Un llamado de atención al Gobierno, para que la misma institucionalidad que se creó en torno a la infraestructura vial se vea en las entidades relacionadas con los puertos y aeropuertos del país, hizo el sector de la ingeniería.
La semana pasada, en el XIII Congreso Nacional de la Infraestructura, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, dijo que es un asunto perentorio revisar la institucionalidad que resulta confusa para los actores del sector. (Lea también: Hacer 65 proyectos pos-4G, la nueva apuesta nacional)
“Existe en estos dos sectores una suerte de maraña institucional que termina por duplicar las funciones de planeación, gestión contractual, supervisión, vigilancia y sanción. Aquí, la interlocución entre el Estado y los privados resulta engorrosa, y se hace inevitable acudir a múltiples instancias. El enredo institucional deriva, incluso, en que los puertos y los aeropuertos concesionados sean objeto de exigencias que no están contractualmente definidas”, advirtió.
Prueba de ello, según la CCI, es que la Aeronáutica Civil (Aerocivil), la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) manejan simultáneamente facultades sancionatorias.
Además, para la planeación de la infraestructura de las terminales aéreas, la Aerocivil establece las condiciones técnicas y operacionales de los proyectos, mientras que la ANI se ocupa de la viabilidad financiera de los mismos.
Lupa a contratosY si bien desde el alto Gobierno se ha hecho seguimiento al cumplimiento de los proyectos adjudicados hace varios años, la CCI consideró indispensable que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fortalezca su gestión contractual. “Se hace perentorio que cada proyecto cuente con la atención de un equipo exclusivo y especializado. Hoy la responsabilidad de supervisión se diluye entre pocos funcionarios sin capacidad decisoria, inmersos todos ellos en un sinnúmero de proyectos”, dijo.
El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, reconoce que Colombia es muy propenso a que las entidades a cargo de la contratación sean débiles y tengan infiltración de la politiquería y la corrupción. (Además: Plan maestro para descongestionar los accesos a las ciudades)
Además del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), señala que, por ejemplo, en Cormagdalena, tras una simple revisión luego de dos semanas al frente de la entidad, se vio que de 45 contratos de concesión otorgados para el río Magdalena, menos de la mitad han puesto una piedra y son contratos muertos.
Por eso, dice que para tener una buena gestión contractual hay que mejorar los equipos de trabajo, blindar los procesos de decisión de la corrupción (como se viene haciendo) y buscar integrarse con las demás entidades estatales.
En la ANI, en los últimos dos años se obtuvieron 235 licencias y permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), 172 del Ministerio de Ambiente; en las CAR se lograron 726 permisos y 678 autorizaciones se gestionaron ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).
En relación con las sanciones a contratistas, la ANI ha iniciado 113 procesos, de los cuales 67 se resolvieron en la etapa de cura, y 46 están en curso.
Asimismo, se han abierto 76 procesos sancionatorios y 45 fueron cerrados. A la fecha solo hay tres sanciones, las cuales “son importantes para que el sistema tenga credibilidad”, y hay 26 más en proceso.
CARTAGENA
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