Alrededor de 4,3 millones de hogares colombianos recibirán cada mes, por adelantado, un pago correspondiente al IVA que cancelan en sus compras, y sería de 51.300 pesos.
Así lo contempla el proyecto de Ley de Financiamiento que el Gobierno radica este miércoles en el Congreso, con el que se busca financiar el presupuesto del 2019 y hacer cambios en el sistema tributario, con el objetivo de que sea más equitativo, fortalezca el recaudo e incentive el empleo.
En una presentación del proyecto este martes, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmaron que entre los pilares del proyecto están la búsqueda de mayor competitividad de las empresas; simplificación y formalización para el emprendimiento; progresividad y distribución del ingreso, y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
Sobre el IVA, el mandatario afirmó que hoy el 53 por ciento de la canasta familiar se paga con la tarifa general del 19 por ciento. Así mismo, que el beneficio de no cobrarlo a otros productos lo reciben principalmente hogares de ingresos altos. Duque puso el ejemplo de la compra del mercado de un hogar de ingresos altos, en el que por no pagar IVA reciben del Estado un beneficio de 100.000 pesos, mientras que si es de ingresos bajos, ese beneficio sería sólo de 25.000 pesos.
Por ese motivo, en el proyecto se plantea ampliar la base de productos sobre los que se paga IVA, mientras que a los hogares pobres se les entregaría por adelantado lo que ellos cancelarían por ese tributo.
Así mismo, se dejarían sin gravar servicios de salud, arriendos y servicios públicos. De esta manera, con la reforma, quedaría exento el 20 por ciento de la canasta familiar.
El presidente Duque explicó que el mayor recaudo que permitiría ampliar la base de productos da espacio para bajar la tarifa, que pasaría del 19 al 18 por ciento el año entrante, y al 17 por ciento en el 2021.
Así, en la práctica, no habría IVA para los hogares de ingresos bajos, mediante el mecanismo de entregarles por anticipado el dinero que deberían pagar por ese impuesto.
Desde el año entrante se devolvería IVA a 4,3 millones de hogares pobres by Andree Hernandez on Scribd
Esos hogares corresponden, aproximadamente, a los que viven por debajo de la línea de pobreza, y el Gobierno los estima en 4,3 millones, que se pueden identificar por el puntaje de la encuesta del Sisbén.
Los ingresos mensuales promedio de estos hogares van desde unos 800.000 pesos hacia abajo. Corresponden a unos 14 millones de personas, y son el 30 por ciento con menores ingresos de la población total.
El Presidente explicó que el mecanismo previsto para la compensación monetaria es mediante giros electrónicos o cobro por ventanilla, y con el pago de los 51.300 pesos que se estiman por hogar cada mes, la compensación por el IVA a los pobres llegaría a 2,4 billones de pesos en el primer año, y 2,5 billones en el segundo.
El jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, subrayó que todos los hogares que hoy reciben transferencias del Estado ya están bancarizados, como sucede, por ejemplo, con beneficiarios de los programas Familias en Acción o Colombia Mayor.
Por eso, el Gobierno no ve con preocupación la necesidad de que esos hogares tengan cuentas bancarias.
Sobre el impuesto de renta, los funcionarios explicaron que quien hoy no declara no declarará; el que ya declara, pero no debe pagar, no deberá pagar en el futuro, y el que declara y paga, seguirá pagando lo mismo, si sus ingresos no superan los 35 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, quienes ganan más de 35 millones de pesos al mes, sí tendrán que pagar más impuesto de renta, con una tarifa del 37 por ciento. De acuerdo con Duque, hoy esas personas que tienen ingresos superiores a los 35 millones de pesos mensuales no están aportando lo suficiente.
Según el Presidente, lo fácil habría sido ampliar la base de personas que declaran renta y pagan, pero tomar ese camino habría sido un golpe para quienes han logrado entrar en una creciente clase media o quienes han salido de la pobreza pero aún están en una posición vulnerable.
De otro lado, en lugar de las exenciones que hoy se pueden acumular, por diferentes motivos hasta un 40 por ciento del ingreso neto, se unificarán en una sola exención del 35 por ciento.
