Críticas al Gobierno por afán sobre normas para la protesta social

Críticas al Gobierno por afán sobre normas para la protesta social

Tres sectores dicen que en tiempo exprés se quiere expedir una resolución. Piden ley estatutaria.

Protesta

Los gremios están cuestionando la precipitud del Gobierno para dejar listas varias normas sin tiempo para que los sectores productivos puedan hacer comentarios.

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Juan Pablo Rueda

31 de julio 2018 , 03:57 p.m.

Así como está ocurriendo con la llamada ‘Línea Negra’ que reglamentará el Gobierno para ampliar los territorios ancestrales en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Ejecutivo está pisando el acelerador más de lo previsto, para dejar expedidas, en tiempo exprés, normas que llevan varios meses en preparación y que no han sido puestas a consultas del público en general.

La más reciente tiene que ver con la publicación de la llamada Guía Metodológica del denominado protocolo de protesta, cuya premura para expedir fue advertida y controvertida por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

EL TIEMPO conoció las tres cartas que estas agremiaciones le enviaron al ministro del Interior, Guillermo Rivera, en la que, por ejemplo, el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, explica que el viernes 27 de julio, en la noche, el Ministerio publicó para comentarios la nueva versión del protocolo, con la definición de dicha guía, con plazo de comentarios hasta el 3 de agosto (una semana), pero intempestivamente ayer, 30 de julio, se cambió para el 31 de julio, hecho que prácticamente coincidió con una invitación a la firma protocolaria de la guía, en la tarde del 31 de julio, horas antes de finalizar el plazo que fue reducido, para los comentarios.

Al recordarle a Rivera las reservas que varios gremios tienen, así las inquietudes de los Ministerios de Minas y de Defensa sobre el tema, Lloreda advierte que “no se trata de una compilación jurisprudencial, sino, de una decisión deliberada para que prevalezcan los derechos de los manifestantes sobre los de los ciudadanos que no participan en las protestas. Y el expedir la “guía” mañana, mediante resolución, antes de vencer el plazo para comentarios, prueba que la regulación está definida y que la última solicitud de observaciones no era más que una simple formalidad para tratar de validar un proceso.

Más inconformidad

Por su parte, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, también en una carta enviada a Rivera hoy, 31 de julio, señaló que en la agremiación a su cargo se cree que un protocolo debe recoger lo que ya existe en las disposiciones legales y no puede ir más allá de lo establecido por las normas.

“Es por lo anterior, que preocupa la creación de nuevas instancias, la asignación de funciones a los entes territoriales, la Fuerza Pública, la Policía Nacional e incluso a la sociedad civil, en donde se desconocen las funciones propias de las instituciones que conforman el Estado”, asegura Bedoya en la misiva.

Y agrega que por ello se ha sugerido evaluar cómo la nueva arquitectura institucional limita la autonomía de los Alcaldes y Gobernadores, genera nuevas reglas de juego alrededor de la protesta pacífica, y además se desconoce el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que estableció que la expedición de normas relacionadas con este tema, es de reserva de una ley Estatutaria y debe ser discutida en el Congreso de la República.

Y la Asociación Colombiana de Minería, en cabeza de su presidente, Santiago Ángel, advierte que se está desconociendo la sentencia C-223 del 2017, que declaró inconstitucionales los artículos sobre protesta social contenidos en el Códido de Policía, “por cuanto la Corte Constitucional determinó la reserva de Ley Estatutaria que debería tener la regulación de derechos y deberes fundamentales”.

Al lamentar que se estén desconociendo y transgrediendo los principios del derecho administrativo, en un acto administrativo promueve la polarización y la conflictividad en aspecto que podrían haberse abordado de manera íntegra, Ángel reiteró que darle una amplia discusión al tema a través de un proyecto de ley estatutaria.

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