El Gobierno tendría listo ya un texto de decreto en el cual les da a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del país tres años más de plazo para alcanzar la habilitación financiera.
Este proceso consiste en demostrar que poseen la solidez económica para soportar su operación y no incumplirles a sus asegurados.
(Editorial: Es hora de reformar el Sisbén)
Ello implicaría, según un diagnóstico, la necesidad de capitalizarlas con entre 6 y 7 billones de pesos –siempre y cuando no se deteriore más la situación económica del sistema de salud–, para lo cual les habían dado inicialmente siete años.
El compromiso era disponer para el 2015 de 560.000 millones de pesos, y en el 2016, de otro medio billón de pesos, y así sucesivamente.
“Ahora, con estos diez años sería menos, pero igualmente es muy duro”, afirmó Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las EPS.
Hasta el momento, según señaló, sus 12 afiliadas del régimen contributivo, que son las más grandes, han logrado llenar los requisitos para tener esta certificación, pero existen otras 40 más pequeñas que no lo han logrado.
Justamente, la medida oficial de otorgar un tiempo mayor al que les dieron en un principio buscaría no sacarlas del mercado.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
