Darles herramientas a los jóvenes para que tengan un empujón de educación y entrenamiento del Estado, que los lleve a emprender y a encontrar oportunidades laborales en lugar de acostumbrarse a un subsidio, replantear el enfoque de las ayudas estatales hacia la productividad y la equidad, conectar a las regiones tecnológicamente y con los mercados, y crear un aporte mínimo a la seguridad social son los principales objetivos sociales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, explica que el proyecto de ley plantea limpiar primero las malezas que no dejan crecer al país más allá del 3 por ciento anual, objetivo en el que la liberación de cargas fiscales en pequeñas y medianas empresas será clave para lograr metas de reducción de la pobreza y de generación de empleo para dentro de cuatro años.
¿Cuáles son las metas sociales del Plan y cómo se lograrán?
Se está apostando a reducir la pobreza, sacando a 3 millones de personas que viven en condiciones de pobreza y a 1,5 millones de la pobreza extrema. Lo primero es la educación, con los niños y los jóvenes, y vamos a trabajar para que haya inclusión social pero también inclusión productiva.
Los subsidios, como herramienta de inclusión social, se mantienen, pero los programas tienen que cambiar
Los subsidios, como herramienta de inclusión social, se mantienen, pero los programas tienen que cambiar. Entonces debemos trabajar con 500.000 jóvenes en acción y con 320.000 jóvenes a quienes les vamos a dar educación superior de gratuidad. La meta es que tengan realmente formación para el trabajo y que, cuando terminen su edad escolar, puedan acceder a herramientas que les permitan encontrarlo.
La segunda herramienta es la transformación digital, de cara a la cuarta revolución industrial. Eso significa un Estado moderno y ágil, que les facilita a las empresas y a los ciudadanos conectarse con el mundo, con los mercados. El país está conectado, pero los territorios no.
Por eso, la tercera apuesta es una visión más regional y territorial que nos permita atender de forma más ordenada las necesidades y focalizar mejor los recursos.
¿Qué efectos debe tener en el empleo?
En cuatro años habremos llegado a que la tasa de desempleo sea la más baja en la historia, del 7,9 por ciento. Dejaremos a Colombia creciendo al 4,5 por ciento, porque estamos estimulando la inversión y la generación de empleo con emprendimiento. Es un plan que no está pensado para cuatro años, sino para que Colombia cumpla con sus objetivos de desarrollo sostenible al 2030.
¿Cómo funcionará el piso mínimo de protección social?
Es un proyecto que garantiza, a los ciudadanos con ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo, el acceso y permanencia en los sistemas de seguridad social. La propuesta es garantizarles su vinculación al régimen subsidiado de salud, al servicio complementario de beneficios económicos periódicos (beps) y un seguro laboral. Está pensado unificar plataformas y la primera es integrar la base de la Registraduría con la del Ministerio de Salud, para tener una sola historia clínica.
¿A qué le apuntan?
La idea es que haya una mínima cotización que les dé el derecho a la cobertura, tanto en salud como en pensiones, con beps, y en salud tendría que ser por el contributivo. Ahí tocaría diseñar cómo, porque están por debajo del salario mínimo, no cotizan permanentemente y están fuera del sistema. La idea es que comiencen a cotizar un monto mínimo equivalente a sus ingresos mensuales. Es comenzar a hacer el sistema mucho más solidario y que coticen algunos que tienen alguna capacidad de generar ingresos.
¿Y el Estado cubre el resto?
Sí. El Estado subsidia el resto.
¿Cómo es el mecanismo para los jóvenes de Familias en Acción?
Es la herramienta de Jóvenes en Acción, llevando el programa a 500.000 jóvenes (hoy está en 120.000). En el programa, las familias tienen cobertura hasta cuando los muchachos terminan el colegio y estas familias comienzan a buscar mecanismos para no salirse porque pierden el beneficio del subsidio.
