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'Si la persona no quiere, no vende': dice DNP sobre fantasmas de 'expropiación'

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Jorge Iván González hace su balance de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

Jhon Torres - Mauricio Galindo
La mañana del viernes, algunas horas después de que esa madrugada en el Congreso quedó el texto definitivo del Plan de Desarrollo, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, sostuvo esta charla con EL TIEMPO.
Como director del DNP, González dirigió la elaboración colectiva de este documento que ahora será ley, mediante la cual se establecen las metas previstas para el periodo de gobierno, y los caminos para llegar a ellas.

¿Cuál es la importancia de que el Congreso le haya dado la bendición al Plan Nacional de Desarrollo?

La gran satisfacción que me queda es que las grandes líneas que propusimos fueron aceptadas en todas las instancias. Los cambios estructurales que se están proponiendo en el Plan de Desarrollo obligan a que haya un compromiso de los gobiernos futuros.

¿Podría recordar cuáles son esos ejes del plan?

El primer punto, es el ‘Ordenamiento territorial alrededor del agua’, para volver a dar importancia a la geografía, a las interacciones entre el campo y la ciudad, el tema de sostenibilidad de estas grandes aglomeraciones, el problema de minería ilegal, del narcotráfico, la coca o la deforestación.
Al segundo lo llamamos ‘Seguridad humana y justicia social’. Es un capítulo que tiene una idea central, ¿cómo creamos las condiciones para que cada persona pueda llevar el tipo de vida que considera valiosa?
El tercero es el derecho humano a la alimentación, en donde miramos todos los aspectos de la transformación y la modernización del campo. Ahí está incluido el catastro multipropósito, la transformación de la propiedad, la reforma rural, los aspectos relacionados con la industria, con producción y productividad en el campo.
El cuarto es transición energética. En este incluimos los aspectos relacionados con empleo, reduciendo progresivamente la dependencia de petróleo o de minerales convencionales.
El último lo llamamos ‘Convergencia social y regional’. Que las condiciones de vida de todos los hogares puedan ser similares, que no tengamos las brechas en la calidad de vida.

¿El Gobierno y usted particularmente están tranquilos en que no se colaron micos?

En el Congreso se puede encontrar un ambiente de dialogo. Mejoramos algunos artículos de forma sustancial gracias al apoyo del Congreso.

Rechazamos muchísimas proposiciones. La semana pasada teníamos 5.270 y la mayoría las rechazamos por razones técnicas, legales o fiscales. Por ejemplo: una que hablaba del censo del 2021, en ese año no hubo censo. Otras legalmente no tenían mucho sentido o repetían normas que ya están. Otras que claramente tenían vicios de constitucionalidad. Cuidamos bastante que las que se presentaron no se aceptaran si tenían impactos fiscales.

Usted cree más en un plan de desarrollo ojalá corto con líneas estratégicas. ¿Alcanzaron a entrar 'proyecticos'?

Al comienzo yo decía: “quiero un Plan de Desarrollo de máximo 150 o 180 páginas”. Terminé entregando unas bases de 260. Llegamos a las comisiones con 200 artículos y vamos a terminar con unas 270. El Plan de Desarrollo pasado tuvo 1.700 proyectos. Nosotros lo bajamos a 800 proyectos indicativos. El compromiso que hicimos fue: lo incluimos en el Plan Plurianual de Inversiones si está avalado por el ministerio respectivo.
El paso siguiente es que con ese listado, tenemos que hacer un ejercicio en la definición de las inversiones, de tal manera que proyectos que parecen dispersos se puedan articular en el momento de definir la inversión y de empezar a ejecutar los recursos a los Pactos Territoriales. Avanzamos bastante en no presentar los planes de inversión por departamento. Una carretera Pasto - Popayán es de todo el país. No es un proyecto departamental, es un proyecto nacional.

Dicen parlamentarios de oposición que el fantasma de la expropiación exprés quedó incluido. ¿El Gobierno y usted como director de Planeación garantizan que no va a haber expropiación?

Este debate fue central. El artículo 55 de la ponencia se discutió en Senado y claramente se afirma la venta voluntaria que se paga a precio comercial. Si la persona no quiere vender, no vende. Este agiliza la parte administrativa, pero conserva las garantías legales. Cuando llegó a la Cámara, los congresistas pidieron que se leyera. Ese artículo no se concilió porque estaba botado por Senado y Cámara. No se metió a la fuerza, ni por detrás. Se discutió con toda tranquilidad. Hubo un rumor de que el Gobierno venía con una proposición para expropiación exprés. Nunca llegó de manera formal a Planeación ni a Hacienda.

Hay preocupación por el eventual aumento de impuestos sobre tierras improductivas. ¿Esto podría llevar a aquellos que se niegan a vender a que eventualmente tengan que salir de las tierras en las que el Gobierno está interesado?

Director del DNP en el primer día de debate del PND

Director del DNP en el primer día de debate del PND

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO

Siempre que había preocupación por la Reforma Rural en Colombia, se habla de explotación adecuada de la tierra. Obviamente se respetan los procedimientos legales para discutir qué es una tierra bien explotada. Aquí sí hay una decisión del Gobierno de avanzar hacia la reforma rural integral, aceptando el primer punto del acuerdo de La Habana. Espero que eso se pueda hacer de forma ordenada, tranquila y un acuerdo voluntario. Lo ideal sería llegar a una definición de usos del suelo rural, de tal manera que una tierra que es para agricultura, si usted la tiene dedicada a la ganadería pueda tener un castigo predial alto, porque el uso del suelo no corresponde con la vocación de este. Es un ideal de modernidad de la agricultura.

