El reto inmediato que asumirá al llegar a la Presidencia Gustavo Petro será mantener el alto nivel de crecimiento económico que recibirá.
La actividad económica aumentó 12 por ciento en abril, último dato disponible, un ritmo que no se había visto desde que existen estos registros, salvo las cifras observadas inmediatamente después de los confinamientos de la pandemia.
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Pero el crecimiento de abril de este año ya supera los niveles prepandemia y se compara con la actividad de un año atrás, cuando ya habían terminado los cierres que golpeaban el consumo y la producción.
Por lo tanto, el nuevo gobierno, que establece una agenda completamente distinta a la que se aplica actualmente y que lleva al crecimiento que se viene observando, deberá encarar la incertidumbre y generar confianza tanto de los inversionistas como de los consumidores, para mantener el actual paso al que estos agentes están moviendo sus recursos.
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Evitar que esa dinámica se enfríe es un desafío crucial para conseguir, en el mediano y en el largo plazo, metas estructurales como una menor desigualdad del ingreso de la población.
Con este objetivo, el nuevo presidente deberá, también, fortalecer los ingresos del Estado para permitir contar con los recursos necesarios que permitan consolidar los programas de solidaridad a través de los cuales se llega a las familias que permanecen en la pobreza y sin ingresos laborales suficientes.
Será, entonces, una tarea clave asegurar los recursos para las iniciativas que se propone el gobierno entrante. Por ejemplo, el propósito de que el Gobierno sea empleador de última instancia para quienes no encuentran trabajo en el mercado laboral. Con las cifras actuales, se trataría de garantizar rentas mensuales a 2,7 millones de personas, de un salario mínimo.
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Satisfacer, con transferencias billonarias, las expectativas despertadas en campaña especialmente para los 19,6 millones de personas que viven en la pobreza será, pues, un desafío mayor.
Igualmente, entregar 500.000 pesos a cada uno de los más de 5 millones de personas que superan la edad de retiro que hoy no tienen pensión y a seis millones de mujeres cabeza de familia.
Otro desafío es evitar que el déficit fiscal, que viene cediendo luego de la pandemia, no vuelva a crecer si el Gobierno asume mayores subsidios para pensiones altas.
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Esa inquietud surge de la posibilidad de que la carga para el Estado aumente si se aplica la idea de que obligatoriamente vayan al sistema público los aportes hasta los primeros cuatro salarios mínimos que recibe cada trabajador.
Satisfacer, con transferencias billonarias, las expectativas despertadas en campaña especialmente para los 19,6 millones de personas que viven en la pobreza será, pues, un desafío mayor. Un desafío clave, teniendo en cuenta las recientes expresiones callejeras, muchas de ellas violentas, relacionadas justamente con aspectos sociales.
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El reto, pues, es financiar esa y las demás ideas ofrecidas en la campaña: conseguir los 65 billones de pesos de los que se habló durante la campaña. Así, la tarea será sacar adelante una reforma tributaria más del doble de grande que la presentada hace más de un año por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que fue retirada ante el rechazo que generó.
La reforma de impuestos planteada por Petro deberá conseguir pasar la prueba en el Congreso, en donde el partido de gobierno no tiene mayoría absoluta.
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De esta forma, la reforma tributaria puede ser aprobada, pero tras pasar por el tamiz de un parlamento en el que como suele ocurrir con los proyectos impositivos saldrá algo muy diferente a lo que entra en el primer texto.
Si se llegara a aprobar al pie de la letra, esta reforma plantea también el desafío de que no se frene la actividad económica con disposiciones como la obligación que tendrían todas las empresas de repartir mínimo el 70 por ciento de los dividendos para poder cobrar más impuestos sobre las ganancias.
También, neutralizar el riesgo sobre la dinámica económica de buscar un aumento del recaudo que crezca, de un golpe, 5,5 puntos del producto interno bruto.
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Una intervención de esa magnitud en la dinámica productiva puede frenarla y el recaudo terminar siendo inferior a lo planeado. Sobre todo, si se tiene en cuenta que al obligar a repartir ganancias, podría cerrarse el espacio de las empresas para reinvertir y generar empleo.
Igualmente, está el reto de obtener crédito en los mercados internacionales sin que este se encarezca, lo que depende de que la calificación de las agencias especializadas no se reduzca. Aquí es muy importante, por ejemplo, si Petro insiste en buscar que el Banco de la República emita dinero para financiar sus programas, con los riesgos que traería una maniobra de esa naturaleza sobre la estabilidad de la moneda, la inflación y la calificación de deuda que dos de las tres principales agencias redujeron cuando se retiró la reforma tributaria el año pasado.
También será un reto mantener unos ingresos elevados sin contar con la minería y el petróleo. Si bien su advertencia a las petroleras no toca a los contratos ya vigentes, establece un mensaje que puede tener impacto sobre los flujos de inversión extranjera productiva hacia el país.
Si cumple lo dicho en campaña, el primer piloto de fracking, que Ecopetrol debería empezar en el último trimestre de este año, ya no tiene futuro, y, sin esa tecnología ni nueva exploración, dentro de 7 años se acabarían las reservas de hidrocarburos. Antes de esa fecha, el país estaría importando combustibles.
EL TIEMPO