del automóvil después del escándalo dieselgate, el trucaje sistemático de vehículos por parte de los fabricantes (sobre todo alemanes) para superar los límites de emisiones.
La norma europea rebajó en 2014 el límite máximo de emisiones a 95 gramos de CO2 por kilómetro a pesar de las presiones de la industria. Bruselas endurece ahora ese listón: la Comisión Europea presentó una nueva regulación que obliga a los fabricantes a reducir un 15 por ciento ese máximo en 2025 (hasta 80 gramos de CO2 por kilómetro) y hasta un 30 por ciento en 2030 (hasta 66,5), aunque Alemania ha presionado con éxito para suavizar esos guarismos.
Bruselas multará a los fabricantes que no cumplan. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias, presentó propuestas en las que defiende que los objetivos planteados por Bruselas son “ambiciosos y realistas” y están basados en “análisis sólidos”.
El objetivo declarado, según la propuesta adelantada por este diario, es que la industria automotriz acelere hacia el coche eléctrico y vehículos con bajas emisiones (por debajo de 50 gramos/kilómetro).

2030 es el año en el que establece la ce para que fabricantes de autos reduzcan hasta un 30 % las emisiones (66,5 gms de co2 / km).

“El coche se inventó en Europa y debería reinventarse aquí”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, al presentar la iniciativa, de manera coincidente con la celebración de la cumbre climática COP23 en Bonn (Alemania).
El plan de la Comisión Europea deberá negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, pero los eurodiputados socialistas ya criticaban “la falta de ambición” del brazo ejecutivo de la UE, que ha escuchado los lamentos de Berlín.
El plan inicial era algo más duro: el listón de emisiones se ubicaba en un 20 por ciento en 2025 y un 35 por ciento en 2030. Pero el comisario Arias, consciente de las críticas, subrayó que el objetivo de Bruselas es buscar el mix adecuado en la rebaja de emisiones, con esfuerzos de la industria del automóvil, al igual que el de otros sectores para poder cumplir con los acuerdos de París sobre cambio climático.
Hay palo, pero también zanahoria: Arias Cañete, quien admite las presiones, plantea con la nueva regulación inversiones para digerir esa píldora. Habrá 800 millones para aumentar el número de cargadores eléctricos públicos (450 millones procedentes del mercado de emisiones de carbono, que paga la propia industria, más 350 millones del presupuesto comunitario). Y 200 millones adicionales para I+D en la mejora de baterías del coche eléctrico: en total, 1.000 millones para ayudar a la industria a mudar de piel y hacerse más eléctrica y menos contaminante.
Los fabricantes que se adapten a esos cambios podrán además acceder a un sistema de créditos baratos para facilitar las inversiones imprescindibles para una reconversión industrial que se adivina larga y difícil.
La eurocomisaria de Transporte, Violeta Bulc, señala que el paquete legislativo en su conjunto recoge “medidas requeridas urgentemente”, mientras que la comisaria de Industria, Elzbieta Biezkowska, dijo que es una herramienta para ayudar a la propia industria a competir en el mercado global.
La industria alemana aceptó a regañadientes rebajar los límites de emisiones en 2014, pero por detrás se saltaba todas las normas con dispositivos electrónicos con los que fabricantes como el todopoderoso Volkswagen trucaban los coches para superar los exámenes de laboratorio, en un escándalo mayúsculo que ha obligado a Volkswagen a pagar fuertes multas en Estados Unidos. Bruselas toma ahora medidas para evitar un nuevo dieselgate: todo coche incorporará medidores de consumo real, según un borrador de la nueva normativa.
CLAUDI PÉREZ / MIGUEL ÁNGEL NOCEDA
Editorial EL PAÍS, SL 2017
Diana Hernández
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