Favorecimiento a grandes empresas depositarias de propiedades confiscadas, es una de las irregularidades que halló la Contraloría General, tras realizar una actuación especial a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Así, el contrato de arrendamiento de 2013, que fue entregado por la Dirección Nacional de Estupefacientes a la empresa cementera Cemex, solo cuesta un millón de pesos mensuales, menos que un arrendamiento en un barrio de clase media en Bogotá. Solo que, este inmueble no tiene 50 metros cuadrados. Se trata de un predio de 422 hectáreas que cuenta con infraestructura de exploración y explotación minera, así como los derechos de explotación de un título minero.
El efecto económico, de acuerdo con la Contraloría, es el menoscabo de recursos del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), que es administrado por la SAE.
Según la actuación especial del organismo de control, "otro de los casos donde se evidencia las consecuencias de la falta de información de la entidad, se detectó en el manejo de divisas en efectivo, pues conforme a las pruebas realizadas por la Contraloría, no se llevan de manera adecuada los registros de constitución de depósitos de las sumas incautadas, de manera tal que algunos de ellos figuran por sumas inferiores a las que en efecto custodia el Banco de la República".
Como casos concretos, la entidad de control revela carencia total de información alrededor de la sociedad Serfinanco y su establecimiento de comercio, incautados desde el año 1996, pero extinguidos en favor del Estado desde 2011. Hasta el sol de hoy no se ha relacionado en el inventario de entrega de la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE a SAE.
La Contraloría establece además que, "se probó que la entidad administradora del Frisco desconoce más del 50 por ciento de las sentencias donde los jueces de conocimiento han declarado la extinción de dominio definitiva en favor del Fondo, situación que impide adoptar medidas de disposición definitiva sobre activos que ya se encuentran en cabeza del Estado".
Una de las conclusiones de la actuación de control es que hay deficientes labores de administración por parte de SAE, "lo que ha llevado a que algunos inmuebles incautados estén ocupados por familiares de sus antiguos propietarios, sin que exista evidencia de acciones por parte de SAE para recuperar la tenencia de los mismos".
Las inconsistencias llegan al punto de que, "no se tiene certeza sobre la ubicación de algunos vehículos con sentencia de extinción, que según registros deberían estar bajo el cuidado de diversas dependencias estatales".
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