La urgente tarea de transformar el agro

La urgente tarea de transformar el agro

¿Cuáles son los principales desafíos y las posibles soluciones para transformar el campo?

Sector agrícola

El 60 por ciento del empleo en el campo es informal. Muchos campesinos viven en la pobreza.

Foto:

Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Enrique Herrera Araújo - Razón Pública
13 de abril 2019 , 11:00 p.m.

Los problemas del sector agrícola en Colombia son muchos, y las posibles soluciones no son sencillas.

Se trata de un sector que reúne gran parte de los problemas y la violencia del país y, por lo mismo, exige una respuesta interdisciplinaria o concertada entre distintos ministerios: Ambiente, Defensa, Minas y Energía, Trabajo, Comercio y el recién creado ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Algunos de los problemas más evidentes del campo son los siguientes:

– La red vial terciaria –que conecta cabeceras municipales y veredas o veredas entre sí– representa el 69 por ciento de la red nacional de carreteras, lo que equivale a 142.285 kilómetros. De este total, se calcula que apenas un 20 por ciento está en buen estado.

Colombia cuenta con 18,4 millones de hectáreas para riego, de las cuales están adecuadas 1,1 millones (el 6 por ciento) y muchas están mal operadas. En otros países latinoamericanos la cifra es mucho mejor: Perú tiene cubierto el 40 por ciento; Chile, el 44 por ciento; y México, el 66 por ciento.

– En Colombia, la energía rural es mucho más costosa que en el resto de América Latina. Mientras que en Colombia un productor paga 15,5 centavos de dólar por kilovatio-hora, en Chile pagaría 10,7 centavos de dólar; en Uruguay, 10 centavos de dólar; y en Estados Unidos, 6 centavos de dólar.

El 65 por ciento de los habitantes del campo son pobres y el 60 por ciento del empleo es informal.

– El 54 por ciento de los predios rurales se explotan sin títulos de propiedad y eso produce inseguridad jurídica y limita el acceso a la oferta institucional.

– Hay un exceso de normas e instituciones dispersas y con poca presencia territorial. Eso ha creado confusión normativa, duplicidad de funciones, dispersión de recursos y falta de coordinación institucional.

Por eso, para reformar el agro deben tenerse en cuenta, por lo menos, cinco cambios:

1. Simplicidad normativa que otorgue seguridad jurídica y permita construir confianza.

2. Instituciones eficientes y funcionales.

3. Competitividad y rentabilidad de la actividad agrícola.

4. Crédito, financiamiento y riesgo.

5. Infraestructura y mercado.

Seguridad jurídica

Uno de los primeros pasos para transformar el agro en Colombia es otorgar mayor seguridad jurídica a la propiedad rural para atraer inversión.

Es necesario revisar el proyecto de ley de tierras que se radicó en el Congreso. Infortunadamente, el proyecto no generará consensos ni grandes acuerdos porque tiene un pecado original: no se debatió con la población rural, pero sí se concertó con las Farc y con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) y, además, perdió en el plebiscito.

También es necesario simplificar y reunir la legislación existente en materia de tierras y de formalización de la propiedad rural. Actualmente existen catorce leyes, trece decretos, cinco acuerdos, cuatro resoluciones, tres documentos Conpes y dos sentencias sobre la materia. Eso sin contar las instrucciones administrativas de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Esa simplificación normativa debe ir de la mano de una simplificación institucional. El Plan Nacional de Desarrollo debe darle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para eliminar funciones, suprimir agencias y articularlas con las entidades territoriales.

Con esos objetivos en mente, el Ministerio de Agricultura debe expedir el Estatuto Rural de Transformación Productiva que el presidente Duque prometió en su campaña para ofrecer seguridad jurídica, establecer reglas claras, simplificar y automatizar los trámites. Es claro que la inversión se atrae y el comercio se facilita cuando existen normas sencillas de entender y no una maraña normativa que confunde.

Pero la seguridad jurídica debe estar acompañada de otra seguridad: la del territorio. El Ministerio de Defensa debe coordinarse con el de Agricultura para enfrentar el abigeato (hurto de ganado) y el contrabando. No olvidemos que por el contrabando de ganado Colombia perdió el estatus de ‘país libre de aftosa’. Por supuesto que el control territorial les da tranquilidad a la inversión, a los activos en el campo y garantiza la libre movilidad de bienes y personas en las áreas rurales.

Inversión y tecnología

Un adecuado desarrollo del agro en Colombia exige una mayor organización y eficiencia de los distritos de riego: los cultivos requieren, entre otros factores, agua como bien primario si se quiere mejorar la productividad y disminuir los riesgos.

Por eso hay que destrabar los grandes distritos de Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia-Paicol, que se convirtieron en elefantes blancos por la decisión del gobierno Santos de no apostarles a los megadistritos.

Para sacar adelante estos tres proyectos será necesario una nueva ley de adecuación de tierras y un fuerte presupuesto público. El nuevo régimen tributario en renta para las megainversiones puede ser una buena oportunidad para “venderle” estos distritos al mundo aprovechando el artículo 67 de la Ley de financiamiento que establece un régimen especial para las inversiones que creen al menos 250 nuevos empleos directos y un monto mínimo de un billón de pesos, pero ello solo será posible (y nunca fácil por el monto de inversión exigido) si el riego al igual que la producción de alimentos se convierten en política de Estado, si se ofrece garantía soberana y si los distritos de riego conllevan una actividad agroindustrial.

Ese régimen tributario, junto con una nueva ley de adecuación de tierras que permita constituir alianzas público-privadas (APP) y un robusto presupuesto público, pueden salvar los tres distritos mencionados. También será necesario constituir equipos profesionales y bien calificados, radicados en el exterior, con movilidad en toda el área a su cargo (EE. UU., UE, Asia) con la misión de promover en el mundo proyectos, inversiones y comercio de los productos nacionales.

Por último, la tecnología debe ser una aliada para la transformación del campo en Colombia. El mismo artículo 79 de la Ley de financiamiento establece que la “venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares (…) [ESTARÁ EXENTA]por un término de quince años, a partir del año 2017”. Se trata de una oportunidad para abaratar el costo de la energía en el sector rural y para promover la venta de tecnologías amigables con el medioambiente.

Alianzas con el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) permitirán crear programas para mejorar la productividad y el acceso a los mercados de bienes y servicios. Un ejemplo exitoso de lo que puede alcanzarse es el programa Hello Tractor: una plataforma digital que funciona en Nigeria y que permite el uso compartido de tractores. En otras palabras, un Uber para el uso de maquinaria agrícola. También habrá que apostarle, en el marco de una economía naranja para el agro, a una red de incubadoras para la Agroindustria y a nuevas APP para el desarrollo rural.

El reto es interesante e inspirador. Transformar el campo en Colombia no es tarea fácil: la situación no será sencilla, el año está agitado por movilizaciones sociales, ideológicas, políticas y electorales, pero con conocimiento temático y del territorio, capacidad de diálogo, gobernabilidad y un liderazgo articulador como el del presiente Duque los resultados pueden llegar a ser palpables.

Y del agro y el desarrollo rural puede surgir un gran Pacto Nacional.

ENRIQUE HERRERA ARAÚJO*
Razón Pública

* Abogado, especialista en desarrollo regional y magister artis en gestión pública. Experto en tierras y desarrollo rural.
En Twitter: @enriquehaRazón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

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