Así es la lógica de la corrupción en municipios, según estudio

Así es la lógica de la corrupción en municipios, según estudio

Investigación de la U. de los Andes profundizó en impacto de regalías y de alianzas políticas.

Van más de $ 113.000 millones enterrados en elefantes blancos

Así luce el megacolegio que se planeó en el municipio de Paz de Ariporo, en Casanare. Costó $ 6.660 millones.

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Archivo particular

Por: Economía y Negocios
15 de enero 2020 , 08:04 a.m.

Los 126,2 billones de pesos de las transferencias nacionales; los recursos que quedan sin ejecutar de los 24 billones de pesos que hacen parte del Presupuesto de Regalías del bienio 2019-2020, más los dineros que logren recaudar con el esfuerzo propio son los recursos que estarán disponibles para los 1.122 alcaldes que se posesionaron el pasado primero de enero.

Con ellos procurarán sacar adelante sus municipalidades, pero también son la tentación para la corrupción, fenómeno que fue analizado en un estudio de investigadores del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes.

El informe ‘Factores políticos e institucionales asociados a la corrupción en gobiernos subnacionales en Colombia’ concluye que alrededor de este flagelo no suele haber descentralización.

Es común que se presente una cierta manguala entre los distintos niveles de la administración, concluyen los autores Daphne Álvarez, Jorge Enrique Caputo, Alejandra Quintana y Fabio Sánchez.

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A su vez, mientras más gasto de los municipios se financia con transferencias del Gobierno Nacional o con regalías, mayor es la corrupción y es más el desestímulo a la gestión de recursos propios. Es así como si en 1996 la capacidad de generación de ingresos permanentes de los gobiernos municipales correspondía al 50 por ciento, en 2015 esta cifra había caído al 38,8 por ciento. “Se percibe entonces un aumento de la dependencia de las transferencias”, sostiene el estudio.

El trabajo se basa en un cruce de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri), de la Procuraduría General de la Nación; la información de elecciones legislativas, departamentales y locales proveniente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las ejecuciones presupuestales municipales junto con la inversión regionalizada obtenidas del Departamento Nacional de Planeación.

Mayor riesgo

“Tanto la mayor competencia política local como el grado de alineación política del alcalde con los representantes en el Congreso con mayor votación local aumentan significativamente la probabilidad de corrupción”.

Según los investigadores, “un municipio con mayor proporción de ingresos no tributarios atrae un mayor número de candidatos de menor calidad”. Y, una vez posicionados, “los políticos corruptos tienen ventajas para ganar elecciones, aun con mucha competencia política, gracias a la utilización de mecanismos ilegales o tácticas de fraude para la consecución de votos”. El nido de la corrupción se va volviendo más protegido a medida que “las entidades de vigilancia y la prensa local pueden ser menos profesionales y más fáciles de manipular que las del nivel nacional”, agrega el estudio.

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Entre las tipologías de la corrupción que más se repiten están la inclusión de sobrecostos en los contratos públicos mediante el reconocimiento de pagos laborales no existentes o el avalúo de bienes a precios más elevados, eslabón en el que los investigadores recuerdan el caso en el que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al alcalde de un municipio del departamento de Córdoba por reconocer altas sumas de dinero de manera irregular a 27 empleados de la administración municipal por concepto de cesantías.

Las redes de corrupción como tal no son castigadas, sino que el castigo recae solo sobre individuos aislados

También está la contratación a dedo, modalidad en la que han incurrido el 11,5 por ciento de los alcaldes corruptos. Como ejemplo, los autores citan otra destitución proferida por la Procuraduría, tras la cual fue inhabilitado por 12 años un alcalde del Huila, luego de recurrir a este procedimiento para favorecer a un político aliado.

Además, se destaca el uso de la situación de ‘urgencia manifiesta’ para realizar contratación directa, por lo cual fue sancionado un alcalde en un municipio de Norte de Santander.

El agravante es que el costo de ser corrupto es bajo. Poco existe la sanción moral. “Los alcaldes no pueden ser reelegidos inmediatamente, lo que implica que la corrupción no tiene costos directos de corto plazo para el alcalde, aunque sí podría tenerlos para su partido o movimiento político”, señala el estudio.

No hay ataque al corazón de la corrupción local, puesto que “las redes de corrupción como tal no son castigadas, sino que el castigo recae solo sobre individuos aislados”, agregan los autores.

En tres periodos de gobierno (del 2004 al 2015), con 3.366 alcaldes electos que gobernaron en esos años se registraron un total de 1.798 sanciones contra 1.013 alcaldes diferentes. Esto indica que aproximadamente 3 de cada 10 alcaldes fueron sancionados disciplinariamente.

Una de las consecuencias, por supuesto, es la pobreza, la cual tiene mayor prevalencia en los municipios donde se concentran las sanciones a mandatarios municipales.

“Las zonas periféricas del país, específicamente en el sur: Amazonas; o las del sudoeste: Cauca, Putumayo y Valle; en el norte: La Guajira, y en el nordeste: Arauca” tienen varias coincidencias que encajan con el estudio. Además de los altos porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas, muchos de estos territorios han sido tradicionalmente los grandes receptores de las regalías e, igualmente, los que tienen menor generación de recursos propios.

La región Caribe de Colombia es una muestra de la relación entre corrupción local y rezago. Todos los departamentos de esta zona son grandes receptores de regalías, pero sus municipalidades también ocupan los primeros lugares entre los de necesidades básicas insatisfechas superiores al 35 por ciento: 15 municipios están en La Guajira, que corresponden al 100 por ciento de la península; 26, en Sucre (100 % del departamento); 45, en Bolívar (98 %); 29, en Magdalena (97 %); 30, en Córdoba (94 %); 23, en Cesar (92 %), y 16, en Atlántico (70 % del departamento). También allí está una buena parte de los políticos condenados a prisión o sancionados.

Es frecuente el reclamo desde los territorios por lograr más autonomía (por ejemplo, para manejar las regalías), pero esta no ha llevado a promover la gestión para conseguir más recursos e invertirlos con eficiencia, de manera que se logre impulsar el desarrollo y bienestar de la gente. Por el contrario, “la descentralización fiscal no ha fortalecido la capacidad de generación de recursos propios de los gobiernos subnacionales”.

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