Hacerle una sola pregunta al pueblo colombiano, a través del mecanismo de participación que contempla la Constitución, conocido como plebiscito, costará 280.000 millones de pesos, cifra que no es para nada despreciable, pues es el equivalente a lo que se gastará el Ministerio de Cultura para todo lo que hará en el 2017: su partida presupuestal prevista es de 282.000 millones de pesos.
La cifra para el plebiscito, según manifestó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se redujo en 70.000 millones de pesos, tras un acuerdo logrado con la Registraduría General, pues inicialmente el costo estimado era de 350.000 millones de pesos.
El Gobierno confirmó de inmediato que los recursos se buscarán de donde sea, pero estarán oportunamente, para que puedan ser adelantados todos los preparativos necesarios para que los colombianos ejerzan el derecho democrático a decir SI o No al acuerdo de paz firmado en la Habana, el cual puso fin a la guerra de más de medio siglo.
Hay que recordar que el plebiscito, avalado ya por la Corte Constitucional, tiene unas reglas de juego: la votación tendrá que ser de al menos el 13 por ciento del censo electoral pasado votando a favor. Por supuesto, la votación tendrá que estar por encima del No. En cifras concretas, esto implica 4.396.626 votos, pero el ministro Cárdenas hace un llamado a los ciudadanos para que voten masivamente.
Más allá de la figura para un proceso participativo, como corresponde a una democracia, el monto para financiar un plebiscito es llamativo. Claro, no hay que desconocer que ahora, se vienen 30 días de campaña publicitaria para convencer a los votantes por una de las dos opciones. También será necesario invertir en imprimir tarjetones, al igual que se hace en los comicios tradicionales. Sin contar con toda la logística, en materia de recurso humano y físico para hacer, esta vez una consulta, pero que tiene la misma parafernalia de una contienda electoral similar a la que se hace para elegir presidente o congresistas.
Para dar una idea de lo que cuesta esta democracia, se tiene el referente del proceso electoral pasado (2014) para las elecciones del 9 de marzo. Se imprimieron 102 millones de tarjetones que requierieron 50.000 millones. La implementación de la biometría (huella digital para reducir el fraude) en esa oportunidad, demandó 50.000 millones más, mientras que la firma que ganó la licitación para hacer toda la logística, obtuvo un contrato por 232.000 millones de pesos.
Claro está, ninguna cifra reemplaza la posibilidad de tener un país en paz. No obstante, no hay que olvidar la 'austeridad inteligente', en un momento de cambio en los vagones que empujan la economía y que, por tanto, requieren más gasolina.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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