La Unión Europea (UE) no puede firmar acuerdos comerciales sin consultar a los parlamentos nacionales. El Tribunal de Justicia de la UE así lo decidió el martes en una sentencia sobre el tratado con Singapur cuyos efectos se dejarán sentir mucho más allá: puede cambiar el resultado final de negociaciones tan relevantes como el futuro pacto comercial con Reino Unido tras el brexit.
Los jueces estiman que Bruselas tiene competencia exclusiva para aprobar por sí sola gran parte de las cuestiones de un tratado comercial, pero han determinado que los socios europeos deben dar el visto bueno a su política en dos ámbitos: “La Unión no dispone de competencia exclusiva únicamente en lo que concierne a dos aspectos del acuerdo: el ámbito de las inversiones extranjeras distintas de las directas y el régimen de arreglo de controversias entre inversores y Estados”.
Precisamente, la independencia de los tribunales de arbitraje, un mecanismo presente en la mayoría de acuerdos comerciales para dirimir eventuales demandas de multinacionales contra los Estados, fueron el principal escollo para que Valonia diera el visto bueno a la firma del Ceta.
Aunque el veredicto señala la obligatoriedad de consultar a los Estados miembros en ambos aspectos, el dictamen suaviza la opinión expresada por el abogado general en diciembre. El letrado planteó entonces incluir entre las competencias compartidas entre Bruselas y los socios europeos cuestiones como el transporte, algunos derechos de propiedad intelectual y normas laborales y medioambientales que ahora el
tribunal deja solo en manos de la UE.
La resolución abre la puerta a que hasta 38 parlamentos nacionales y regionales deban dar su consentimiento a acuerdos como el Tratado Transatlántico (TTIP) o el tratado comercial con Reino Unido tras el brexit para que entren en vigor de forma definitiva. Ese largo recorrido está sujeto a un gran número de imprevistos: cada Estado puede tener intereses contrapuestos o exigir a cambio de su voto favorable contrapartidas que amenazan con convertir cualquier discusión en un laberinto de
difícil salida.
La única forma de que un tratado comercial con Reino Unido pueda entrar en vigor esquivando el trámite de recorrer las cámaras de la UE pasa por rebajar el nivel de ambición dejando a un lado temporalmente esos dos aspectos para seguir adelante
con los puntos que la ley permite y así evitar retrasos.
Aún está por verse si esa opción está en la negociación. Las discusiones sobre los intercambios comerciales UE-Reino Unido no comenzarán hasta que se cierren las condiciones de salida, que solo necesitarán del beneplácito de las instituciones comunitarias.
Precedentes como la resistencia valona a autorizar la firma del Ceta, el tratado de libre comercio con Canadá, muestran que la renacionalización de la política comercial puede traer quebraderos de cabeza a los responsables comunitarios. En el horizonte está la aprobación de tratados como los que actualmente se negocian con Japón, México, los países latinoamericanos de Mercosur o la ratificación final del CETA. También el polémico TTIP, que ha perdido impulso tras la llegada del proteccionista Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Algunas de estas negociaciones llevan abiertas desde hace más de una década, y a la de por sí compleja tarea de compatibilizar legislaciones, pueden tener que superar ahora los vaivenes políticos de decenas de parlamentos europeos.
Bruselas trató de convencer a los Veintiocho de la necesidad de que la aprobación de los acuerdos fuera competencia exclusiva de la UE para agilizar así su puesta en marcha y mostrarse de cara a sus socios como un actor predecible, pero los Estados no estaban por la labor.
Álvaro Sánchez López
Ediciones EL PAÍS, SL 2017