Si mantenemos a los jóvenes, dándoles formación técnica y tecnológica, o generándoles oportunidades de trabajo con programas de emprendimiento y manteniendo la cobertura hasta que son capaces de generar ingresos, esa preocupación de la familia por estar colada en el Sisbén se acaba.
El enfoque territorial hará que el foco en el emprendimiento y en la economía naranja tenga sentido en muchos sectores. Si se les dice a los artesanos que se les da asistencia técnica para que sus productos sean de alto nivel, podemos explotar nuestra cultura articulando todas estas herramientas.
¿Todos serán rurales?
No puede ser mirando si son del campo o de las ciudades, sino dónde están las capacidades. Sí hay, en las metas, de los 500.000, unos 130.000 para educación rural. Lo que hacemos es coger a esos jóvenes y darles herramientas de formación técnica y tecnológica, o dándoles acceso a la educación superior de gratuidad, para que puedan en el Sena tener ese fortalecimiento técnico en lo que de verdad son sus potencialidades y en lo que se necesita.
¿Dónde están las brechas?
Tiene que haber interconexión en los sistemas de información y eso supone inversión en infraestructura digital y conectividad. Una de las grandes herramientas es que el 70 por ciento de la población tenga acceso a internet. Para que el Plan se lleve a cabo, tiene que llegar a las regiones. Un Estado conectado hace eficientes al sector privado, a los hogares, a las empresas, y eso se refleja en ganancias en productividad.
Otra apuesta es quitar el exceso normativo, que impone cargas sobre las empresas y también tributarias, tarea que se hizo con la ley de financiamiento. El crecimiento de la economía estaba anclado porque no había bases de productividad en las empresas y ello dificultaba la generación de empleo.
¿En la práctica cómo será?
Podemos generar empleo y por eso la meta está en 1,5 millones de empleos. Vamos a poder reducir la pobreza porque vamos a poder financiarla. La primera apuesta es qué necesita la economía para crecer, y que limpiemos de alguna manera toda esa maleza que nos estaba dificultando crecer por encima del 3 por ciento. Que le demos a la economía la capacidad para que genere empleo y para que estabilice los hogares en su capacidad de generación de ingresos.
¿La formación de jóvenes y los estímulos a empresas buscan bajar la presión por las ayudas sociales?
Exactamente. Esa es la tercera apuesta, que hemos llamado la política social moderna.
Los subsidios tienen que seguir existiendo como mecanismos de inclusión social, pero no nos quedamos ahí, porque si no esta población nunca va a salir de la pobreza y no buscará otras fuentes de ingresos.
Hoy en día dicen que no pueden buscar fuentes de ingresos porque no tienen las capacidades; porque acceder a la universidad es muy costoso. Entendiendo eso, vamos a mantener los subsidios y la inclusión social, pero vamos a generar también inclusión productiva.
¿Entendida como qué?
Que con estos jóvenes, que tienen todas las potencialidades, vamos a trabajar para darles esas herramientas y los vamos a conectar a los mercados.
Por eso el término ‘conectar’ es muy potente en el Plan de Desarrollo. Vamos a conectar a los territorios, a los gobiernos locales y a todos los colombianos con los mercados, dándoles posibilidades de acceso al mercado laboral. Eso es lo más importante del Plan, para garantizar que cumplimos con las metas.
¿Cómo será la nueva forma de ordenar los estratos?
Tenemos que repensar los subsidios y a quién van direccionados. Los de salud y los de Familias en Acción se hacían con el Sisbén, que no se actualiza desde el 2010. No está en ley del Plan, pero es una herramienta para focalizarlos mejor.
Se hará un barrido de la mano de las alcaldías, que termina este año, para identificar quiénes son merecedores. Pero el tema de estratificación no está tan claro. En las bases del Plan está planteado, porque personas de ingresos muy altos están viviendo en zonas en las que pagan servicios muy bajos.
El hecho de que un barrio sea declarado patrimonio histórico o cultural hace que haya personas de muy altos ingresos que no deberían estar subsidiadas.
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