De un tiempo para acá, Daihanna Mosquera se acostumbró a leer las noticias relacionadas con la economía porque ya comprobó que le conciernen en carne propia.
De hecho, cuando el viernes supo de la mala cifra de crecimiento durante el primer trimestre del año, entendió a qué se referían los analistas que por las redes sociales hablaron de la confirmación de una crisis más profunda de lo que se pensaba.
Hace apenas un par de semanas, su jefe le informó que no le quedaba otra salida que despedirla, pues la situación de la ferretería en la que trabajaba venía siendo difícil desde que se vio obligada a cerrar sus puertas tan pronto comenzó la cuarentena. “Ese día que me llamó salimos seis”, cuenta.
Casos como el de esta asistente administrativa, graduada del Sena en Armenia, abundan ahora en Colombia.
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De acuerdo con el Dane, la población desocupada creció en 1,6 millones de personas en marzo y los especialistas anticipan que los datos de abril y mayo serán mucho peores, pues las liquidaciones de personal continúan.
“La liquidez de las empresas es precaria y, sin desconocer las ayudas oficiales o los créditos reprogramados, a muchos se les comienza a acabar la gasolina”, afirma Julián Domínguez, presidente de Confecámaras.
Tampoco ha salido indemne Elizabeth Reyes (su nombre verdadero es otro), quien a punta de ofrecer servicios de belleza a domicilio había logrado una clientela estable que le generaba ingresos cercanos a los dos millones de pesos mensuales.
El confinamiento la mantuvo cinco semanas en su casa sin obtener un peso, aparte de las ayudas que recibió de un puñado de personas, hasta que ya no pudo más. A pesar de las restricciones empezó a salir a la calle desde finales de abril, con el temor de que la detuviera la policía.
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Ahora usa “un traje de astronauta” cada vez que entra a una casa, con el fin de minimizar el riesgo de ser transmisora del covid-19 y así tranquilizar a las personas que atiende, pero todavía el volumen de trabajo es poco. Un día bueno le deja 70.000 pesos, aunque son muchos más los malos. “Esto es algo que jamás pensé llegar a vivir”, dice.
La liquidez de las empresas es precaria y, sin desconocer las ayudas oficiales o los créditos reprogramados, a muchos se les comienza a acabar la gasolina
Los ejemplos de arriba le ponen cara a una situación que solo puede describirse como dramática. Sin desconocer la necesidad de medidas drásticas para evitar una espiral de contagios que probablemente habría sobrepasado con creces la capacidad de los servicios hospitalarios en múltiples ciudades y capitales del país, con el correr del calendario empieza a quedar claro el inmenso costo social del aislamiento obligatorio.
Y es que aparte del desempleo, que podría superar con facilidad el 25 por ciento, empieza a verse una desmejora en la calidad de vida de aquellos que todavía logran desempeñar su oficio.
La mala situación golpea tanto a los trabajadores formales como a los informales, sobre todo en la medida que un número importante de actividades no puede operar y tampoco cuenta con un horizonte definido de reapertura.
Incluso en aquellos renglones a los cuales se les levantaron las restricciones, el despertar ha sido lento. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hasta el 14 de mayo un total de 45.113 firmas pertenecientes a los segmentos de manufactura, comercio y servicios habían sido habilitadas para funcionar en las principales ciudades del país.
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El número es alto, pero es todavía una proporción minoritaria del total. Según las cámaras de comercio, las compañías que se desempeñan en esas mismas categorías ascienden a 331.283 a nivel nacional. Puede ser que las bases de comparación sean distintas, pero aun si se toman en cuenta las posibles omisiones, falta mucho para decir que la situación se ha normalizado.
Lo anterior no incluye a aquellas áreas en donde todavía reina la incertidumbre. Hoteles, cafeterías, empresas de transporte aéreo o terrestre, al igual que las entidades educativas en todos los niveles de enseñanza, permanecen en el limbo.
Para algunos, a decir verdad, es demasiado tarde. Según el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Guillermo Gómez, ya se han cerrado 22.000 restaurantes, mientras los demás no saben qué futuro les espera.
A pesar de las urgencias de tantos, sigue prevaleciendo el punto de vista según el cual hay que soltar la cuerda con mucha prudencia, para que no salgan a la calle tantas personas.
Así a Colombia le haya ido mejor que a la gran mayoría de sus pares en América Latina, se encienden luces de alarma por la aparición de focos en municipios como Leticia y Cartagena.
Sin embargo, optar por la senda de la cautela en exceso no elimina las consecuencias indeseables en otros frentes.
Así lo revela un documento elaborado por docentes vinculados al Observatorio de Coyuntura Económica y Social del Cede en la Universidad de los Andes, según el cual la caída en los ingresos de los hogares podría llegar a elevar la pobreza en Colombia hasta en 15 puntos porcentuales para finales de este año.
Semejante retroceso sería una verdadera tragedia. Al comenzar el siglo XXI, la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza monetaria equivalía a casi la mitad: 49,7 por ciento.
Década y media más tarde, esa razón había descendido a cerca de uno de cada cuatro ciudadanos: 27 por ciento en 2018. Puesto de otra manera, en apenas 16 años Colombia experimentó el avance social más notorio de toda su historia.
De manera paralela, el tamaño de la clase media se duplicó en el mismo lapso, a un ritmo muy superior al de América Latina, en donde la expansión llegó al 50 por ciento. Dicha transformación explica, entre otros, el auge del consumo de los hogares, que se consolidó como el principal motor de la economía en los últimos tiempos.
Si bien las mejoras fueron destacables y el empleo formal aumentó, desde tiempo atrás se había advertido sobre una alta proporción de ocupados en la informalidad y en especial de trabajadores por cuenta propia, lo cual los hace más propensos a sufrir un deterioro en las actuales circunstancias.
