La contingencia en el proyecto Hidroituango, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha generado, a la fecha, un millonario impacto para las finanzas públicas de 4 billones de pesos.
Así lo señala un documento preliminar de la Contraloría General de la República, realizado con seis objetivos, entre ellos, analizar los mecanismos contractuales, la planeación, administración y control; el impacto de la no entrada en operación a tiempo y el diseño y construcción.
El organismo de control estableció dos grandes hallazgos con connotación fiscal y, de ese total, unos 2,9 billones corresponden a la destrucción ocasionada por la contingencia y 1,1 billones de pesos, al lucro cesante, es decir, el provecho que se deja de percibir por el atraso en la obra.
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El informe recalca que si bien el control excepcional se realizó mediante una actuación especial, con un fin distinto al del proceso de responsabilidad fiscal, por lo cual EPM no debe asumir que se le haya imputado alguna responsabilidad fiscal, no quiere decir que no tenga que asumir consecuencias de este tipo.
“Por ser EPM el encargado de invertir y construir de acuerdo a lo establecido en el contrato (...) es un gestor fiscal, y en esa medida debe asumir las consecuencias de todas sus decisiones en el proceso constructivo”, señala.
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En cuanto a la fase de estructuración y planeación, la Contraloría señaló que aunque hubo estudios ambientales, geotécnicos, de estabilización de terrenos y manejo hídrico, estos no fueron suficientes para minimizar el impacto y el riesgo materializado.
Sobre la construcción de los túneles para desviar el río Cauca, recalca que desde el 2013 la interventoría advirtió sobre los retrasos y, también, sobre la falta de gestión y alternativas para recuperar tiempos.
Además, revela que hubo deficiencias en este aspecto porque no se instalaron los marcos y guías de las compuertas de cierre para el llenado controlado, dadas las condiciones geotécnicas encontradas después de excavados los dos túneles iniciales.
Esto llevó a construir una galería auxiliar de 14 metros de diámetro (túnel T3), para desviar el río, que fue en la que se presentó el derrumbe que originó el llenado acelerado del embalse.
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Y sobre el plan de aceleración implementado por el constructor sostiene que no solo no tuvo los resultados esperados, sino que la junta de asesores, en su momento, consideró que los riesgos técnicos asociados a este proceso no eran aceptables para un proyecto de esta envergadura.
Dicha junta, en septiembre del 2015, dijo que para poner la galería auxiliar a operar se necesitaba que la presa estuviera en un nivel de 380 metros, y no en 350 metros, como estaba en los diseños.
Sobre el documento, EPM señaló que hasta que no sea notificado oficialmente y lo analice, no se pronunciará al respecto.
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