Luego de varias semanas de discusiones entre la Superintendencia de Notariado y los gremios inmobiliarios, la entidad expidió este jueves las nuevas tarifas para trámites de registro, que regirán a partir del próximo lunes 23 de enero.
De este modo, para aquellas personas interesadas en comprar un local, una vivienda o cualquier bien inmueble, los trámites de registro ya no serán cobrados con el 5 x 1.000 estándar, sino que su monto por pagar estará basado en el precio del mismo bien.
Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, destacó que “esto es un beneficio más para el ciudadano de menores ingresos que va a comprar su vivienda”, si se tiene en cuenta que aquellas de interés social y prioritario fueron las únicas favorecidas con esta medida: su tarifa quedó en 4,7 x 1.000.
No obstante esta medida, los ajustes dejaron un sinsabor debido a que la resolución inicial –que salió en septiembre pasado– tuvo que ser ‘reversada’ luego de que gremios del sector denunciaron “aumentos desproporcionados” en los precios.
Y es que esta política, que debía estar lista el 1.° de enero del 2017, tardó tres semanas más en ser implementada, por cuenta de algunos aumentos con errores, que el mismo Vélez reconoció que habían detectado y que, según la Lonja de Bogotá, llegaban hasta el 70 por ciento.
Andrés Mantilla, presidente ejecutivo de esta última, dijo que “mientras el salario mínimo aumentó siete por ciento, las tarifas tuvieron un aumento exponencial, lo que al final hubiera desestimulado la formalización de títulos de propiedad y la actividad inmobiliaria en general”.
En esta misma línea se pronunció María Clara Luque, presidenta de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas). Afirmó que “estos trámites generan una carga adicional al costo de la compra de inmuebles y pueden ser un obstáculo a la hora de adquirir, por ejemplo, una vivienda de interés social”, por lo cual destacó los reajustes.
El tema va más allá y resuelve la inequidad con que todavía cuentan estos trámites, porque actualmente se mide con el mismo rasero a una persona con capacidad para comprar un apartamento de más de 300 millones de pesos y a otra que solo puede destinarle 50 millones.
La resolución golpea, entonces, a viviendas de precios altos, aspecto que desde Fedelonjas tampoco ven como grave, por la buena capacidad adquisitiva que tienen estos hogares.
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