El Gobierno radicó en la noche de este lunes en el Congreso la ponencia del proyecto de reforma tributaria, cuyas discusiones se inician este martes en las plenarias tanto de Cámara como de Senado.
Según Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, el documento no tiene muchos cambios respecto a lo aprobado en el primer debate en las comisiones terceras de la Cámara.
En la ponencia quedó descartada la iniciativa que pretendía gravar el gas, algo que generó rechazo entre los empresarios.
Aunque esta es una buena noticia para los industriales, será uno de los pocos cambios de fondo que les traiga esta reforma, pues en la ponencia radicada anoche no hay grandes modificaciones.
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El impuesto de renta se ratificó que será del 34 por ciento para el 2016 y del 33 para el siguiente año, a lo que se suma una renta presuntiva del 3,5 por ciento y no del 4 por ciento, como lo buscaba el Gobierno.
El impuesto para las bolsas plásticas será de 20 pesos para el 2017 y prevé incrementos anuales de 10 pesos hasta llegar a una tarifa de 50 pesos por bolsa.
El IVA a la venta de vivienda nueva aplicará para aquellas superiores a los 800 millones de pesos.
En renta de persona natural, las tablas quedaron iguales, pero se establecieron unas exenciones hasta del 40 por ciento por cuentas AFC y medicina prepagada, entre otros.
También se dejó intacto el impuesto del 10 por ciento para los dividendos de personas naturales colombianas y del 5 por ciento para los inversionistas extranjeros.
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En esta iniciativa tampoco se hizo mención al impuesto de las bebidas azucaradas, pero los representantes Óscar Ospina, Víctor Javier Correa y Jaime Serrano radicaron una proposición aditiva al proyecto de reforma, en la que se revive dicho impuesto.
Al momento de radicar la ponencia, el ministro Cárdenas insistió en que este es un proyecto que le permitirá al país seguir avanzando con los recursos que se requieren para la política social. Pero el mensaje también fue para los empresarios colombianos, en el sentido de que se han buscado fórmulas para que el país tenga más inversión y empleo.
La discusión del proyecto se da en medio de voces que reclaman para que su carga de impuestos no aumente tanto y aún aspiran a ser escuchadas en este debate final.
Además de los pronunciamientos de gremios y sectores económicos que se declaran afectados con las medidas, continúan surgiendo estudios que señalan lo clave que es para el país que los recursos públicos se manejen de manera eficiente y transparente.
En ese contexto, la Red de Justicia Tributaria realizó un estudio que concluye que el gasto público que hace el país (29,4 por ciento) es casi tan bajo como el de Haití (25,2 por ciento del PIB) y no es efectivo, pues su impacto en la población es escaso.
“El Estado no gasta mucho en la economía; el 57 por ciento se lo gasta el Gobierno, por lo tanto, los recursos no alcanzan para fomentar la equidad”, expresa Mario Valencia, uno de los autores del estudio.
Cabe recordar que en el proyecto de reforma tributaria se incluyó la propuesta de crear una comisión de expertos para que analice a fondo el gasto público y la inversión.
Dicha comisión, según el proyecto tributario, pondrá el foco en temas como “los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales (pago de pensiones y deuda) y las rentas de destinación específica”.
El análisis tendrá que ponerse en una balanza para saber “qué tantos efectos tiene el gasto público sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto”, agrega el proyecto.
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Desde ya, la Red de Justicia Tributaria destaca que “la mayor parte del gasto en el país se va en pagar el servicio de la deuda”.
El promedio de esta destinación, entre el 2010 y el 2014, es del 25 por ciento del Presupuesto General de la Nación, lo que, al decir de Valencia, no tendría nada reprochable si la deuda se adquiriera para promover actividades productivas.
Sin embargo, la plata pública, según el vocero de la Red, “se va en gastos corrientes: pago de vehículos, edificios, publicidad y burocracia, mientras se sacrifica la inversión”.
Al respecto, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, expresó que “así como la reforma implica un esfuerzo duro para el bolsillo de los colombianos, las recomendaciones para mejorar la calidad del gasto público serán bienvenidas”.
El Consejo Gremial, que reúne a los 21 gremios de industrias más grandes del país, realizó un pronunciamiento en la recta final de la reforma tributaria, luego de que los ponentes del proyecto dejaron en 32 y no en 33 por ciento su carga tributaria total.
“La reforma debe servir como impulsora de la economía. Aumentar la carga impositiva de las empresas para los años 2017 y 2018 llevaría a empeorar la situación”, dijo el gremio, que también abogó por mejorar la calidad del gasto público.
Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), el país necesita ponerle orden al gasto público y para ello se “requiere de una reforma constitucional urgente, donde todos los gobiernos que presentan un proyecto de gasto tienen que saber si cuentan con los recursos para financiarlo. Incluso, el presupuesto (de la Nación) solo se aprueba si se sabe de dónde vienen los recursos”.
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Gas natural se salvó de pagar impuestoLas protestas y el rechazo que expresaron no solo el sector del gas natural, sino también los empresarios en general, ante la posibilidad de que este combustible quedara gravado -en igualdad de condiciones respecto a los demás combustibles fósiles contaminantes-, fue atendida y se excluyó de la ponencia de la reforma tributaria estructural.
De haberse incluido, significaba un impuesto del 5 por ciento al gas natural, lo que preocupó al sector empresarial por el alto costo que eso traería.
La Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgás) dijo que el gas natural es considerado a nivel mundial como el combustible de transición hacia una economía más verde y que debe pagar impuesto junto con los otros combustibles fósiles, de forma proporcional, de acuerdo a su impacto en emisiones CO2”.
La Andi señaló que el impuesto afectaría a las empresas, ya que subiría sus costos, por lo que pidió excluir el gas con destino al sector de generación eléctrica y al consumo industrial.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
