El salario desigual por igual trabajo vuelve a salir a la cancha, a jugar un difícil partido en el debate público. Uno de los casos más recientes se está dando en la empresa de comunicaciones Claro, tras una demanda que ya tiene fallo a favor del demandante y espera el segundo concepto jurídico, luego de la apelación de la compañía.
Una trabajadora en Barranquilla recibe 1’983.000 pesos mensuales por realizar una labor igual por la que un empleado en Bogotá devenga 2’839.000.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla falló a favor de la empleada demandante, por lo que el viceministro del Trabajo, Carlos Baena, indicó que “se ordenó una averiguación preliminar y tiene que haber una racionalidad de por medio, pues la jurisprudencia indica que prima el principio de igual trabajo igual salario”.
El abogado Brayan Torres, que lleva el caso contra Claro, señala que el hecho es repetitivo en todas las ciudades del país en comparación con Bogotá, donde está la mayor fuerza laboral de la nación.
Además, considera que se trata de una discriminación laboral que pone sobre el tapete el interrogante de hasta qué punto el salario distinto está dentro del mandato constitucional de igualdad.
Tras varias recomendaciones de expertos, de tiempo atrás, la Ocde volvió a insistir, en mayo del 2017, en un salario mínimo diferencial, tanto por regiones como por edades, como un mecanismo para atacar la desigualdad en los ingresos, el alto grado de informalidad y la baja productividad.
En el último trimestre del 2017, el Banco de la República lanzó la idea de aplicar en el país el salario diferencial por ciudades. A través de un documento oficial, el Emisor enmarcó su propuesta en el salario mínimo, teniendo en cuenta el pulso que se aviva en el país cada fin de año, cuando se negocia el incremento de ese referente remunerativo. Para el banco, en ciudades como Barranquilla, el salario mínimo no parece ser suficiente para cubrir gastos básicos, pero para otras como Villavicencio, Popayán y Neiva, el monto es alto.
El Emisor argumentó entonces que “la disparidad en la productividad de la mano de obra en las regiones” ameritaba pensar en un salario diferencial.
Hay que señalar que el argumento de Claro en los estrados judiciales tiene que ver con la eficiencia. Se basa en un concepto de la Corte Suprema de Justicia sobre diferencias salariales, documento en el cual la sala laboral del alto tribunal “ha considerado que, aparte de un puesto igual y una jornada igual, para exigirse la igualdad retributiva es necesario que haya similar efectividad (eficiencia, en los términos del Código Sustantivo del Trabajo –CST–) entre los trabajadores que se comparan”.
Además, dice el concepto de la Corte: “El trato discriminatorio es patente cuando el empleador, a partir de cierto momento, comienza a hacer una especial exigencia de calificación profesional para quienes desempeñen determinado puesto de trabajo”.
Para el abogado Torres, la eficiencia está referida al nivel de ventas en esta ciudad, en comparación con el de la capital, lo que nada tiene que ver con el desempeño laboral de la trabajadora.
Para los analistas de la firma Gerencie, si bien el CST establece que en cuestión de salarios no debe establecerse una diferencia por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión o actividades sindicales, el inconveniente surge cuando se habla de eficiencia, criterio que “resulta muy subjetivo de valorar”.
Las diferencias remunerativas en Colombia van más allá de lo geográfico. Un estudio contratado por elempleo.com muestra que la diferencia salarial entre ciudades, en el mismo cargo, puede ser hasta de 34 por ciento menos de lo que se paga en Bogotá.
Lina Correa, gerente de reclutamiento de Manpower, expresa que “el salario diferencial es un tema que se debe estudiar con cuidado, pues puede generar resultados adversos a los deseados: ampliar el índice de pobreza y estancar las regiones menos productivas del país”.
La experta agrega: “Eventualmente podría generar impactos positivos, como disminución de la informalidad, mejora en la distribución de los ingresos, y la posibilidad de desarrollo de sectores alejados de las grandes ciudades, pero todo ello debe estar enmarcado dentro de la legalidad, la protección de los derechos humanos y la dignidad en el trabajo”.
Y Anif dice “ser partidario del diferencial salarial, pero solo para jóvenes. No creemos que sea conveniente ni aplicable diferenciar salarios mínimos por regiones”.
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