Sumas y restas del regreso de la política de aspersión aérea

Sumas y restas del regreso de la política de aspersión aérea

El peso de la cocaína en la economía colombiana es cercano al 2 % del PIB y supera el del café.

Fumigación de cultivos

Desde el punto de vista del uso de recursos, el auge de las plantaciones ilícitas lleva a la contracción de otros cultivos y al encarecimiento de la mano de obra.

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Luis Robayo / AFP

Por: Ricardo Ávila
04 de enero 2020 , 06:29 p.m.

Cuando se habla del eventual regreso de la política de la aspersión aérea para complementar la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia, surgen de inmediato posturas antagónicas entre defensores y críticos de las fumigaciones. Mientras los primeros señalan que estas son clave como herramienta en la guerra contra el narcotráfico y los daños que le acompañan, los segundos afirman que los riesgos sobre la salud y el medio ambiente son enormes, con lo cual es preferible no asumir costos que serían irreparables.

Los argumentos de un lado y otro son de tal magnitud, que la posibilidad de llegar a un consenso es inexistente. Aun así, los involucrados en la polémica, al igual que el público en general, aceptan que el crecimiento del área sembrada en los últimos años es una realidad. Tanto los cálculos de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, que depende de la Casa Blanca, como los del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que se nutre del censo que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muestran estadísticas inquietantes.

Si bien los datos correspondientes al año antepasado indicaron una pequeña reducción en la superficie dedicada a plantaciones de coca, en la práctica el país sigue muy cerca de su máximo histórico. Dicha circunstancia genera efectos económicos importantes. Aunque por obvias razones no hay una contabilidad oficial sobre los números de la actividad, los estimativos muestran un auge que merece estar en el radar de autoridades y analistas.

Al cabo de años de esfuerzos, de miles de vidas sacrificadas y de enormes presupuestos asignados, todavía somos los primeros productores de cocaína en el mundo.

Las cuentas recientes

Sin duda el esfuerzo académico más significativo de los últimos tiempos es el realizado por Santiago Montenegro, Jorge Llano y Diana Ibáñez, publicado en una serie de documentos a cargo del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes. De acuerdo con el trabajo de los tres profesionales, el Producto Interno Bruto de la cocaína resultó ser equivalente al 1,88 por ciento del total en 2018. En moneda corriente, ese valor superó los 18 billones de pesos, más del doble que el valor atribuido al café durante ese mismo periodo.

No es la primera vez que diversos economistas le meten el diente al asunto. A fin de cuentas, el impacto de las drogas ilícitas en los datos agregados comenzó a notarse desde la época de la mal llamada bonanza de la marihuana a finales de la década de los años setenta del siglo pasado.

Aunque siempre hay discrepancias técnicas respecto a los supuestos usados, un documento escrito hace un cuarto de siglo por Hernando José Gómez y Mauricio Santamaría señaló que en 1982 el peso del negocio de las drogas ilícitas llegó a ser casi del 10 por ciento del PIB de Colombia. Por su parte, el entonces investigador de Fedesarrollo, Roberto Steiner, encontró, por la misma época, que en 1991 esa participación habría sido de 3,5 por ciento solo en el caso de la cocaína (si se incluían marihuana y heroína el dato subía a 5,2 por ciento).

Pasando a tiempos más cercanos, a inicios de la década que acaba de finalizar Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, siendo profesores de Los Andes, señalaron que la importancia del clorhidrato en 2008 -en términos de valor agregado- resultó ser de 2,3 por ciento del PIB. A partir de ahí y hasta 2014 las cifras habrían sido menores, básicamente por la caída en los cultivos de coca que llegaron a un mínimo de 47.788 hectáreas en 2012.

No obstante, la tendencia cambió de manera significativa a partir de 2015 cuando el área sembrada llegó a su punto más alto en la historia: 171.495 hectáreas en 2017, según el Simci. Si bien acto seguido vino una contracción, el aumento fue de unas tres veces y media frente al de cinco años atrás.

Hablan los números

Obviamente, las cuentas de la actividad no dependen solamente de la extensión plantada, sino de los rendimientos obtenidos en las fases siguientes hasta llegar al polvo blanco, a los cuales es necesario restarles las incautaciones en Colombia. Un estimativo de ingresos brutos está condicionado igualmente por los precios que dependen de factores que abarcan los gustos de los consumidores o el envío a diferentes latitudes.

Las condiciones han cambiado de manera sustancial en los últimos años. Por ejemplo, el valor del kilo de base que se obtiene en la prima fase industrial habría caído 46 por ciento en términos reales, en comparación con 2005. En principio ello haría suponer que las ventas de los cultivadores individuales son menores y aunque ese parece ser el caso, los costos también se habrían reducido por cuenta de rendimientos más elevados.

Según Montenegro y sus colegas, la producción de hoja de coca se ubicó en 977.000 toneladas métricas en 2018, de las cuales se habrían obtenido 1.274 toneladas de cocaína. Teniendo en cuenta que fueron aprehendidas 291, el saldo para exportación sería de 983 toneladas.

Los análisis muestran que la torta se reparte de manera desigual entre agricultores, procesadores y refinadores de base. A medida que se avanza en el proceso los márgenes de ganancia suben en forma exponencial, hasta llegar al momento de la entrega. La presencia de sumergibles cada vez más sofisticados -como el encontrado semanas atrás en aguas españolas- muestra que el atractivo de las ganancias exorbitantes sigue siendo el motor del tráfico ilegal.

