Una abultada suma, de 10,7 billones de pesos, equivalentes a casi dos veces lo que dará este año la reforma tributaria del 2016, es el saldo de regalías sin ejecutar, según la Contraloría General.
A ello se le suma que en este sistema, que fue reformado precisamente para hacer más eficientes estos recursos, se está desperdiciando la plata en acueductos sin terminar o en mal estado, colegios en mitad de la selva abandonados, hospitales con aparatos arrinconados y sin uso. Es decir, en elefantes blancos.
Los departamentos que más reciben ingresos, como Meta, Casanare, La Guajira y Cesar, son los campeones en obras sin terminar. Esto ocurre mientras aparecen peticiones de las regiones productoras que quieren recuperar las regalías directas que les fueron recortadas desde hace seis años, a través de un acto legislativo que buscó “repartir la ‘mermelada’ minero-petrolera en toda la ‘tostada’ nacional”, y no solo en ocho departamentos productores que concentraban entonces el 80 por ciento de los recursos.
Dicho acto legislativo, que demandó largos y acalorados debates en el Congreso y se planteó en parte como antídoto ante la concentración de estos recursos y el halo de corrupción que rodeaba su manejo, ya fue transformado por iniciativa del Gobierno y con el aval de los parlamentarios, que el martes pasado aprobaron un cambio orientado a darle el 7 por ciento de estos recursos a la paz, por 20 años.
Durante la aprobación de esta iniciativa del Gobierno, el común denominador entre parlamentarios fue reclamar por una repartición distinta a la vigente, es decir que les den más recursos a los departamentos y municipios donde están las minas o yacimientos de minerales y petróleo, “porque ellos son los que cargan con los problemas que trae la explotación del subsuelo”, argumentó la senadora Maritza Martínez.
Cabe destacar que en el acto legislativo gubernamental, aprobado hace un par de días, se estableció un alivio para las regiones productoras al asignarles un 30 por ciento de los rendimientos financieros que generen las regalías mientras se ejecutan. No obstante, ya está en curso otro proyecto de acto legislativo que pide la recuperación de más recursos para las regiones productoras.
Aunque las regalías ya no son tan generosas como hace un quinquenio, cuando se hablaba de presupuestos bienales de 18 billones de pesos (el del 2014), siguen siendo atractivas para las regiones productoras, muchas de las cuales dependen de este ingreso para su inversión. De igual manera, siguen siendo objeto de malos manejos porque los hallazgos de la Contraloría evidencian que no solo hay una manada de elefantes blancos, sino que “en el bienio 2015-2016, del saldo sin ejecutar, de 10,7 billones de pesos, 6 billones quedaron en el Tesoro Nacional y 4,7 billones, en cuentas bancarias de entidades territoriales”.
Aun así, las regiones productoras están en pos de mejorar recursos, objetivo principal del proyecto de ley radicado.
“La iniciativa legislativa establece una redistribución del 10 por ciento para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 10 por ciento para ahorro pensional territorial y hasta 30 por ciento para el Fondo de Ahorro y Estabilización, que se distribuirán en 50 por ciento para asignaciones directas y el otro 50 por ciento para los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, teniendo en cuenta además que de este 50 por ciento, el 60 por ciento será para el primero y el 40 por ciento para el segundo”, dice el senador Camilo Abril, autor de la propuesta.
El problema es que la Contraloría ha venido destapando el uso de estos dineros en obras plagadas de irregularidades, como el megacolegio en el municipio de Paz de Ariporo en Casanare, cuya inversión fue de 6.660 millones de pesos pero que hoy es una obra inconclusa, abandonada en el 2013 y en franco deterioro.
El organismo de control también destapó el elefante blanco de la nueva sede de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), con un retraso del 72 por ciento. “El detrimento patrimonial es de 6.450 millones de pesos, pues las obras están en abandono y deterioro continuo”.
Durante la primera mitad del año pasado, el organismo de control auditó el uso de los recursos de regalías, y solo en el primer semestre habían invertido 106.000 millones de pesos en 39 de estos ‘paquidermos’, ubicados en 16 departamentos del país, principalmente en Meta, Casanare, La Guajira y Cesar, que están entre los que más reciben regalías.
Para el segundo semestre del 2016, solo entre la Gobernación del Meta, Llanopetrol, el municipio de Puerto Gaitán y la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) hay 105.000 millones de pesos en elefantes blancos.
Mientras los hospitales están atiborrados de gente o las personas mueren en las puertas sin atención médica, “el Meta dispuso de recursos de regalías para el mejoramiento y diseño de nuevas áreas de infraestructura hospitalaria en centros de atención de los municipios Cubarral, La Macarena, Lejanías y San Juan de Arama. La obra nunca ha sido puesta en funcionamiento”.
En los municipios de Manaure (La Guajira) y Chiriguaná (Cesar) se invirtieron más de 5.000 millones de pesos en un sistema de acueducto y alcantarillado, pero ninguno ha prestado servicio a la comunidad.
Esta situación, en medio de una baja en la producción de petróleo y las necesidades apremiantes de millones de colombianos que viven en la pobreza, tiene en alerta a la Contraloría.
En medio de la alerta de la Contraloría, por el uso que se les está dando a las regalías en algunas zonas del país, el acto legislativo que se aprobó esta semana le da nuevas prebendas a los productores.
Según explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el acto legislativo le hace justicia a los reclamos de las regiones productoras y permitirá reducir la protesta social en las zonas en las que hay explotación de recursos del subsuelo.
Se destaca que, de la nueva bolsa de recursos creada para financiar la paz (7 por ciento de las regalías), se incluyó un criterio que también favorece a los productores. “No quiere decir que si no es productor no va a recibir recursos del Ocad paz. Si es productor va a tener mayor participación, le va a dar más puntaje, pero tendrán que tenerse en cuenta criterios como conflicto, cultivos ilícitos, pobreza, nivel de debilidad o fortalecimiento institucional”, dijo Cárdenas.
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