La Ley de Financiamiento que el Gobierno radica hoy en el Congreso generaría 19 billones el próximo año, de acuerdo con las cuentas del Gobierno.
Pese a que se disminuirá la tarifa del IVA, y se devolverá este tributo a los hogares pobres, la mayor parte de los frutos de la ley provendrán de este impuesto. La razón es que se ampliará la base de productos. Este rubro generará 11,3 billones de pesos en el primer año, y 12 billones en el segundo.
Entre tanto, el impuesto a la riqueza, para personas con propiedades de más de 3.000 millones de pesos, generará 1,5 billones de pesos tanto en el primero como en el segundo año.
Otra fuente para el recaudo adicional será la unificación de las cédulas (es decir, la clasificación de los ingresos de los contribuyentes según su origen), lo que permitiría un recaudo adicional de 1,7 billones en el primer año y de 2 billones en el segundo año.
También se espera el aporte de 1,2 billones de pesos del programa de ahorro y reducción del tamaño del Estado; de 1,6 billones de la normalización tributaria y gestión de la Dian, y de 2,3 billones por venta de activos, entre otros.
Desde el año entrante se devolvería IVA a 4,3 millones de hogares pobres by Andree Hernandez on Scribd
En la presentación este mares, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque dijo que una de las motivaciones del proyecto de Ley de Financiamiento es atender la necesidad de generar más empleos formales, y una dificultad para conseguir ese objetivo es que las tarifas efectivas que terminan pagando los empresarios llegan al 69,8 por ciento, en un sistema tributario que no permite deducir el IVA, el ICA o el 4 x 1.000.
Con ese fin la iniciativa plantea “bajar la carga a los generadores de empleo” –dice el Presidente– llevando la tarifa nominal del impuesto de renta a 30 por ciento en cuatro años.
Así mismo, se propone deducir de ese impuesto el 100 por ciento del IVA pagado en compra de bienes de capital, como en Chile y México. El proyecto también contempla una deducción del 50 por ciento de lo pagado por el 4 x 1.000.
Con estos mecanismos se espera bajar en 10 puntos la tarifa efectiva de renta, para mejorar la competitividad de las empresas del país.
Así mismo, se plantea depurar las exenciones; se mantendrían las que el Gobierno cree que estimulan la inversión. En ese sentido, el Gobierno propone una exención del impuesto de renta por diez años para emprendimientos en el campo que generen un mínimo de empleos permanentes, y otra, de 5 años, con la misma condición del empleo, para nuevos negocios de tecnología y creatividad.
Para los pequeños negocios, la iniciativa crea el Impuesto Simple, un tributo unificado para actividades que vendan hasta un máximo de 2.800 millones de pesos al año.
Este se aplicaría a los contribuyentes que se acojan de forma voluntaria. Para quien opte por él, sustituiría –en uno solo– los impuestos de renta, al consumo, el de industria y comercio y los aportes de seguridad social. Se causaría anualmente y se pagaría en cuotas mensuales.
Además de los cambios en impuestos, otros mecanismos con los que el Gobierno espera obtener un aumento de los recursos son, por ejemplo, un programa agresivo para la aplicación de la factura electrónica, así como más fiscalización, gestión y modernización de la Dian, lo que debería traducirse en 1,6 billones de recaudos adicionales el año entrante y cinco billones en el 2020.
Como pasos previos a la presentación del proyecto de ley, se sacó adelante la Ley del Presupuesto y se llevó a cabo una operación de canje de deuda para aliviar los vencimientos que había que pagar el año entrante.
En cuanto al presupuesto del 2019, en palabras del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la tarea era “resolver el bloqueo presupuestal”, pues al comienzo hacían falta unos 14 billones de pesos para, por ejemplo, atender los servicios de salud no POS (3 billones de pesos) o la implementación de los acuerdos de paz (2 billones) u otros dos billones para subsidios.
El desbloqueo se consiguió al reducir los pagos de deuda, lo que permitió ampliar la inversión y unos reacomodos para atender programas sociales. Sin embargo, como ciertos montos de desembolsos que originalmente iban a atender la deuda se convirtieron en otros gastos, el presupuesto quedó desfinanciado, lo que exige la Ley de Financiamiento que hoy comienza su trámite.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
redaccioneconomicas@eltiempo.com