Saber a ciencia cierta cuánto valen los kilos despachados en diferentes lugares de la geografía es imposible, al igual que la utilidad precisa conseguida en cada eslabón de la cadena. La presencia de los carteles mexicanos que supuestamente estarían detrás de la ola de violencia en el Cauca, les hace creer a los conocedores que hay un esfuerzo de integración vertical que deriva en que las mayores rentabilidades se den fuera del territorio nacional.

Aun así, todo es objeto de especulación. En octubre Andrés Felipe Arias dio lugar a una polémica cuando la Universidad Sergio Arboleda le publicó un documento con base en un “trabajo de campo” realizado cuando estuvo detenido en Miami en una prisión estadounidense, antes de ser extraditado a Bogotá.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a diferentes “empresarios”, el autor encontró que “la bonanza” sucedida entre 2015 y 2018 “no solo no influyó negativamente sobre el crecimiento económico del país, sino que sirvió de estabilizador externo y macroeconómico” al haber generado entre 35.434 y 57.933 millones de dólares en esos cuatro años. La mediana de esa suma equivale al 85 por ciento de lo que el país dejó de recibir por el desplome en los precios del petróleo.

Efectos posibles

Tales estadísticas dan la equívoca impresión de que una política pública exitosa que derive en una reducción de las plantaciones de coca y una baja en la fabricación de cocaína, podría traerle dolores de cabeza a la economía del país y que la aceleración reciente estaría relacionada con el auge del negocio ilegal. A este respecto, Santiago Montenegro dice que “aunque el PIB de la coca sí ha crecido mucho en los últimos años y ha jalonado algo, es relativamente pequeño en el contexto general”.

Por otra parte, resulta obligatorio tener en cuenta los costos que acompañan la presencia del alcaloide. Desde el punto de vista del uso de recursos, el auge de las plantaciones ilícitas lleva a la contracción de otros cultivos y al encarecimiento de la mano de obra. De otro lado, la tasa de cambio real tiende a apreciarse y de paso da lugar a modalidades como el contrabando y el lavado de activos. Para completar, están los daños ecológicos, el uso de precursores químicos, la presencia de grupos armados ilegales, la mayor inseguridad y los recursos que debe dedicar el Estado a luchar contra el flagelo.

Las sumas y restas llevan a dos conclusiones, para Montenegro. “La primera es que la de Colombia no es una narcoeconomía. Así los números de la cocaína sean ahora más grandes estamos muy lejos de los niveles que observamos en las épocas de Pablo Escobar”. Y agrega: “La segunda es que una reducción en el área sembrada de coca traería beneficios económicos, comenzando por una mejor asignación de los activos disponibles en favor de café, cacao o aguacate, entre muchos otros cultivos. Eso aparte de eliminar distorsiones que hacen más difícil el desarrollo del campo y alejan la inversión o incluso golpean a la industria, para no hablar de la violencia y la depredación de nuestras riquezas”.

Otra discusión es la relacionada con cuál es la mejor política que se debe adelantar. Para el exministro Juan Carlos Pinzón, “es urgente retomar una estrategia antinarcóticos con visión integral que garantice acciones simultáneas dirigidas a cada uno de los eslabones del negocio”.

Por su parte, Hernando Zuleta, de la Universidad de los Andes, publicó a mediados de 2017 un trabajo en el cual afirmó que “para efectos de reducir la oferta mundial de cocaína son más eficientes los esfuerzos en incautaciones y destrucción de infraestructura que los esfuerzos en erradicación”. Citando a otro autor, el especialista sostiene que “los resultados indican que las fumigaciones aéreas no tienen un efecto significativo en el cultivo de coca”.

Fumigación aérea

Los involucrados en la polémica de la aspersión aérea, al igual que el público en general, aceptan que el crecimiento del área sembrada en los últimos años es una realidad.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO

Mientras llega el momento de las definiciones, hay voces que se sumarán al debate. Una de ellas es la de Rafael Pardo, quien ocupó la alta consejería para el posconflicto en el gobierno pasado. En cuestión de semanas, el exministro lanzará un libro cuyo título es “La guerra que perdimos” y que hace referencia a la lucha contra el tráfico de drogas ilegales. Dentro de sus propuestas habla de atacar los problemas que sustentan el contexto con estrategias como la sustitución de cultivos, aparte de acciones que merecen discutirse en el ámbito internacional para que sean efectivas.

Hacer las cosas de manera distinta, merece una reflexión. Ha pasado casi medio siglo desde cuando Colombia comenzó a ser conocida globalmente, no por la capacidad de su gente ni sus bellezas naturales, sino como centro de producción de narcóticos.

Es verdad que la amenaza que representaron los carteles para la supervivencia de las instituciones quedó atrás, pero sería ingenuo negar una verdad incómoda: al cabo de años de esfuerzos, de miles de vidas sacrificadas y de enormes presupuestos asignados, todavía somos los primeros productores de cocaína en el mundo.

Por cuenta de esa circunstancia, los trastornos de todo tipo se han multiplicado, comenzando por la inseguridad y el crimen. El costo económico de semejante flagelo es enorme, pues no hay duda de que seríamos una nación más rica e incluyente de no haber sido por esta lacra que sembró males que seguimos cosechando.

Hacer el cálculo de lo que hemos perdido es imposible, pero todavía estamos a tiempo de darnos cuenta de que el estado de pérdidas y ganancias de la cocaína, le deja a Colombia un saldo negativo. Y esa cuenta de cobro no cesará de facturarse hasta tanto salgamos del círculo vicioso que representa la presencia del narcotráfico.

RICARDO ÁVILA
Analista sénior
Especial para EL TIEMPO

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