Como lo demuestra el profesor de la Facultad de Economía de Uniandes, Andrés Álvarez, uno de los autores del trabajo referido, las fuentes de ingreso de este último grupo de personas dependen mayoritariamente de los sectores golpeados por la crisis actual, comenzando por las firmas de menor tamaño.
Dicho en forma esquemática, el grueso de damnificados estaría en el equivalente del estrato tres. El estimativo de los Andes dice que 7,3 millones de personas –unos dos millones de familias– que en 2019 se encontraban dentro del grupo de los vulnerables o de la clase media, pasarían a engrosar las filas de los pobres.
En términos prácticos, el país volvería a indicadores parecidos a los registrados en 2005, cuando el índice de pobreza se ubicó en 45 por ciento. Las cosas pueden no salir tan mal si la reactivación se da más temprano que tarde. Para que eso suceda, “hay que reabrir la economía más rápido, de manera inteligente frente a la pandemia”, anota Álvarez. Aun así, la pobreza subiría siete puntos porcentuales.
Esa perspectiva se suma a la advertencia hecha por tres técnicos del Fondo Monetario Internacional, quienes examinaron las repercusiones que otras pandemias recientes tuvieron en aquellos lugares donde más se sintieron.
La lista de males abarcó desde el síndrome de deficiencia respiratoria aguda de 2003 hasta el zika en 2016, pasando por la gripa H1N1 de 2009 o el ébola en 2014.
La conclusión de los expertos es que este tipo de eventos catastróficos castiga con mucha mayor dureza a quienes están en la mitad de abajo de la pirámide de ingresos.
El motivo es que “el empleo de quienes cuentan con niveles de educación avanzados casi no se ve afectado, mientras que el de quienes han alcanzado un nivel básico se reduce considerablemente”.
En conclusión, no solo habrá más pobres, sino que los pobres actuales estarán todavía peor.
Como si lo anterior no fuera suficientemente preocupante, lo más factible es que la desigualdad en Colombia vuelva a aumentar y que ese incremento sea considerable.
El cálculo de Andrés Álvarez es que la participación del 10 por ciento más rico en el ingreso nacional subiría al 46 por ciento este año –un avance de más de cinco puntos–, mientras que la del 50 por ciento más pobre caería en proporción parecida, al 12 por ciento. Esto se debería a que las clases menos afectadas directamente por la crisis serían las de mayores ingresos.
Tanto el alto desempleo como el incremento en la oferta laboral se combinarán para que en conjunto la mitad de los colombianos que menos ganan vean reducida aún más su tajada.
Debido a ello, el coeficiente Gini, que mide la disparidad en el ingreso, volvería a subir al punto en el que estaba al arrancar el siglo, cuando nos ubicábamos en los peores lugares en la región, a la par de Brasil en lo que atañe a inequidad.
En concepto de Leopoldo Fergusson, también vinculado a los Andes, “incluso si existieran programas efectivos para proteger a los pobres, subiría la desigualdad”.
Un deterioro de esa magnitud es indeseable por múltiples razones, tanto éticas como de estabilidad política, social o del clima de seguridad. Después de haber alcanzado los niveles de bienestar más altos de su historia, el retroceso podría llevar al país a un círculo vicioso que podría incluir más inestabilidad en todos los terrenos y un aumento en la violencia.
Dicha perspectiva merecería un debate para que no se pierda el terreno ganado y se adopten correctivos a tiempo. Ello obliga a tomar el toro por los cuernos y a hablar de reformas, una obligación que quedó relegada a segundo plano por la emergencia. Ninguna propuesta de las que podrían estar sobre la mesa es de fácil aceptación, pero la peor opción de todas es cruzarse de brazos.
Al respecto, los académicos como Fergusson señalan que el remedio es conocido: cobrarles impuestos a los que tienen más, para darles recursos a los que tienen menos.
Ello implica una reforma tributaria estructural que parta del principio de la progresividad y se concentre en las personas naturales. “Hay que nivelar la cancha”, sostiene el profesor.
Los recaudos servirían para apoyar a los más vulnerables y, de paso, ayudarían a cerrar la inmensa brecha fiscal que se abrirá en 2020. Tampoco sobraría acabar con tantas exenciones y deducciones en el sector empresarial, por cuenta de las cuales hay firmas que contribuyen poco junto a otras que pagan mucho.
La lista no termina ahí. El generoso esquema de subsidios a las pensiones altas merece ser revisado, junto a una serie de gastos estatales de dudosa efectividad. En el mejor de los casos podría llegarse al diseño de una renta básica universal, que serviría para amortiguar el golpe que dejará la recesión económica.
Volver realidad esos objetivos exige liderazgo y la capacidad de construir consensos desde la propia Casa de Nariño. Dada la agitación en los meses anteriores a la aparición del coronavirus, no es un desafío menor sentar a los antagonistas de antes junto con el Gobierno y la sociedad civil, para llegar a un propósito común.
Si ese no es el caso, todo apunta hacia un escenario más oscuro. Personas como Dahianna Mosquera o Elizabeth Reyes podrían tardar años –o no regresar nunca– para volver a donde estaban en febrero.
No deja de sonar cruel que tras el descomunal sacrificio hecho para contener la pandemia, el resultado lleve a una Colombia con mucha más pobreza y más desigualdad. Qué gran ironía sería que el esfuerzo de salvar vidas concluya en que la sensación de progreso relativo de antes sea remplazada por una permanente de malvivir.
RICARDO ÁVILA PINTO
Analista Sénior - Especial para EL TIEMPO
En Twitter: @ravilapinto