Sobre las mínimas cuantías para contratación directa vendrá una reglamentación por parte de Planeación. ¿Qué debería tener para espantar temores sobre corrupción?

Es bueno aclarar que para acciones comunales ya existe menor cuantía; más o menos 1.000 millones de pesos. Lo que se introduce es la posibilidad de que un grupo de campesinos, una pequeña organización comunitaria, pueda contratar, respetando unas normas claras de transparencia, eficiencia y que podamos tener contratos. Hubo una discusión entre mínima y menor cuantía. Finalmente se aprobó mínima que son unos 300 millones de pesos en temas como mantenimiento de vías locales. El Ministerio de Transporte con un equipo de ingeniería determina las características y la comunidad participa en los procesos de construcción directa de la placa huella, con toda la supervisión técnica en contratos. Desde Planeación quedamos tranquilos por la forma en la que quedaron redactados esos artículos.

¿Cómo evitar que los políticos aprovechen este artículo para hacer política y no necesariamente las obras que necesitan las regiones?

Creo que es posible hacer una conjunción de política y eficiencia en las obras. Estamos de acuerdo en evitar corrupción, que se respeten los mínimos criterios técnicos. Yo no veo ningún problema en que el político se tome la foto al lado de una obra que quedó bien hecha.

Aparentemente la cuota inicial de la reforma de la salud está en el plan. ¿Cómo quedó el papel de la Adres en el plan?

Hubo un momento en el Senado que fue muy perturbador, en el sentido que se volvió a traer a colación el tema del giro directo. Nosotros ya habíamos aprobado un giro directo sin facturación. La EPS factura y Adres gira. Eso estaba en el plan de Duque y lo mantuvimos, pero aparece otra vez la discusión de si la Adres puede facturar. Desde que empezó el debate aparecieron varios textos de salud, se sacaron artículos y uno de los que quedó fue el de giro directo. El Senado decidió no discutir este tema, porque se va a discutir en la reforma a la salud.

¿Por qué se cae el término ‘soterrar’ del artículo que permite a la Nación financiar por encima del 70 por ciento, proyectos férreos de sistemas de transporte masivo?

Una tierra que es para agricultura, si usted la tiene dedicada a la ganadería pueda tener un castigo predial alto.

No se quiere que sea un artículo solo para Bogotá. Lo que finalmente se dijo fue: abramos esa posibilidad para que la cofinanciación de la Nación pueda ser más del 70 por ciento, de tal manera que varios municipios medianos y grandes con transportes masivos puedan utilizar también esa posibilidad. No solo metro. Ese artículo se acompañó de la discusión de la cofinanciación de la operación, porque en estos momentos el país ha sido reacio a financiar operación.
Ya estamos aceptando que la tarifa al usuario no alcanza a financiar la operación de los transportes masivos, que la tarifa técnica siempre está por encima de la tarifa del usuario y que esta brecha está generando un déficit. Entonces se amplió la posibilidad para que la Nación también cofinancie la operación, pero obligando a los municipios a utilizar los instrumentos fiscales que les da la ley 8897 para que mejoren los ingresos propios.

¿Cómo fue finalmente el balance de las facultades que se solicitaron para el Presidente?

Quedaron muy poquitas. Quedó la determinación de los montos para programas como Familias en Acción, de tal manera que se pudiera incorporar al sistema de transferencias y mirar cómo se articula con Renta Ciudadana. El tema del hospital San Juan de Dios: darle facultades extraordinarias al presidente para renovarlo y hacer la negociación con el Distrito, puede ser a título gratuito u oneroso. Quedó otro que autoriza al Gobierno para ver cómo se piensa este tema de Caminos Vecinales. Hay otro que fue el del holding Bicentenario, que era una propuesta del ministro Ocampo. El holding lo creó el ministro Carrasquilla y ahí están las entidades financieras del Estado. Lo que quería el Ministerio de Hacienda es ver cómo se pueden articular esas entidades y cómo se pueden aprovechar los potenciales.
¿Qué se le negó al presidente? Lo primero es la creación de la Agencia de Seguridad Cibernética y Satelital. También se negó uno que era muy importante para este gobierno, la creación de la Agencia Nacional Forestal. El balance desde el punto de vista de facultades extraordinarias es moderado.

La aprobación del plan demuestra que el diálogo político, puede sacar proyectos adelante. ¿Cree que en la reforma de la salud todavía hay espacios de consenso?

Yo nunca me había metido tres meses al Congreso y, lo digo públicamente, le agradezco al Congreso por la forma juiciosa como se discute En el Congreso se puede encontrar un ambiente de dialogo, de discusión, de debate. Creo que mejoramos algunos de los artículos de forma sustancial gracias al apoyo del Congreso.
JHON TORRES
Editor de Mesa Central
MAURICIO GALINDO
Editor de Economía
Jhon Torres - Mauricio Galindo
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