Nueva controversia en el Gobierno por aportes a salud de pensionados

Nueva controversia en el Gobierno por aportes a salud de pensionados

Mintrabajo dice que elaboran propuesta para aplicar beneficio; Minhacienda alerta sobre alto costo.

Pensiones

El tema entra a discusión en los próximos días en el Congreso de la República.

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Jaime Moreno/Archivo EL TIEMPO

Por: PORTAFOLIO
12 de junio 2019 , 02:51 p.m.

Las discusiones acerca del tema pensional, en este caso de cotizaciones de los jubilados, habrían generado una nueva puja dentro del Gobierno.

El debate, que ‘enfrenta’ de manera privada a los ministerios de Hacienda y Trabajo, se centra en la posible reducción de los aportes a salud que hacen los pensionados de Colombia.

La idea no es nueva. De hecho, desde el gobierno anterior, el Congreso tramitó una ley para darle vía libre a que los jubilados no pagaran 12% de su pensión en aportes a salud, sino el 4%.

El proyecto fue aprobado en su totalidad, pero el entonces presidente Juan Manuel Santos lo rechazó y dejó en manos de la Corte Constitucional la palabra final. Este tribunal le dio la razón al exmandatario, ya que la ley fue tramitada sin el debido aval del Ministerio de Hacienda, que argumentó que su costo fiscal no podía ser asumido por el Ejecutivo.

Ahora, el frente económico y fiscal vuelve a ser el punto de la controversia dentro del Gobierno. Por un lado, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, señaló a comienzos de año que el Gobierno está estudiando el método para hacer realidad esta reducción de aportes.

“El presidente Iván Duque ha dicho que sería mejor reducir este aporte gradualmente y, así mismo, tener en cuenta los salarios más bajos y de ahí ir subiendo; es un tema que no se cumplió y se había prometido en el 2013”, señaló Arango, en su momento.

Incluso, la actual administración aseguró ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que buscará llevar a buen puerto esta iniciativa, como parte de uno de los compromisos durante el debate del salario mínimo, que se dio a finales del año pasado.

De forma paralela a esta discusión, en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley con el mismo fin, el cual acaba de ser aprobado en primer trámite, con lo cual su discusión continuará a partir del 20 de julio, momento en el cual los debates estarán para alquilar balcón. El proyecto solo cuenta con un artículo, que inicialmente reducía de tajo la cotización a salud de los pensionados, del 12% al 4%.

No obstante, durante su aprobación, se estableció que el cambio solo aplicaría para quienes reciben mesadas de máximo $4,1 millones, además que la reducción de sus aportes se haría de manera progresiva.

Visto negativo

De este modo, según se lee en el proyecto aprobado en primer debate, tras el primer año de entrada en vigencia de la ley, se reducirá el monto de cotización al 10%, en el segundo pasará a ser de 8%, en el tercero a 6% y, por último, cuatro años después de sancionada, el aporte será de 4% de la mesada.

Esto, por un lado, les cierra la puerta a darles beneficios a quienes reciben megapensiones, y, por el otro, iría en la misma línea de lo propuesto a comienzos de año, de que se disminuyan los costos para los jubilados de manera gradual.

Y aunque estos cambios apenas fueron introducidos a última hora, meses atrás, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, emitió un concepto negativo al proyecto de ley, argumentando que su impacto fiscal superaría la posibilidad que tiene el Estado de cubrir dicho gasto adicional.

“La cotización para salud a cargo de las administradoras de pensiones, de que trata el proyecto de ley bajo estudio, implicaría un costo anual de $3,4 billones, para los pensionados ya existentes, cuya carga de cotización por fondo sería asumida, así: Colpensiones, $1,6 billones, Fondo de Pensiones Públicas (Fopep), $643.000 millones; Fonpet, $130.000 millones; Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), $431.000 millones; y, Fuerzas Militares, $308.000 millones”.

Además, en los cálculos hechos por Hacienda, llevados a la próxima década e incluyendo allí las diversas alzas que se hacen cada año, al país le costaría más de $27 billones reducir estos aportes, “suponiendo una rentabilidad de 3,5% y el número de pensionados constante”.

Vale señalar que estas cifras corresponden a la idea inicial radicada de reducir de manera inmediata la cotización de los pensionados, pero no determina el cambio hecho por los congresistas en el último minuto.

A pesar de esto, según conocedores del tema, el costo fiscal a largo plazo sería el mismo, aunque ya no se daría en los próximos 10 años, sino en un tiempo mayor. La decisión final la tendrán las carteras de Trabajo y Hacienda, de cara a la propuesta de reforma a la protección de la vejez, que presentarán a final de año.

PORTAFOLIO

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