El precario empleo rural que está abasteciendo las despensas

El precario empleo rural que está abasteciendo las despensas

Hora de ponerlo en foco. El campo cargará con la seguridad alimentaria.

Cebolla
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123RF

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
05 de mayo 2020 , 10:33 p.m.

El empleo es uno de los temas centrales en la crisis que desató la pandemia de covid-19 y será crucial en la segunda emergencia económica, pero el del campo, en particular, requiere una lupa mayor porque de ello depende la seguridad alimentaria en un momento en el que se reducen las importaciones de productos de otros países.

En la actualidad, con todo y la precariedad del empleo rural, entre el 27 y el 30 de abril, según el más reciente informe semanal Sipsa, del Dane, a los mercados de las capitales del país entraron 66.468 toneladas de alimentos, lo que ha permitido abastecer a los colombianos y mantener a raya el alza de los precios.

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"Los colombianos no tenemos con qué pagarle al campesinado que tanto hemos subestimado y explotado. La producción de alimentos que están logrando está ajustada a la capacidad de consumo del país. El campo es el nuevo sector al que tenemos que apoyar, no solo por gratitud sino por el potencial que hay allí", señala Cecilia López, investigadora y exfuncionaria pública.

Los números del mercado laboral en el sector rural dan cuenta de las hondas brechas que requieren cerrarse para que la mano de obra esté disponible.

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Empezando porque de los 22,2 millones de personas ocupadas en el país, solo 4,7 millones están en los centros poblados y rural disperso, según el Dane.

Si bien la desocupación en el campo siempre registra cifras mucho más bajas que las del total nacional (de 6,5 % frente al 10,5 % en el 2019), no quiere decir que las cosas estén mejor. De hecho, según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, “el desempleo es más bajo, pero es donde más crece”. En el 2018 era de 5,1 % y en 2019 subió a 6,5 %.
El ingreso promedio en lo rural es de 531.897 pesos, lo que equivale a menos de la mitad de lo que recibe un ciudadano en las cabeceras: 1’254.000 pesos.

El desempleo en el sector rural es más bajo que en el total nacional, pero es donde más
crece

A ello se le agrega que el empleo por cuenta propia, que por lo general es de mala calidad (baja remuneración y ausencia de seguridad social), es el que predomina:
51,1 %. El ingreso promedio en este segmento es de 331.000 pesos al mes.

Los asalariados son el 36,7 por ciento de los ocupados en el campo y devengan 904.752 pesos, mientras que hay un 3,5 % que son patrón o empleador, con un ingreso estimado de 871.000 pesos. Finalmente, el 8,7 % restante trabaja sin remuneración.

Otro indicador de que el mercado laboral rural anda mal es la informalidad.
El 97 % de los trabajadores por cuenta propia son informales. Solo 2,3 % está asegurado en pensión y salud, aunque el servicio de salud individualmente sí lo tiene garantizado el 91,7 % de ellos. Las estadísticas señalan que, en el empleo por cuenta propia, el 78,8 % de los ocupados laboran en una unidad productiva de una sola persona.

Esto implica que es aquel campesino que cultiva en su minifundio para vender algo de lo que produce y comprar así los artículos que requiere la familia. Otro 19,3 % de los trabajadores del campo laboran en una unidad productiva de entre 2 y 10 personas.

Y la situación de los que ahora tienen en sus manos el abastecimiento de alimentos en el país viene de tiempo atrás. El estudio ‘El mercado laboral rural en Colombia’, divulgado por el Banco de la República y realizado por Andrea Otero-Cortés, hace un análisis de la última década (hasta el 2019), y la autora llega a la conclusión de que hay tres hechos que persisten: “Baja participación laboral femenina, tasas de informalidad laboral rural más altas que las urbanas, y el trabajo infantil aún es común”.

Algo debe cambiar

El consultor en temas rurales José Leibovich también advierte sobre la situación. “Las características del mercado laboral rural han cambiado poco en los últimos años. El promedio en el nivel educativo de los pobladores es algo más de primaria completa, y la gran mayoría de ocupados son informales. Sin embargo, hoy casi todos tienen un celular, mayor movilidad en moto. Los jóvenes que se quedan allí están mejor educados. Es decir, se puede potenciar el campo si se hace la inversión privada y pública requerida para mejorar la productividad”.

Para los ajustes que los expertos sugieren es clave poner el foco en la escasa participación de la mujer en el trabajo, lo que se da la mano con la desigualdad, pues ellas trabajan, pero mayoritariamente en la economía del cuidado y producción en el hogar, lo que, por lo general, no tiene ninguna remuneración, destaca el estudio de Otero.

Durante la década de análisis, el sector agropecuario se ha mantenido como intensivo en mano de obra. Es más, “es el principal sector económico generador de empleo en las áreas rurales del país: el 59,7 % de los ocupados en el campo trabajan en actividades agropecuarias”. Esto a todas luces es bueno para la expectativa que hay ahora de ponerle dinamismo a la productividad rural.

El problema está en las escasas oportunidades de bienestar, pues, al primar el cuentapropismo, el cual se dedica en su mayoría a la agricultura familiar, que se caracteriza por ser a pequeña escala y con énfasis en el autoabastecimiento, queda poco espacio para que el campesino logre tener margen para ser cotizante a la seguridad social. Así, según estadísticas suministradas por el Dane, solo el 14,4 % de los trabajadores aportan para su pensión.

Otra franja de ocupados en el campo (12,4 %), se desempeñan como jornaleros o peones, trabajo que prácticamente aporta un ingreso por horas que a duras penas alcanza a abastecer al ciudadano para la manutención del día.

Y sobre el trabajo infantil, aunque la edad mínima legal para trabajar en Colombia es de 15 años, “el sector agrícola es el principal contratante de mano de obra infantil, lo que dificulta su crecimiento profesional, el porcentaje de niños que no asisten al colegio porque trabajan a diario o más de 30 horas a la semana sigue siendo alto y es ilegal”, advierte el estudio. Así que, formuladores de política pública, a tomar nota.

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