Hoy, cuando finaliza el tiempo de casi seis meses para visitar las instalaciones de Electricaribe, que dio el Gobierno a los posibles inversionistas interesados en hacer una oferta formal por toda la operación de Electricaribe o por alguno de los dos mercados en los que fue divido el proceso, comienza la cuenta regresiva para que el país conozca cuál será la salida de la crisis de servicio del mercado eléctrico de la región Caribe, tras una intervención de un poco más de tres años.
Luego de que a finales del año pasado la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, y la agente interventora de la compañía, Ángela Patricia Rojas, anunciaron el aplazamiento del proceso mientras los interesados (hay seis precalificados) tenían claras las cuentas ante la necesidad de volver a presentar una reforma tributaria tras la inconstitucionalidad de la ley de financiamiento, el panorama está hoy más claro.
En este sentido, el mercado Caribe Mar, conformado por Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, es el que mayor interés ha despertado, aunque una fuente del Gobierno le dijo a EL TIEMPO que al menos habría todavía un interés por el mercado de Caribe Sol, conformado por Atlántico, Magdalena y La Guajira, el cual tiene los peores indicadores en cuanto recaudo, pérdidas de energía y calidad de servicio.
Para el caso de Caribe Mar, Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una de las firmas que desde el año pasado ‘levantaron la mano’, al presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de integración empresarial.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una de las firmas que desde el año pasado ‘levantaron la mano’
Según fuentes enteradas del proceso, esta empresa ya tiene casi listos años recursos de inversión que requiere ese mercado, y que deben ascender a 5 billones de pesos en 10 años.
Para tal fin, a finales de 2019 la administración saliente de EPM dejó muy adelantadas las conversaciones con dos fondos de inversión internacionales, que aportarán el dinero, mientras que la compañía pública antioqueña se encargará de la operación, a través de un consorcio conformado por sus principales filiales.
Dicho consorcio, en caso de ganar, será liderado por la Electrificadora de Santander, junto con los aportes técnicos de Central Hidroeléctrica de Caldas S. A. ESP, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y la Empresa de Energía del Quindío.
De acuerdo con las fuentes, EPM habría conseguido esos recursos con tasas favorables por un lapso de seis años y, luego de finalizado este período, deberá retornar el dinero a dichos fondos de capital foráneo.
Lo anterior teniendo en cuenta que EPM sacó a la venta varios de sus activos para absorber el impacto del sobrecosto del proyecto Hidroituango, derivado de la contingencia que tuvo esta central hidroeléctrica, y que le impidió comenzar a generar en diciembre de 2018.
Al respecto, una alta fuente del Gobierno señaló que desde hace tiempo se tiene claro que EPM solo irá por este mercado, que representa el 10,9 por ciento del total de la comercialización de energía del país, cumpliendo así con la norma de estar por debajo del tope de 35 por ciento, que fue incrementado en el Plan Nacional de Desarrollo.
El otro fuerte candidato a pujar por este mercado es Celsia, que al igual que todos los interesados ha podido determinar que los mejores indicadores y opciones están en este segmento, ya que su atractivo no solo lo da el hecho de tener el 65 por ciento del sector hotelero y turístico de la región Caribe, sino el movimiento industrial, comercial y residencial.
En cuanto a los otros tres potenciales oferentes (Empresa de Energía de Pereira, del empresario Alberto Ríos; el empresario William Vélez y Energías de Portugal (controlada por inversionistas chinos), todavía no es clara la forma como participarían y apalancarían las millonarias inversiones.
Sin embargo, la superintendente Natasha Avendaño indicó que los seis precalificados han seguido participando en el proceso, y “varios de ellos están muy jugados” en el tema.
Y, aunque otros observadores ven una alta posibilidad de que por Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) no haya interesados, la fuente del Gobierno consultada recalcó que en las cuentas oficiales sigue habiendo al menos un interesado y que incluso podría realizar una oferta por los dos mercados.
“Todos los pasos se han dado para garantizar el éxito de la transacción”, señala la funcionaria, quien reconoce que hay un grado de incertidumbre, que es normal en este tipo de procesos.
Por ello, según la fuente consultada “se han mirado mil opciones”, y en caso de que no llegue ningún sobre por Caribe Sol, el servicio se seguirá prestando a través del Fondo Empresarial de la Superservicios, con dineros del presupuesto.
Esto porque los recursos del recaudo de la sobretasa para estratos cuatro, cinco y seis de todo el país no alcanzan.
Pero es claro que dicho apoyo, avalado por el Ministerio de Hacienda, solo se dará por la vigencia del 2020, dadas las restricciones fiscales del Gobierno.
Por ello, según otras fuentes del mercado eléctrico, una de las opciones de ese plan C que se pueden barajar es que, con alguno de los interesados en la subasta o con otros agentes del mercado de distribución y comercialización de energía eléctrica, y garantizando la prestación del servicio a los usuarios, el Gobierno contrate la operación del mercado pagándole un ingreso fijo a dicha firma, medida bajo la cual los aportes de recursos se dividirían entre el Gobierno y la firma operadora.
Uno de los ajustes recientes en el reglamento de venta de Electricaribe tiene que ver con las facultades que se reservará el Ministerio de Hacienda.
Para ello se incluyó una “acción especial” –un título valor que suscribirá el Ministerio de Hacienda por tres años– que le dará derecho a vetar cualquier decisión restringida y la transferencia de acciones en el capital de Caribe Mar, Caribe Sol o Nueva Caribe, así como a revisar los libros y papeles de estas sociedades.
Bajo esta cláusula, el ministerio también podrá votar en cualquier reunión de la asamblea de accionistas, según sea el caso, en la que se someta a consideración la escisión de la sociedad.
Según la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, la última adenda tiene precisiones sobre las garantías de energía para que, cuando se transfieran las acciones, se asegure la continuidad del servicio.
Igualmente, el pasado 16 de enero el Departamento Nacional de Planeación expidió el decreto que determina las condiciones para que la nación asuma el pasivo pensional de Electricaribe y para subrogar las obligaciones posteriores a la toma de posesión.
Y se espera que la próxima semana, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expida la resolución tarifaria transitoria para estos mercados.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios – EL TIEMPO
En Twitter: @omarahu
