Con un IVA del 19 por ciento como columna vertebral de la reforma tributaria; un impuesto de renta del 34 por ciento para el 2016 y del 33 para el año siguiente, renta presuntiva del 3,5 por ciento y un gravamen del 10 por ciento para los dividendos de personas naturales colombianas y del 5 por ciento para los inversionistas extranjeros, como puntos más relevantes del proyecto, avanzaba en la noche del martes, en plenaria de la Cámara, la votación del proyecto de reforma tributaria.
Hacia las 5 de la tarde, unos 300 artículos, el 80 por ciento de la iniciativa con la que el Gobierno pretende recaudar unos 6,2 billones de pesos en el 2017, se había aprobado en bloque con 98 votos a favor y solo 4 en contra.
Una hora más tarde, otro bloque de 22 artículos, también fue evacuado por los parlamentarios de esta corporación, para un total del 87,7 por ciento del proyecto.
A esas alturas de la votación y cuando se pensaba que el proyecto quedaría aprobado sin mayores cambios, los argumentos de Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, en el sentido de que sería muy difícil poner en práctica el tema de la cárcel para los evasores, llevó a varios parlamentarios a proponer el hundimiento de ese artículo.
De inmediato, funcionarios de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (Dian) se dieron a la tarea de hacerle ajustes a ese articulado y de esta forma evitar que el mismo se hundiera.
Mientras la aprobación del proyecto de reforma tributaria avanzaba sin mayores tropiezos en esa célula legislativa, en la plenaria del Senado las intervenciones de los legisladores, unas a favor y otras en contra, no se hacían esperar y prolongaron cualquier intento de votación, por lo menos hasta el cierre de esta edición.
Durante su intervención el martes en la plenaria de la Cámara de Representantes, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, insistió en que este es un proyecto estructural que le dará competitividad al país y los recursos que requiere para avanzar en los proyectos de inversión social.
“Esta es una iniciativa que defiende y protege a la clase trabajadora del país, a los asalariados, pero además, es una iniciativa que simplifica el tema tributario para todos los colombianos”, insistió el funcionario ante los parlamentarios.
Pero, ¿cuáles son esos aspectos claves que lograron avanzar en la noche del martes en la plenaria de la Cámara?
Las personas naturales podrán deducir hasta un 40 por ciento de sus ingresos brutos del impuesto de renta, 25 por ciento por derecho propio para todos los contribuyentes y podrán utilizar hasta un 15 por ciento más para deducir por aportes a medicina prepagada, pensiones voluntarias, pago de intereses de crédito hipotecario o cuentas AFC hasta un máximo de 150 millones de pesos.
Con este mecanismo se elimina el trámite de la renta ordinaria, es decir del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (Imán) o el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (Imas).
Para las personas naturales se mantiene la misma tabla del impuesto de renta, no se modifican las tarifas y tampoco se amplió la base, por iniciativa de los ponentes del proyecto.
Se mantiene sin IVA la canasta familiar y sus productos esenciales, es decir, alimentos, medicamentos, transportes y maquinaria agrícola, entre otros.
Tampoco quedó gravado con IVA el servicio de internet para las familias de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, así como tampoco los computadores y los dispositivos electrónicos, como las tabletas, de menor valor.
Para impulsar la recreación y el deporte se incluyó un impuesto al consumo del 4 por ciento con cargo a la telefonía móvil.
En esa misma dirección se estableció el impuesto escalonado para el tabaco, el cual será de 700 pesos para el año entrante y otro monto similar para el 2018.
También habrá tributo escalonado para desincentivar el uso de las bolsas plásticas debido al daño ambiental que causan. Así el impuesto será de 20 pesos para el 2017 y prevé incrementos anuales de 10 pesos hasta llegar a una tarifa máxima de 50 por bolsa.
Otro de los gravámenes incluidos es el monotributo, el cual tendrán que pagar los pequeños negocios que operan en locales de menos de 50 metros cuadrados y con lo que el Gobierno espera formalizar a unos 300.000 de estos comercios.
Por iniciativa de los ponentes también se establecieron exenciones tributarias por 10 años para quienes construyan hoteles en poblaciones de menos de 200.000 habitantes y creen empresas en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado.
Pero así como al proyecto se le fueron incorporando algunas proposiciones parlamentarias, hubo otras que se tuvieron que retirar por sus efectos negativos.
Fue el caso del llamado impuesto verde para los combustibles fósiles contaminantes, en el que se había incluido al gas natural en medio de las discusiones, pero que el Gobierno tuvo que retirar a último momento. Solo quedó para industria de refinación y petroquímica.
Del proyecto también salió el impuesto a las bebidas azucaradas.
Tampoco se gravaron las pensiones altas y se mantiene el impuesto a las transacciones financieras (4 por mil), entre otros.
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