Aunque el período del segundo mandato del presidente Santos finaliza el próximo lunes 6 de agosto, la premura del Ejecutivo saliente en diferentes frentes le ha generado fuertes críticas e inquietudes, no solo externas sino en el seno del propio Gobierno.
A los reparos del sector empresarial por los efectos de la llamada Línea Negra en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta se han sumado comentarios y dudas del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Tierras por la reglamentación para ampliar las zonas ancestrales.
Recientemente, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, señaló en carta al ministro del Interior, Rodrigo Rivera, que si bien un avance muestra la concertación con los indígenas, no se está incluyendo una revisión de los impactos económicos y sociales, en consonancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Arce solicitó los insumos que se tuvieron en cuenta para elaborar la norma y no ocultó su preocupación por la ambigüedad de las medidas para la política energética, por lo que advirtió que “(…) esta situación impide tener claridad sobre las reglas de juego bajo las cuales se podrán desarrollar las actividades del sector en este territorio y, por lo tanto, crea una situación de inseguridad jurídica que un decreto como este debería por el contrario mitigar”.
Al respecto, la Agencia Nacional de Tierras, a través de Nubia Elena Pacheco, directora de Asuntos Étnicos, advirtió que se debe delimitar con claridad el polígono porque se generarían conflictos territoriales con población no étnica que tiene propiedad privada y conflictos de competencia entre entidades públicas.
También pidió aclarar la diferencia entre territorios colectivos y bienes de uso público, como las fuentes hídricas.
Entre tanto, ayer se dio la alerta de gremios y alcaldes por la intención (frenada a última hora) de acelerar la publicación de la ‘Guía metodológica’ del protocolo de protesta.
En cuatro cartas, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y los alcaldes de las principales ciudades criticaron la forma de proceder.
En la misiva de la ACP, su presidente, Francisco José Lloreda, llamó la atención porque el 27 de julio, en la noche, el Ministerio del Interior publicó para comentarios la nueva versión del protocolo, con la definición de dicha guía, con plazo de comentarios hasta el 3 de agosto, pero intempestivamente, el 30 de julio, se cambió el plazo para el 31 de julio, hecho que coincidió con una invitación a la firma protocolaria horas antes de finalizar el plazo para los comentarios.
“La regulación está definida, y la última solicitud de observaciones solo era una simple formalidad”, agregó en la carta.
El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, señaló que un protocolo debe recoger lo que ya existe en las disposiciones legales y no puede ir más allá. “Es por lo anterior por lo que preocupan la creación de nuevas instancias, la asignación de funciones a los entes territoriales, la Fuerza Pública, la Policía Nacional e, incluso, a la sociedad civil, donde se desconocen las funciones propias de las instituciones que conforman el Estado”, asegura Bedoya en la misiva.
En otra carta, los alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa; de Medellín, Federico Gutiérrez; de Cali, Maurice Armitage; de Barranquilla, Alejandro Char; de Valledupar, Wílmar Barbosa, y de Montería, Marcos Pineda, cuestionaron la idea de expedir la norma sin la debida socialización y señalaron que si bien el protocolo señala que las mesas son facultativas, se crean obligaciones específicas para las autoridades de las entidades territoriales.
Por ello urgieron al Ministerio del Interior instaurar, cuanto antes, una mesa de trabajo en donde se cuente con la participación de los organismos del Estado, la ciudadanía, los diferentes gremios y los grupos de interés.
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